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Y el Impuesto a la Desigualdad

Por Carlos OROZCO SANTILLÁN

La reforma hacendaria del presidente Peña Nieto evidencia tener como propósito inicial “tantear” las diversas reacciones para luego operar los consensos. Ello explica la ausencia en su discurso de otros temas de alta sensibilidad derivados de un ejercicio gubernamental en el que se gasta más de lo que se crece económicamente por un lado, y por otro una galopante corrupción, impunidad, opacidad, dispendio en la función pública en la que se distinguen los salarios para la alta burocracia equiparables o mayores incluso que los que perciben ministros o jefes de estado en países más desarrollados.

Variables que combinadas, es decir, entretejidas por intereses, han acentuado la insultante desigualdad que distingue a nuestro sistema económico y de producción social en el concierto internacional. Y en el que, por cierto ante cada medida para disminuir ese flagelo los primeros en cuestionar cualquier avance son los beneficiarios de siempre en medio abismal que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia.

No obstante, frente a una política descarnadamente recaudatoria las voces que señalan la agresividad institucional ante la ausencia de autoridad moral se basa en ese histórico devenir en que la clase media y los trabajadores cautivos siguen siendo los más vulnerables frente a una decisión que no amplía de manera contundente ni reordena la base contribuyente y sí genera disgusto al explicarse como un doble discurso del gobierno federal.

Por un lado se publicita que la educación y su reforma serán el eje para el anhelado desarrollo como en otras naciones -Brasil destinará 75% de las utilidades petroleras a la educación-, y por otro intenta gravar con IVA las colegiaturas a quienes con esfuerzo dedican parte de su ingreso para enviar a sus hijos a una escuela privada dejando un lugar disponible en la educación pública a quienes lo necesitan más.

La respuesta inmediata de todos los partidos y asociaciones de padres de familia demuestra que el Ejecutivo Federal sólo utilizó este tema como reserva para la negociación y construir una simulada gobernanza ante la reacción social. En un supuesto que sería como gravar el uso de la bicicleta.

En otro caso, se reconoce el profundo rezago en materia de vivienda propia para los trabajadores sin denunciar que unos cuantos neoconstructores ligados a los gobiernos panistas convirtieron los fraccionamientos populares en pueblos fantasmas a partir de su avaricia e ineptitud en la planeación urbana, pese a lo cual se pretende gravar con IVA las rentas y las ya de por sí sangrantes hipotecas.

Sin embargo, más allá de la paradójica idea –una vez más- de que un sector de la clase media se desplace hacia el proletariado, lo insultante es el resultado en el que todo seguirá igual para el 10% de los mexicanos dueños de más del 60% de la riqueza nacional. Es decir, que, en un país tan diferente al que soñó Morelos, al presidente Peña Nieto le faltó acompañar sus iniciativas con otras que impidan a los funcionarios públicos y de elección popular autoasignarse esos ofensivos salarios con el producto de nuestros impuestos y del trabajo de los más desprotegidos. Y una que realmente castigue, evite y obligue a resarcir el daño patrimonial de quienes explicablemente desde la función pública o privada se han enriquecido brutalmente delinquiendo, especulando, corrompiendo o torciendo la ley.

Además una iniciativa que elimine el dispendio del gasto banal no sólo de los eventos suntuosos y gastos injustificados desde el ejercicio público, sino sobre todo la costosísima, trivial e innecesaria publicidad de todos los niveles de gobierno disfrazada de “información” que solo sirve para la autopromoción electoral anticipada sin ningún beneficio para la sociedad y otras necesidades comunitarias mucho más apremiantes.

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