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Vallarta Debe Millones a Pensiones

Por Luis Alberto ALCARAZ

Pese a que desde hace poco más de dos años entró en vigor la ley que permite el castigo penal a aquellos funcionarios que no cumplan con el pago de aportaciones a la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, la administración encabezada por Ramón Guerrero está a punto de terminar sin haber enterado más de 166 millones de pesos al IPEJAL, según datos dados a conocer por la regidora Susana Carreño.

Aunque presumió haber cambiado la historia, El Mochilas en realidad repitió los mismos errores de sus antecesores, porque Puerto Vallarta no ha pagado a Pensiones desde el 2008, el último año de Javier Bravo. Durante el trienio de Salvador González Reséndiz no se hizo ningún pago, al igual que en todo el trienio de Ramón Guerrero, quien pese a sus intentos de negociar el adeudo terminó dejando la alcaldía sin abonar un solo peso.

Lo peor de todo es que El Mochilas pretendía pagar la deuda de Pensiones mediante la entrega en dación de pago de la Unidad Municipal Administrativa de la colonia Portales, lo cual no prosperó porque para el IPEJAL el inmueble apenas vale 150 millones de pesos en tanto que la deuda supera los 350 millones de pesos.

Lo peor de todo es que pese a no pagar a Pensiones, los últimos tres ayuntamientos han descontado religiosamente a sus trabajadores las cuotas correspondientes, utilizando ese dinero para gasto corriente, lo cual a todas luces representa un desvío de recursos públicos que afecta directamente los empleados municipales que han sufrido la suspensión de sus derechos ante Pensiones del Estado, como préstamos personales y créditos hipotecarios.

No extraña la dolosa actitud de los funcionarios públicos que incumplen con su obligación de entregar a Pensiones las cuotas descontadas a los trabajadores, lo que realmente parece sospechoso es la actitud complaciente de los directivos del IPEJAL al no proceder en contra de los ayuntamientos morosos.

Inicialmente los responsables del Ipejal denunciaban que no contaban con elementos legales para proceder contra los municipios incumplidos, sin embargo en julio del 2013 se reformó la ley de pensiones del estado para dotarla de facultades legales para proceder penalmente contra los funcionarios públicos incumplidos, sin que hasta la fecha de sepa del caso de un alcalde o tesorero municipal sometido a proceso penal por este tema.

Lo único que se sabe hasta la fecha es que el ayuntamiento de Puerto Vallarta se encuentra bajo un proceso judicial por una deuda que en marzo de este año superaba los 354 millones de pesos. Aunque la ley de pensiones del estado dice en su artículo 10 que “La falta de pago de aportaciones, retenciones, actualizaciones o recargos dará lugar a la ejecución forzosa mediante la retención en aportaciones, participaciones y cualesquiera otros recursos líquidos, que se efectuará a petición del Instituto de Pensiones y se aplicará por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas”, El Mochilas jamás fue sometido a proceso penal y muy pronto despachará en el Congreso del estado después de haberse burlado de los trabajadores municipales.

Por suerte para los funcionarios evasores sólo Pensiones del Estado puede proceder penalmente en su contra, y por alguna extraña razón eso no ha ocurrido, pese a que el artículo 302 de la misma ley contempla un grave castigo: “Se impondrán de tres a 10 años de prisión a funcionarios de las entidades públicas patronales que no enteren las retenciones realizadas a los servidores públicos, dentro de los plazos que señala la Ley del Instituto de Pensiones, salvo que exista convenio”.

En lugar de ser condenado a 10 años de prisión por no haber enterado más de 150 millones de pesos al Ipejal durante los dos años y medio de su gobierno, El Mochilas ha sido premiado con una diputación local y en el 2018 seguramente lo veremos de nuevo en Puerto Vallarta tratando de ser nuevamente presidente municipal.

Incapaces de encontrar una solución justa a este grave problema, a los regidores del Movimiento Ciudadano solamente se les ocurrió la brillante idea de señalar en calidad de garantía de pago el edificio de la UMA, el cual evidentemente tarde o temprano terminará en manos de la Dirección de Pensiones del Estado como parte del pago del adeudo.

Y para que el despojo y la burla sean mayor, además de entregar la UMA a Pensiones, el próximo ayuntamiento seguramente se verá obligado a rentarle al Ipejal la UMA para que el gobierno municipal siga despachando en esas cómodas instalaciones.

Porque esa mamada de trasladar al gobierno municipal a la Macroplaza no pasó de ser eso, una mamada del Mochilas, quien ya está muy lejos de Vallarta viendo como el municipio termina de hundirse en la peor crisis financiera de su historia.

 

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