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Una Mezcla que Puso en Crisis al IEPC

Pareciera parte de un ciclo: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco vive desde el año pasado una combinación entre la ambición de algunos consejeros que piden hasta choferes a cargo del erario, la intromisión de los partidos que buscan cómo destituirlos, exhibidos por la falta de recursos porque arrastran deudas que les dejó la organización del proceso. Los principales perjudicados, los trabajadores de planta y eventuales a quienes les adeudan prestaciones.

El problema ha ido creciendo hasta que hizo crisis. La mano negra desde el Ejecutivo, la falta de recursos que arrastra desde el año pasado, la ratificación de directores y comisiones solicitada por el INE, la falta de acuerdos y la ambición de los consejeros terminaron por descarrilar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Abandonados a su suerte, los consejeros están de rodillas. Hoy sobre los consejeros pende la amenaza de que solicitarán su renuncia desde el centro y para ellos buscan el mecanismo legal más adecuado y, a su vez, los consejeros amagan con recortar la nómina en casi el 40 por ciento, lo que ocasiona desesperación, angustia, impotencia, pero también preocupación y hasta temor entre los poco más de 150 trabajadores que laboran de manera permanente.

A pocos importa que, de acuerdo a la ley, se trate de una función de estado, al menos de acuerdo a lo que marca la ley.

ADEUDAN PRESTACIONES

Por la insuficiencia presupuestal de la que ha sido objeto ese órgano público descentralizado encargado de organizar las elecciones estatales, desde el mes de agosto del año pasado los trabajadores han sido testigos de cómo su situación laboral y financiera ha estado en riesgo. Hoy se les adeudan diversas prestaciones tales como el bono del servidor público, aguinaldo, y prima vacacional, lo que representa aproximadamente 75 días de salario.

A esta situación se le suman los adeudos que actualmente mantiene el Instituto Electoral del Estado con cerca de 300 trabajadores eventuales quienes en su mayoría tuvieron que concluir de manera anticipada su contrato en el mes de julio del año pasado a pesar de que varios de ellos estaban contratados hasta el último día de diciembre; y a quienes se les adeudan partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones por el tiempo que trabajaron como personal eventual en oficinas centrales o como comisionados distritales y municipales en los 125 municipios y 20 distritos que conforman el estado de Jalisco.

Al conocer que el Congreso del Estado sólo autorizó un presupuesto cercano a los 370 millones de pesos para organizar la elección intermedia en la entidad en lugar de los 700 millones que habían solicitado, los directivos del Instituto sabían que los recursos serían insuficientes.

Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo asignó más recursos para realizar el proceso, ni el Instituto Estatal Electoral ajustó sus gastos a un presupuesto aprobado y publicado. La consecuencia es conocida públicamente: el IEPC Jalisco tiene un adeudo con empleados de base y eventuales y proveedores por cerca de los 30 millones de pesos de la cual ninguna autoridad hasta el momento se ha querido hacer responsable.

El punto positivo es que a pesar de ello el proceso electoral se desarrolló y concluyó con éxito. No se anuló ninguna elección y la jornada electoral y tomas de posesión de las autoridades electas se realizaron en calma.

EL COLETAZO DE LA REFORMA

El Instituto Electoral vivió uno de sus peores momentos económicos en octubre: sin dinero para pagar la nómina, redujo gastos como la renta de inmuebles, combustibles, telefonía, papelería, ediciones y actividades varias, así como el pago que reciben los empleados por labores extraordinarias en cada proceso electoral.

El Instituto Nacional Electoral aprobó los acuerdos INE/CG865/2015 e INE/CG909/2015, con la obligatoriedad del estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como los lineamientos para la designación de Consejeros Electorales Distritales y Municipales. En ese último documento, el organismo nacional electoral concedió un plazo de 60 días hábiles a todos los institutos electorales locales para que designaran o ratificaran en su caso a los titulares de los cuerpos directivos, plazo que en el caso de Jalisco se venció el pasado 25 de enero del presente año.

Esta determinación, aprobada en el centro del país, se tomó como una intromisión en la vida interna de los organismos públicos locales, sin embargo por disposición constitucional es obligatoria y debía ser acatada por todos los institutos electorales estatales, sin importar que el resultado de dicho ejercicio pudiera vulnerar los derechos laborales de trabajadores.

Cumplir con la medida tendrá un costo por indemnizaciones que ascenderá a los 20 millones de pesos, para pagar al Secretario Ejecutivo y a los 13 directores por los conceptos que la ley les otorga por la separación injustificada de que pueden ser objeto.

Consejeros del organismo estatal señalan que el diseño de las instituciones electorales en el país dejó en estado de indefensión a los organismos estatales, ya que los Gobiernos de los estados, ya no se quieren hacer responsables de su funcionamiento y financiamiento porque sus Consejeros ya no son nombrados por los diputados locales (representantes de los partidos en el estado), y las negociaciones para su designación han salido del ámbito de los poderes ejecutivo y legislativo en el estado.

Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional Electoral, que a pesar de ser la autoridad que se encarga de designar a los Consejeros Electorales locales (como parte de sus nuevas atribuciones), tampoco se hace responsable de que tengan los recursos financieros necesarios para desarrollar sus actividades que por disposición constitución les han sido conferidas.

En consecuencia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en el texto constitucional y legal tiene autonomía de funcionamiento, esto es, no se encuentra sometido a ninguna autoridad o poder fáctico, sin embargo en la práctica, ante la falta de recursos económicos suficientes, ha sido puesto de rodillas desde el mes de julio del año pasado.

El mensaje del Secretario de Planeación Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida, fue claro desde pasado 16 de enero: no existen recursos adicionales para este organismo y deberán hacer frente a sus problemas financieros con diversas estrategias y ahorros; aunque enfatizó que si le presentan al Ejecutivo un plan de austeridad y reducción de gastos (y sueldos), seguramente el gobernador les apoyará con recursos para cubrir sus necesidades.

LAS AMBICIONES PERSONALES

La coyuntura que se ha generado en el instituto electoral local, con la designación o ratificación de su cuerpo directivo, la falta de recursos económicos, la necesidad de reducir nómina y la orfandad presupuestal en la que la reforma político-electoral dejó a los organismos electorales de todo el país, ha dado como resultado un caldo de cultivo donde grupos de poder y exconsejeros a nivel local han sido señalados de ser oportunistas para adueñarse y en algunos casos para mantener posiciones.

En la sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC, celebrada el pasado 22 de enero, la consejera Sayani Mozka protagonizó uno de los enfrentamientos más álgidos de los que se tengan registro en el citado órgano electoral, al señalar directamente que su homóloga Érika Cecilia Ruvalcaba Corral había solicitado la contratación de tres asesores, un asistente y un chofer, que deberían ser pagados de la nómina de la institución a cambio de otorgar su voto a favor de las propuestas para ratificar al cuerpo directivo del IEPC.

De igual forma, los consejeros electorales María Virginia Gutiérrez Villalvazo y José Reynoso Núñez fueron señalados por la consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez de solicitar espacios de dirección para otorgar su voto a favor de las propuestas que hizo el consejero presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross.

Una posible salida para alcanzar los votos necesarios fue realizar exámenes a los directores. La propuesta fue aceptada pero uno de los consejeros les recordó a los interesados en aumentar sus privilegios que tres de esos directores sacaron mejores calificaciones que ellos durante las evaluaciones que les hizo el Congreso del Estado para nombrarlos consejeros.

Pero tampoco así alcanzaron los acuerdos.

Debido a ello, desde el pasado viernes 22, el Instituto se encuentra en sesión permanente sin alcanzar los acuerdos porque se les pide una mayoría calificada para la ratificación de los directores y el secretario ejecutivo, es decir, debe contar cuando menos con el voto de 5 de los 7 Consejeros Electorales y en las dos rondas de votación solamente se alcanzaron 4 votos a favor.

PIDE PAN QUE SAQUEN LAS MANOS

Hasta el momento los funcionarios electorales no han podido ser ratificados en sus cargos, señalando a los tres consejeros como los responsables, sin embargo desde el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el Presidente Miguel Ángel Martínez Espinoza recién tomado posesión se subió a la disputa por los espacios en el instituto electoral.

Señaló de manera directa que la ratificación de los 13 directores y el Secretario Ejecutivo estaba siendo controlada por el Poder Ejecutivo a través del subsecretario de Gobierno, José Tomás Figueroa Padilla, quien por debajo de la mesa pretende manejar la estructura directiva del IEPC Jalisco, en vísperas del próximo proceso electoral de 2018.

Debido a ello, hizo un llamado a todos los actores políticos en Jalisco a sacar las manos del organismo electoral, se asegura que el partido Movimiento Ciudadano no se quedará atrás y si el asunto se trata de repartir cuotas los naranjas también harán su labor para lograr una tajada, por lo pronto han estado indagando sobre los antecedentes, compadrazgos y favoritismos de los funcionarios electorales, para saber cómo es que han escalado o permanecido en sus puestos.

El panorama para los aproximadamente 150 empleados del instituto electoral es más que gris, toda vez que las disputas entre consejeros, partidos políticos y poderes en el estado han dejado como principales afectados a los trabajadores de base y eventuales, quienes aún no tienen la certeza de que día les serán pagadas las prestaciones y salarios que les adeudan.

En respuesta, los directores de áreas y el secretario ejecutivo a través de un comunicado rechazaron de manera tajante este tipo de acusaciones que dijeron sin fundamento y cualquier tipo de intromisión.

«Este tipo de declaraciones a la ligera no hacen otra cosa que auspiciar desacuerdos entre los consejeros electorales, con la clara y perjudicial finalidad de destituir a quienes conformamos la estructura directiva de este organismo constitucional autónomo que se ha formado a través de los años y de diversos procesos electorales», dice el comunicado.

«Al personal directivo de este organismo electoral nos preocupa que, en menoscabo de nuestra experiencia y profesionalismo, se intente establecer un método de cuotas —mismo que ya ha sido propuesto fuera de sesiones públicas— que plantea repartir las direcciones vacantes con el objeto de que éstas sean ocupadas por personas afines a un partido político; lo que violentaría además los principios rectores y constitucionales que rigen a este organismo público local electoral: Independencia, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad, Certeza y Máxima Publicidad».

Categóricamente rechazamos cualquier intento de intromisión, chantaje o negociación indebida e ilegal de cualquier partido o actor político que trate de manipular o incidir para colocar recomendados en la estructura directiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, señala el documento firmado por el secretario y los directores.

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