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Testigo Social, Populismo y Burocracia

Luis Alberto ALCARAZ

Primero fue la regidora Bella Fong quien se ganó severas críticas al impulsar la creación de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una reverenda estupidez si recordamos que ya existen instancias de esa naturaleza perfectamente constituidas. Lo peor de todo es que la señora Bellani es titular de la comisión de Ecología, materia en la que evidentemente no tiene nada qué aportar y seguramente por ello prefiere dedicar su esfuerzo a una iniciativa más propia para otras comisiones.

Para no quedarse atrás, la polémica regidora del MC Susana Rodríguez presentó en días pasados su iniciativa Testigo Social, que contempla la inclusión de representantes de la sociedad civil vallartense en la toma de decisiones celebradas al interior del gobierno municipal.

Eso sí, Susanita dejó muy claro que los Testigos Sociales no tendrán voto en las comisiones en las que participen y sólo podrá habar cuando consideren que algo no está correcto en el trabajo de los regidores y funcionarios.

Titular de la Comisión de Turismo, de la cual por supuesto no sabe nada, Susana Rodríguez anda muy intensa estudiando sus manuales de Gobernanza Moderna, mismo que estuvieron de moda hace 20 años en los talles de Participación Ciudadana. Por eso hoy promueve este tipo de iniciativas que presuntamente incrementan la participación ciudadana.

Para desgracia de Susanita los primeros en criticar su iniciativa fueron sus propios compañeritos de bancada, quienes temen que la participación del Testigo Social los deje sin chamba, porque evidentemente cualquier ciudadano que se incorpore a una sesión de trabaja de comisiones de ayuntamiento estará mucho más capacitado que los propios regidores, que se caracterizan por su mediocridad.

Al igual que lo hace hoy la regidora Susana, en el trienio pasado El Mochilas también se llenó la boca con términos muy pomposos en materia de participación ciudadana, como la Famosa Contraloría Social y el Presupuesto Participativo, ambas figuras muy efectivas en otros países pero que en Puerto Vallarta solo representan una burla y simulación.

El Contralor Social, por ejemplo, en lugar de ser un funcionario que emane directamente de la sociedad civil terminó siendo un funcionario impuesto por uno de los amigos del Mochilas, lo que causó que la mentada Contraloría Social sólo sirviera para tres cosas: para una chingada, para una chingada y para una chingada.

En cuanto al Presupuesto Participativa, término acuñado hace 30 años en Porto Alegre Brasil que implica la participación activa de los ciudadanos a la hora de diseñar el presupuesto de egresos del ayuntamiento, terminó siendo otra burla porque al final todo quedó en una simple encuesta en la cual el ciudadano “decide” en qué rubros se debe gastar el presupuesto público.

Por desgracia a la señora regidora Rodríguez se le olvida un precepto básico legal: los funcionarios están obligados a hacer lo que la ley les ordena, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Por lo mismo, de ella se espera que produzca muchas iniciativas relacionadas con la comisión de Turismo que preside, en lugar de desempeñarse como analista política en programas de radio de la localidad en un horario en el cual debería estar trabajando en el ayuntamiento.

Lo peor de todo es que el mismo ayuntamiento contempla diversos mecanismos de participación ciudadana que en el papel garantizan la transparencia a la hora de la toma de decisiones, como es el caso de la Comisión de Adjudicación, asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio, que por ley debe contar con un representante de los colegios de arquitectos e ingenieros de Puerto Vallarta.

Si la regidora Susana Rodríguez realmente estuviera empeñada en promover la participación ciudadana en aras de la transparencia en los actos de gobierno promovería la inclusión de ciudadanos con voz y voto en comisiones clave como la de Adquisiciones, responsable de la compra de todos los suministros que requiere el municipio para su desempeño.

Por desgracia esa comisión, integrada por cinco funcionarios del ayuntamiento, opera con total oscuridad porque ahí se cocina el diezmo que todos los proveedores deben pagar al jefe de Proveeduría cada vez que se les asigna un contrato de compra y se les extiende un cheque por sus servicios.

Mientras que en esta y otras comisiones como la de Obra Pública se cocina cotidianamente la corrupción del municipio, la regidora Susana Rodríguez prefiere mostrar su enorme talento promoviendo la participación ciudadana con voz sin voto en las comisiones edilicias, buscando solamente legitimar la toma de decisiones a través de empresarios afines al gobierno municipal.

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