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Repudia DESMOS “Represión Magisterial”

Ante los hechos de violencia del domingo pasado, el Colegio Departamental del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (DESMOS) del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, manifiestó su “repudio a la criminalización de los movimientos sociales, la represión contra el movimiento magisterial y el terrorismo de Estado contra la sociedad que nos regresa a los peores momentos de la historia del México posrevolucionario”.

En el documento que establece su posicionamiento, el DESMOS señala que “es absolutamente condenable el encarcelamiento de los líderes sindicales con acusaciones similares a las que en su momento se usaron contra los sindicatos durante las represiones alemanistas para imponer a sus incondicionales, los llamados líderes charros, y durante las jornadas de lucha sindical de 1958-59 contra ferrocarrileros, telegrafistas, y maestros.

“De nuevo se recurre a la simulación y la mentira para intentar ocultar la violencia desmesurada del gobierno federal, al pretender engañar a la opinión pública, con la versión inicial de fuerzas federales desarmadas, que las redes y la prensa internacional han desmentido rotundamente, evidenciando el uso de armas de alto poder contra maestros, estudiantes, padres de familia y pobladores, con cerca de una decena de muertos y varias decenas de heridos, así como numerosos desaparecidos.

 

“Estas acciones de represión social fueron acordadas desde las altas esferas y anunciadas descaradamente con anticipación, cuando el Comisionado Nacional de Seguridad (adscrito a la Secretaría de Gobernación, y en última instancia al Presidente de la República, quien lo nombra con la aprobación del Senado) declaró el martes 14 de junio que se haría uso de la fuerza contra bloqueos y plantones. Esto coloca directamente al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación como responsables directos de la masacre del 20 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.

“Hablar de Estado de Derecho mientras se reprime de manera ilegal y con tal violencia a un sector de la sociedad, no sólo pone en evidencia la simulación que caracteriza al gobierno de Peña Nieto, sino su disposición a seguir cometiendo crímenes con gran impunidad, lo que obliga a recurrir al Tribunal Penal Internacional, ya que todo indica que se ha cometido un nuevo hecho criminal de lesa humanidad y, como se sabe, las autoridades judiciales del país no tienen las condiciones objetivas ni la voluntad para juzgar a los principales culpables.

“Proponemos al conjunto de las fuerzas y organizaciones sociales y políticas comprometidas con la justicia considerar como una opción más de lucha, el denunciar en las instancias internacionales correspondientes la violación permanente de los derechos humanos, la constante ejecución extra-judicial que el propio relator de la Naciones Unidas acaba de reconocer en el informe que entregó en días recientes donde se demuestra la saña con que se trata a los luchadores sociales”, finaliza el acuerdo.

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