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Rehabilitación, el Abandono del Estado

Por Carlos OROZCO

Si bien el alcoholismo fue identificado por la Organización Mundial de la Salud como una patología o síndrome relacionado con el estado mental de los individuos, cuyas consecuencias laborales son previsibles, y en 1977 se le relacionó con algunas otras enfermedades mentales reflejantes de una conducta adictiva en quienes la padecían, el estado mexicano se ha tardado en desarrollar políticas públicas que permitan tratamientos pertinentes a una adicción y preparar a sus codependientes o entorno nuclear que, inevitablemente, resultan ser también víctimas de esa degradación de la persona, sus condiciones físicas, económicas, laborales y familiares.

Con una especie de doble moral, México ha visto la manifestación de las adicciones como expresiones antropológicas aisladas, no obstante que los programas más exitosos del mundo en materia de rehabilitación o lucha contra las adicciones han desarrollado bases científicas dignas de tomar en cuenta.

Separar la patología del consumo de drogas, alcohol, nicotina o de otras conductas autodestructivas ligadas a la ansiedad y trastornos de la personalidad como la ludopatía, bulimia, neurosis, celotipia o la ingesta compulsiva, de acuerdo a la doctora Claudia Chan Gamboa, investigadora de la Universidad de Guadalajara “ha sido un error no solo metodológico sino una evidencia de esa moralidad mal entendida en la resistencia a reconocer a las adicciones como una enfermedad significara afectar los recursos públicos para la atención de la salud en un mundo laboral impregnado de víctimas de algún tipo de adicción y considerando que la salud (de acuerdo a la OMS) es integral, es decir, un estado de bienestar físico, mental y social”.

El fantasma de justificar el ausentismo laboral de aquella persona que sobrevive disfuncionando a partir de estos excesos, aunado al costo económico que su atención demandaría, parecen ser el principal impedimento para que los sindicatos y las instituciones del estado den el primer paso para que se atienda de manera preventiva y entonces no tener que llegar a los incalculables costos que su atención reactiva representa para la economía de nuestro país.

Algunas clausulas contractuales –como el sindicato de PEMEX por ejemplo- contemplan el derecho de un trabajador a ser atendido como enfermo al haber perdido el control de su manera de ingerir alcohol. Sin embargo, la reciente desarticulación de cientos de centros de atención para los adictos en nuestro estado, demuestra lo lejos que estamos como sociedad y como estado nacional del impostergable reconocimiento público de ese flagelo.

El paso dado en materia de publicidad para disminuir el consumo de tabaco, tendría que replicarse en el caso del alcohol y otras drogas prohibidas, a través de la difusión de sus graves consecuencias principalmente entre niños y jóvenes. De no ser así y dadas las condiciones financieras del país, los familiares de adictos proletarios seguirán recurriendo a pseudo profesionales y charlatanes a los que, en su desesperación y ante la ausencia del estado, no tendrán otra alternativa. Podrán desarticularse cientos de estos negocios marginales, pero de no invertirse en la prevención y educación frente a las adicciones, seguirán apareciendo miles en cualquier parte del territorio nacional.

MTRO. CARLOS M. OROZCO SANTILLAN

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS Y

URBANISTAS DEL ESTADO DE JALISCO.

Carlosm_orozco@hotmail.com

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