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Re-Evolución: Ley de Extinción de Dominio

*Por Francisco JIMENEZ REYNOSO

 En primer término, considero pertinente explicar en qué consiste la extinción de dominio, en virtud de que un gran número de ciudadanos desconoce el concepto.

A manera de preámbulo, con la ley de extinción de dominio de Jalisco, sólo nos estamos sincronizando a nivel nacional, en virtud de la reforma constitucional del 2008, en la que se obliga a crear la ley en cada una de los estados de nuestro país (artículo 22 de la ley a nivel nacional),  por lo que esta ley llega tarde, aunque finalmente llega.

Sin duda alguna la intención es buena, es pegarle en la economía al crimen organizado, quitarle su poder económico acumulado indebidamente, e invertirlo para combatir al mismo crimen organizado, en educación y contra el consumo de drogas.

La extinción de dominio consiste en que los bienes que pertenecen a un “presunto culpable” de la delincuencia organizada, por ejemplo un narcotraficante, secuestrador o quien se dedique organizadamente al robo de vehículos y la trata de personas, cuando sea de competencia estatal, pasan a favor (a manos) del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para quien fuera su dueño.

Además, la extinción de dominio aplica en bienes que se encuentren en el territorio estatal, independientemente del lugar donde se cometió el delito, siempre y cuando produzca o se pretenda que tenga efectos en Jalisco y no haya una sentencia igual en otro lugar.

 Por lo anterior, la extinción de dominio es la pérdida del derecho de propiedad o posesión de los bienes del presunto culpable a favor del Estado.

La extinción de dominio procede aún cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal, pero si existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. También cuando haya la certeza del delito y no se haya determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación.

Para la aplicación del procedimiento, el Poder Judicial tendrá jueces especializados en extinción de dominio y, en ausencia de éstos, conocerán los jueces civiles o mixtos de primera instancia.

 Cualquier persona que se sienta afectada podrá interponer recursos legales para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de los bienes.No procede en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Se incorpora un incidente para acreditar que no se conocía el delito.

El ejercicio de la extinción de dominio corresponde al Ministerio Público, quien deberá presentar la demanda.

Sólo el procurador de Justicia del Estado podrá desistirse de la acción de extinción en cualquier momento, antes de que la sentencia cause ejecutoria.

Cualquier ciudadano que conozca de la comisión de un delito en el que proceda la extinción, puede presentar una denuncia anónima.

Tras desahogarse las pruebas y escucharse al afectado, el juez resolverá sobre la extinción de dominio o improcedencia de la acción. Cuando el juez declare la improcedencia de la acción, los bienes deberán ser devueltos junto con los intereses, rendimientos y accesorios que hubieran producido. Por lo anterior, en la sentencia deberán precisarse los montos a liquidar.

Sin embargo, el poder del Ministerio es impresionante, de él depende la investigación ¿y si no investiga?, o si comienza a investigar y en el camino se desiste por posibles arreglos turbios.

Atención, las reformas constitucionales son de fondo. 

Si se pretende que funcionen los juicios orales, la justicia alternativa y la ley de extinción de dominio, lo primero que tiene que hacerse es una verdadera reingeniería de personal en la que al menos:

 1.- Se depure a los servidores públicos, en este caso a los ministerios públicos, eliminando a dos tipos: a) los corruptos y b) los incompetentes para la aplicación de este complejo y delicado procedimiento.

 2.- Se seleccione a nuevos perfiles (limpios) aplicándoseles la ley de control de confianza obviamente por instancias sin vínculo ni interés en la Procuraduría, y los mismos sean capacitados para enfrentar la aplicación de este nuevo ordenamiento.

* Maestro en Derecho Constitucional U. de G.  jimenezabogado@gmail.com

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