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Re-Evolución: Derechos Constitucionales II

Por Francisco JIMÉNEZ REYNOSO

Agradezco a mi maestro y amigo Felipe de Jesús Garibay Valle sus palabras que motivaron la continuación de esta columna. Misma que trata del artículo 16 de nuestra Ley Suprema, del párrfo séptimo en adelante, con la intención de que cualquier mexicano conozca sus derechos fundamentales.

“En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley”. Lo anterior, es exactamente lo ocurrido con el ciudadano que injustamente paso 7 años en prisión por negligencia de las autoridades.

“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días”.

Algunos juristas nos hemos manifestados en contra de la figura del arraigo, ya que la consideramos inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. De hecho, la Suprema Corte de la Nación, sentó ya precedente y prohibe que los estados legislen sobre la figura del arraigo, ya que en estas casas es factible se practique la tortura y se arranquen declaraciones injustas.

 

“Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.

El doctor Guillermo Zepeda Lecuona, dentro de sus ponencias, desarrolla un ejemplo verídico: la banda de los robadesodorantes, se trata de tres jovencitos que no pasaban los 20 años, que al entrar a una farmacia a uno de ellos se le hizo fácil tomar un desodorante. En virtud de que eran tres, sus juzgadores los juzgaron por delincuencia organizada, como pasaba de las 19:00 horas horas les argumentaron la agravante de nocturnidad y robo calificado. Más de 5 años estuvieron en prisión por culpa de juzgadores que carecen del minimo sentido común.

Se debe tener cuidado, ya que algunos de ellos quieren treparse al nuevo sistema, mismos que lo dañarían por las malas costumbres y mañas que les caracterizan.

“Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal”.

De la misma manera señalamos que tan mala es la impunidad (que no se sancione a los culpables, como privar de su libertad a un inocente). Esperemos que las autoridades tomen nota al respecto, y de no hacerlo se sancione de forma ejemplar, por el daño que le hacen a personas inocentes, y a su entorno, tanto familiar como social.

“En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia”. Todo exceso debe ser denunciado, en ocasiones, puede darse que autoridades se les haga fácil llevarse cosas de los domicilios cateados, lo anterior, es un exceso y debe ser denunciado ante sus superiores y autoridades correspondientes.

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”. Debe usted saber que las pruebas que se presenten en un juicio y se haya violado la privacidad de un ciudadano, estas pueden ser impugnadas y no ser consideradas en el juicio. Lo anterior, tiene excepciones, como lo veremos a continuación.

“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”. En este párrafo se expresa la excepción a la privacidad, pues sólo la autoridad federal es la que puede autorizar violar la privacidad en relación con nuestras comunicaciones. Lo anterior, se debe hacer sólo en casos de ser necesario.

jimenezabogado@gmail.com

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