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Re-Evolución: Control de Confianza

* Por Francisco JIMENEZ REYNOSO 

Hablar de la Ley de Control de Confianza en México es hablar de una revolución de fondo en nuestro país. Sabemos que deambulan en nuestro México “jinetes apocalípticos”, mismos que están arrasando con la paz y tranquilidad en nuestra nación.

Entre esos jinetes apocalípticos pueden citarse la corrupción, la inseguridad, la ineficiencia, la incompetencia (obviamente en lo que atañe a los servidores públicos) sólo por citar algunos ejemplos.Un buen principio para depurar a “servidores” públicos corruptos, deshonestos, incompetentes, ineficaces e ineficientes, es la práctica correcta, cotidiana y permanente de esta Ley.

La Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco fue propuesta por parte del Ejecutivo del estado desde marzo del 2009 y poco a poco  avanza para su aplicación en Jalisco.A nivel Federal, la propuesta correspondió al Ejecutivo Federal, misma que “supuestamente” ya está en funciones. La realidad es que aún no se aprecian los resultados por parte de la ciudadanía.

Esta norma establece que todos los servidores públicos que tengan que ver con la impartición de justicia deben someterse a exámenes de control de confianza.

Las pruebas serán para policías, mandos directivos municipales, estatales, el secretario de Seguridad, el procurador, ministerios públicos, jueces y magistrados; estos últimos sólo de nuevo ingreso.

El artículo cuarto de la ley en comento señala que los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño constarán de los siguientes exámenes:

I. Patrimoniales y de entorno social: con la finalidad de cerciorarse de las condiciones sociales y económicas en las que vive la persona evaluada y que las mismas sean acordes a sus percepciones salariales con motivo del cargo;

II. Médicos: el cual tendrá como objetivo conocer el estado de salud del personal mediante estudios de laboratorio y de gabinete para detectar enfermedades crónico-degenerativas, signos clínicos de abuso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzos físicos, antecedentes heredo-familiares, personales, patológicos y ginecobstétricos en mujeres;

III. Psicométricos: los cuales tiene por objeto medir rasgos de personalidad, capacidades mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud;

IV. Psicológicos: con el objeto de identificar a las personas que no cumplen con las características psicodiagnósticas que demanda el puesto y el nivel idóneo de capacidad intelectual;

V. Toxicológicos: cuya finalidad será detectar al personal que consume  drogas. Dicha detección se hará a través de la investigación de metabolitos de drogas de abuso, por sus siglas (IMDA);

VI. Poligráficos: con el propósito de proporcionar a la ciudadanía servidores públicos confiables, honestos, que actúen en base a la confidencialidad, que se apeguen a la reglamentación y no participen en actividades ilícitas;

VII. Conocimientos de sus funciones: determinar el nivel de conocimientos de las funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias; y

VIII. Los demás que se consideren necesarios para la calificación del personal, de acuerdo al reglamento de la presente ley o a los criterios emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Los procesos de evaluación, de forma general, tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos a que se refiere el artículo primero dan debido cumplimiento a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

El Reglamento de la ley establecerá las dependencias y organismos que aplicarán los exámenes a que se refiere el presente artículo, así como sus modalidades y plazos de aplicación.

 El artículo cinco indica que los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior serán permanentes, obligatorios, objetivos y transparentes y serán de control de confianza: a) Iniciales; b) Periódicos; y c)  Extraordinarios.

 jimenezabogado@gmail.com

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