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Re-Evolución: Clamor Social, que Regrese el Auditor

Pero los 10 millones…

* Por Francisco JIMENEZ REYNOSO

Hace unos meses, el polémico auditor del estado de Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, declaró ante la comisión de vigilancia del congreso de Jalisco haber recibido, entre los años 2007 y 2010, una cantidad aproximada a los 10 millones de pesos,  además de su salario.

Dicha declaración causó escozor en la sociedad jalisciense, pero aún más por el acompañamiento de su argumentación, en virtud de que el auditor sostuvo (sostiene) que son legales.

Los 10 millones fueron el pago de bonos, compensaciones y vacaciones a las que tenía derecho. Dichas cantidades se emitieron  de la partida de aportaciones a los grupos parlamentarios.

Además de ello, se detectó  que se pagaron 4 millones de pesos que fueron a parar a la cartera de su suegro, por servicios en los que aparentemente no presta.

Después de salir a la luz pública lo anterior, la imagen del auditor se diluyó en la opinión pública y prácticamente en todos los sectores  sociales. La sombra de la desconfianza y la duda se encarnaron a su persona.

Sensible resulta, en virtud de que el auditor es el encargado  de vigilar que las cuentas públicas se manejen con “honradez”.

Los ingresos adicionales, curiosamente, coincidieron con el tiempo en el que se manejó con opacidad el recurso en la legislatura en turno, según los resultados que arroja una auditoría que se llevó a cabo en su momento.

Lo que parece irrefutable es que se dio un intercambio de favores, que difícilmente se borrarán de la mente de los ciudadanos.

El escándalo es mayúsculo y sigue a la alza. La razón es la red de complicidades que se ha venido tejiendo en el congreso del estado por culpa del chapulinismo político.

Dicho en otras palabras: Godoy vs. José María Martínez Martínez y Alfredo Argüelles Basave se encuentran inmiscuidos en estos desfalcos. Los tres al menos están embarrados de porquería en virtud de la repartición del botín (que pertenece al pueblo). Después de varios años siguen en el poder y sirven de tapadera de las irregularidades cometidas en contra del pueblo de Jalisco.

Una de las preguntas clave es: ¿por órdenes de quién se destruyó la documentación que prueba dicho desfalco al erario público de Jalisco?

Esa red de complicidades se puede destruir borrando del mapa de poder a quienes en este momento ocupan un cargo indignamente, no votando por ellos. Imagine usted si el día de mañana José María Martínez ocupara la presidencia municipal de Guadalajara, ¿qué sucedería? Seguiría de tapadera opacando las “posibles” investigaciones que se harían por sus dagas cometidas en contra de los intereses sociales.

Lector(a), apunte bien sus nombres y no los olvide, e interrumpa carreras de políticos nefastos y deshonestos, ya vienen las elecciones. Y si bien es cierto a los ciudadanos sólo nos ofrecen cara o cruz (PRI o PAN), entonces votemos por sangre nueva, evitando a los mismos políticos que se han agrupado para dañar a Jalisco.

La Constitución Política del Estado de Jalisco define las funciones de la auditoría superior.

Señala que es un organismo técnico, profesional y especializado, dotado de autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, su función es la revisión y auditoría pública de la cuenta pública y de los estados financieros de los poderes del estado, de los municipios, de los organismos públicos autónomos y descentralizados y cualquier entidad o persona que reciba  o maneje recursos públicos. Está adscrita al poder legislativo en virtud de su carácter representativo, por ello se asume que la auditoría es el órgano vigilante, fiscalizador, de la representación popular sobre el dinero público.

* Maestro en Derecho Constitucional U. de G.  jimenezabogado@gmail.com

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