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Quieren Recuperar Control de Medios

Académicos del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales de la Universidad de Guadalajara exigen a los legisladores que protejan “el derecho a la información y la libertad de expresión y de manifestación a través de internet”, al momento de legislar sobre las reformas secundarias de la Ley de Telecomunicaciones.

Para lograrlo, aseguran, deberán rechazar “la propuesta del Ejecutivo Federal de bloquear, inhibir y anular señales de internet bajo el pretexto de sospecha de la vulnerabilidad de la seguridad del Estado”.

Los investigadores establecen su postura a través de un documento en el que además exigen el respeto a las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que garanticen un arbitraje imparcial y autónomo a las grandes empresas de telecomunicaciones y radiodifusión y que impulse reglas claras e incluyentes para el otorgamiento de concesiones para medios públicos y de uso social.

En un cuarto punto, exigen “que la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones garantice la neutralidad de redes y rechazamos propuestas que dejen en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales”.

 

El investigador Tonatiuh Lay Arellano señala que “en marzo de 2013, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la cual entre varios aspectos, permitiría a los medios públicos y comunitarios tener una participación mayor, así como el aumentar los derechos de los consumidores, las audiencias, el de réplica, y fomentaría la producción local”.

Agrega que sin embargo, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por el ejecutivo el 24 de marzo de 2014, diluye todas estas “promesas” y amenaza con convertirse en una Ley Televisa 2.0.”

Por lo anterior, organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (Amic) y el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) entre otros, así como diversos investigadores y académicos de la temática, han denunciado el retroceso que implica esta iniciativa, que además de no cumplir con lo plasmado en la Reforma constitucional, se trata de un texto inconstitucional, “que además amenaza con socavar los derechos de acceso a la información, comunicación y privacidad en internet, al poder intervenir ante “sospecha” de vulnerabilidad de la seguridad nacional, sin que la autoridad judicial ordene acciones de intervención o detención”.

Agrega en su documento que “la interpretación que diversos académicos le han dado a la postura de la iniciativa del Ejecutivo, es que el gobierno pretende recuperar el control de los medios electrónicos de comunicación, tal como lo tuvo hasta la década de los noventa.

“Por otro lado, las propias empresas de telecomunicaciones han expresado su descontento a través de análisis técnicos que advierten de los problemas que se ocasionarían al sector con la aplicación de una ley como la propuesta por el Presidente”.

Los académicos adscritos al Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales, “nos adherimos a los comunicados emitidos por la Amedi, el Coneicc y la Amic, dado que la política de telecomunicaciones es una materia de tal importancia que impacta en el ámbito económico, político y social de México, pero sobre todo en nuestro contexto de Sistema de Universidad Virtual”.

El documento es firmado por Hilda Adriana Ayala Rubio, Gerardo Coronado Ramírez, María Elena Chan Núñez, Adriana Loreley Estrada León, Leticia Galindo González, Israel Tonatiuh Lay Arellano, José Luis Mariscal Orozco, Rafael Morales Gamboa, Adriana Pacheco Cortés y Marco Antonio Pereida Alfaro.

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