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Quieren Colgar en la Plaza al Primer Magistrado

Mientras Zapopan advierte y cuadra sus intenciones de llevarlo a juicio político, el magistrado del Tribunal Administrativo Alberto Barba se defiende y asegura que “la autoridad se molesta porque creen que estamos por encima de ellos pero nosotros somos jurisdiccionales. Nosotros no otorgamos permisos, lo que nosotros sancionamos es el silencio de la autoridad en darle la razón o rechazar al ciudadano”.

Podremos estar o no de acuerdo con el trabajo de los magistrados que han echado a perder la imagen de la ciudad y que tarde o temprano colapsará, pero el problema es el linchamiento previamente anunciado, a pesar de que también la han sacado provecho a las irregularidades.

El problema es la soberbia de culpar a otros de los errores propios y aplicar la justicia de manera selectiva porque sus amigos jamás serán sancionados y vaya que también cuentan con una buena cartera, si se toma en cuenta que los amigos, amigos, desde hace mucho tiempo se han dedicado a la construcción y gracias a ellos han podido aportar a las campañas políticas.

Detrás de ellos, las intenciones son muy claras desde que las nuevas autoridades se hicieron cargo del poder, si le hacemos caso a las amenazas del coordinador de Gabinete en Guadalajara, Hugo Luna, cuando advierte que los magistrados tiemblan ante un manotazo del alcalde Enrique Alfaro y que cuenta con los diputados suficientes para llevar y colgar a la plaza pública a los magistrados.

Como en tiempos de la inquisición cuando se esperaban autoridades por lo menos más mesuradas.

En el mismo sentido, el coordinador de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso habla de reformas para desaparecer al Tribunal Administrativo o por lo menos crear un órgano encargado de que vigile las determinaciones que tome, mientras el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, impone multas a quienes hayan construido edificios más allá de la norma.

La máxima, también en esta administración se arregla todo con un billete de por medio y desde el congreso creamos las condiciones para poner a nuestros magistrados afines.

“Desconozco qué intenciones tengan, pero es claro que me quieren meter a la cárcel”, dice el magistrado Alberto Barba de visita en el Programa el Timbre, que recién se estrenó en el 12.50 de A.M., donde dijo que la responsabilidad del TAE es resolver conforme a derecho, si la autoridad no responde las solicitudes de los particulares en un periodo de 30 días la omisión es por parte de ellos no del tribunal que lo único que hace es dar luz verde a quien cumpla con todos los requisitos.

Ante la solicitud de juicio político que el alcalde de Zapopan Pablo Lemus esta impulsando en su contra con el argumento del actuar indebido del magistrado en siete ocasiones, con la autorización de gasolineras, permisos para anuncios espectaculares y construcciones de fraccionamientos, como es el caso del complejo habitacional Bosque Encantado, Alberto Barba dijo desconocer las causas que están detrás de dicha solicitud “yo soy abogado, y claro que buscaré defenderme: podrán inhabilitarme, o retirarme de mis funciones pero será por hacer bien mi trabajo”.

Añadió que sus resoluciones son apegadas a derecho y prueba de ello es la cantidad de trabajo que tienen en el TAE “tan solo el año pasado resolvimos 10,422 demandas y este año esperamos cerrar en 16,000”.

A las autoridades se les olvidan muchos detalles y corren el riesgo, por la soberbia que los ha caracterizado, de que se queden a la mitad de sus anunciadas intenciones.

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