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Perfil Político: Una Bomba de Tiempo

Por Luis Alberto ALCARAZ

ADMINISTRANDO EL RELOJ. Para el alcalde Ramón Guerrero Martínez debe ser frustrante tener que destinar millones de pesos al pago de laudos perdidos por administraciones pasados. En tiempos de crisis, cuando son más los diablos que el agua bendita, cada millón de pesos cuenta, sobre todo en temporada prelectoral, de ahí la reticencia del alcalde a cumplir con los ordenamientos de tribunales superiores que ordenan el pago inmediato de fuertes cantidades de dinero. Ignorante del derecho como ha demostrado serlo, en parte porque su formación es como Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información y no como abogado, el alcalde de Puerto Vallarta se ha convertido en un temerario que juega con fuego tratando de administrar el reloj y pelotear a la siguiente administración el pago de laudos millonarios. Para su desgracia todavía le quedan 17 meses de gobierno, o menos si acaso decide abandonar la alcaldía para postularse para un nuevo cargo el año entrante, así que inevitablemente tendrá que abrir la chequera so pena de pagar costosas consecuencias que van desde la simple amonestación hasta la destitución. Sin una correcta asesoría, el alcalde cree que puede evadir la ley por un largo tiempo, pero podría estar equivocado.

SÁLVESE QUIEN PUEDA. Temerosos de la tormenta que ven venir, algunos regidores de oposición como Tito Yerena, Adrián Méndez y Humberto Muñoz buscan la forma de ampararse para evitar la quemazón en caso de que se presente. Pierden igualmente su tiempo porque no podrán conseguir un amparo en contra de un acto jurídico que aún no existe. Si llegado el momento algún tribunal ordenara una sanción penal o administrativa contra estos regidores, entonces sí podrán recurrir a la ley para demostrar que ellos siempre estuvieron a favor de cumplir con los ordenamientos judiciales y que ha sido el alcalde Ramón Guerrero quien se ha negado a someter al pleno del ayuntamiento esos temas para que sea la mayoría la que resuelva qué hacer. El problema es que ante un fallo judicial de esta naturaleza no hay nada qué hacer, en su momento Gustavo González Villaseñor tuvo que pagar sumas millonarias como resultado de juicios laborales o administrativos perdidos durante las administraciones panistas. Al mismo Javier Bravo le tocó pagar laudos millonarios derivados de otras administraciones, como ocurrió con el famoso asunto del terreno de Fluvial Vallarta que fue dado en dación de pago por una deuda que originalmente ni siquiera llegaba a los 80 mil pesos pero que con el tiempo significó la pérdida de un predio público valuado en más de 25 millones de pesos.

DURA LEX, SED LEX. Durante la pasada administración el alcalde Salvador González Reséndiz se dedicó a postergar los graves problemas que le heredó Javier Bravo Carbajal. Con una institucionalidad a toda prueba Chava González aguantó vara y jamás pronunció una palabra crítica en contra de su antecesor. Gracias a sus buenas relaciones políticas y a su capacidad administrativa Chavita hizo malabares para controlar la pesada deuda pública y pagar algunos laudos urgentes, peloteando otros como el del estacionamiento de El Pitillal, asunto en el cual una empresa privada alega pagos por cerca de 80 millones de pesos por un incumplimiento de contrato ocurrido durante el trienio de Gustavo González Villaseñor. Por desgracia El Mochilas carece de los recursos necesarios para sacarle la vuelta a estos asuntos y prefiere ignorarlos abiertamente, como si con ello pudiera desaparecerlos. Ante los reclamos de pago que le hacen diversos actores, el alcalde Vallarta advierte que no está dispuesto a pagar porque ese dinero público es más urgente en obras públicas. Incluso ha llegado a amagar con realizar una consulta pública para que el pueblo decida si se pagan los laudos reclamados o si se destina ese dinero a diversas obras públicas. Pero estos recursos populistas no valdrán de nada cuando un juez se anime a aplicar definitivamente la ley.

MÁS TARDE QUE TEMPRANO. Hace algunos meses todos los regidores de Puerto Vallarta fueron sancionados con cerca de tres mil pesos por haber incumplido un laudo, y sólo gracias a que el monto de la multa fue mínimo no se armó un verdadero escándalo. Sin embargo pudiera darse una orden para que todo el pleno sea destituido por negarse a cumplir con un fallo judicial. No sería algo novedoso, en realidad es más común de lo que parece debido a la necedad o la incapacidad financiera de algunos alcaldes del país para afrontar conflictos de este tipo. Así que aunque le reviente el hígado, el alcalde Ramón Guerrero tendrá que destinar buena parta del presupuesto de egresos al pago de laudos millonarios que en la mayoría de los casos habrían sido improcedentes si el área jurídica del ayuntamiento hubiese puesto interés en enfrentarlos de manera oportuna. Lo peor de todo es que la próxima administración seguramente se verá obligada a pagar laudos millonarios derivados de despidos injustificados originados al comienzo de esta administración. Resulta difícil de creer que un político como Ignacio Guzmán García, que siempre ha presumido manejarse dentro de la ética y la legalidad, haya ordenado infinidad de despidos sin cuidar las formas, lo cual en el largo plazo terminará generándole un alto costo al gobierno municipal, sin embargo para entonces El Mochilas ya estará muy lejos y hasta disfrutará cuando lleguen a embargar a su sucesor.

POSDATA. Pese a que por más de 18 meses ha formado parte de la mayoría de ediles controlados por el alcalde Ramón Guerrero, finalmente Otoniel Barragán se atrevió a formalizar por escrito su deslinde de la bancada del Movimiento Ciudadano para conformarse como una fracción perteneciente al Partido del Trabajo. Ante la cercanía de los tiempos electorales el Tlatoani pata salada empieza a deslindarse del Mochilas y se prepara para explotar su condición de dueño de la franquicia del PT en Puerto Vallarta.

VOX POPULI. Puerto Vallarta la segura, Puerto Vallarta la tranquila, es noticia a nivel nacional desde el viernes pasado a raíz de que el gobierno federal dio a conocer la detención de un presunto operar del Cartel Jalisco Nueva Generación que se encargaba de manejar la plaza de Puerto Vallarta y otros municipios de la sierra. Sin disparar ni un tiro los federales lograron la captura de este personaje que tranquilamente operaba en una residencia de Marina Vallarta. Ojalá que este suceso no rompa la relativa armonía que existe entre los grupos criminales que operan en la ciudad, quienes civilizadamente resuelven sus diferencias sin realizar balaceras en la vía pública.

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