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Perfil Político: Pensiones, Delito Grave

Por Luis Alberto ALCARAZ

GRACIAS DE NADA. Años después de uno de los mayores atracos al patrimonio de miles de trabajadores al servicio del estado, los diputados locales de Jalisco se ponen las pilas y pretenden castigar a quienes “retengan o desvíen por cualquier motivo lo que se le descuenta a los trabajadores para pensiones”. El asunto no es menor, al menos en Puerto Vallarta desde el gobierno de Javier Bravo fueron desviados casi 200 millones de pesos, dinero que fue descontado del sueldo de los trabajadores del ayuntamiento con la finalidad de aportar a su fondo de Pensiones, sin embargo ese dinero nunca fue entregado a la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, sin que hasta el momento se sepa con claridad a dónde fue a parar. Lo de menos es que ese dinero se haya destinado al gasto corriente o al pago de deuda pública, sin embargo jamás se ha realizado una investigación a fondo que responda estas interrogantes. Lo único cierto es que en los dos últimos trienios se generó un quebranto a Pensiones del Estado por cerca de 200 millones de pesos, lo cual afecta directamente a cientos de empleados municipales quienes desde hace años no tienen derecho a acceder a los beneficios de Pensiones del Estado, como préstamos personales y préstamos para compra de vivienda o vehículo.

CUENTOS CHINOS. Pese a la presunta denuncia que en su momento presentó el sindicato de empleados municipales en contra de la administración de Javier Bravo, jamás ninguna autoridad hizo el mínimo intento por investigar este robo y castigar penalmente a los responsables. La actual administración que encabeza Ramón Guerrero sólo se ha dedicado a contabilizar el adeudo y buscar formas de pago, como el proyecto de entregar a Pensiones del Estado el nuevo edificio de la Unidad Municipal Administrativa en dación de pago. Ante los graves problemas del municipio la única opción que tienen nuestros políticos es seguir rematando el patrimonio municipal, como lo hizo Salvador González Reséndiz, quien remató al menor postor infinidad de predios municipales a precio de ganga. La UMA es un moderno edificio que debiera ser la sede total del gobierno municipal, pero por capricho de los actuales regidores ha sido condenado a operar a media capacidad, bajo amenaza de ser entregado a Pensiones del Estado como pago por la millonaria deuda que arrastra el municipio. Lo verdaderamente lamentable en todo esto es la decisión de nuestros políticos de no investigar a detalle qué pasó con esos 200 millones de pesos, lo cual implica un encubrimiento evidente.

DIPUTADOS TRABAJANDO. Por fortuna a nuestros diputados ya se les ocurrió una forma muy creativa de enfrentar el problema: crear en el Código Penal de Jalisco la figura de “delito especial” para castigar a quienes incurran en esta conducta de desvío de fondos para pensiones. La iniciativa es ridícula porque seguramente ya existe en el código penal y en la ley de servidores públicos una figura legal que permita proceder en contra de los funcionarios de diversos municipios de Jalisco que han incurrido en este problema, especialmente en los municipios de Guadalajara, Tonalá y Puerto Vallarta. El problema es que por tratarse de un nuevo ordenamiento legal no podrá aplicarse a los responsables de los desvíos actuales ya que como es bien sabido ninguna ley puede ser retroactiva. La iniciativa impulsada por el diputado panista Gildardo Guerrero Torres ha sido respaldada por la mayoría de sus compañeros en el Congreso, lo cual asegura que será una realidad, pero por ser de nuevo cuño el llamado delito especial no podrá ser aplicado a quienes desviaron 200 millones de pesos de los empleados municipales de Puerto Vallarta.

JUSTICIA Y GRACIA. Contrario a lo prometido en su campaña y en su discurso de toma de posesión, el alcalde Ramón Guerrero cambió de tónica y decidió no proceder penalmente en contra de quienes presuntamente incurrieron en desvío de recursos públicos durante la pasada administración. Tras asegurar que la deuda pública de Puerto Vallarta supera los 3 mil millones de pesos, el Mochilas no volvió a tocar el tema, sin que hasta el momento se sepa con certeza a cuánto asciende el adeudo. De manera especial la regidora Susana Carreño ha sido puntillosa sobre el tema, pero ni siquiera su alta investidura ha sido suficiente para obtener información confiable. Esa diferencia de criterios ha formado dos bloques al interior del ayuntamiento, lo cual se manifestó el sábado pasado cuando la mayoría de ediles no acudió a la sesión extraordinaria convocada para el sábado a las 12:30 del día. Al salón de cabildos solamente acudieron los regidores incondicionales al Mochilas: Doris Ponce, Pitas Pelayo, Luis Munguía, Guadalupe Anaya, Oscar Ávalos y Jesús Anaya. Los otros regidores optaron por reunirse en la casa de Tito Yerena, alegando no estar enterados de la convocatoria. El tema de la sesión extraordinaria era la aprobación de un pago de 10 millones de pesos a la empresa Envir Eau de México como anticipo de una deuda de 29 millones que el municipio tiene con la empresa concesionaria del relleno sanitario.

POSDATA. En este contexto, es lamentable la incapacidad del Congreso del Estado y de los regidores de Puerto Vallarta para investigar a fondo quiénes fueron los responsables del desvío de 200 millones de pesos por concepto de cuotas de los trabajadores municipales que debieron ser entregadas a Pensiones del Estado. En lugar de eso proponen la creación de un nuevo concepto de delito que pretende castigar a quienes en el futuro incurran en ese tipo de desvío. Lo dicho, impunidad para todos, borrón y cuenta nueva.

VOX POPULI. Pese a los esfuerzos realizados por el grupo gobernante en el ayuntamiento de Puerto Vallarta están muy lejos de alcanzar la paz y la armonía interna. Por el contrario, la cercanía de los tiempos electorales generará una guerra de mayor intensidad ya que empezarán a disputarse el poder en el mediano y largo plazo, más allá del final de este trienio. Esa ceguera política les impide ver que no habrá futuro para el Movimiento Ciudadano más allá de esta administración debido a que el electorado vallartense toma nota de su comportamiento y difícilmente les dará el voto mayoritario en la próxima elección.

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