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Perfil Político: ¿Concesiones Para qué?

Por Luis Alberto ALCARAZ

CONSTITUCIÓN MANDA. De acuerdo al Artículo 115 Constitucional, los municipios del país tendrán a su cargo los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública y “los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”. El mismo artículo establece la posibilidad de que cuando sea necesario los ayuntamientos podrán celebrar convenios con el gobierno del estado para que este, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos. En el caso de Puerto Vallarta, el ayuntamiento cedió al gobierno estatal su facultad de operar el servicio de agua potable y alcantarillado a través del Seapal, un organismo paraestatal descentralizado que desde el 8 de diciembre de 1977 se hace cargo de todo lo relacionado con el manejo de agua potable y drenaje en el municipio. El resto de servicios públicos fueron asumidos con mayor o menor efectividad por los sucesivos gobiernos municipales, aunque por lo general siempre ha prevalecido la impresión de que los gobiernos municipales han sido incapaces de prestar de manera eficiente servicios tan importantes como la seguridad pública, el alumbrado público y la recolección de basura y destino final de residuos sólidos.

GOBIERNOS INCAPACES. En realidad son pocos los ayuntamientos que han sido capaces de ofrecer servicios públicos de manera aceptable, particularmente en el área de seguridad pública, aseo público, alumbrado, calles y relleno sanitario, como es el caso de Puerto Vallarta. Históricamente la recolección de basura ha sido mala y el relleno sanitario inexistente ya que sólo se dedicaban a acumular basura en tiraderos a cielo abierto. Otros servicios en cambio han sido prestados por el gobierno vallartense de manera aceptable, como es el caso del rastro, los panteones y los mercados. Del servicio de central de abasto nunca se ha tomado en cuenta, lo cual en Vallarta ha sido lamentable porque la ciudad ya requiere una buena central de abastos. De manera permanente, el coco de los sucesivos gobiernos municipales ha sido el de la recolección de basura, alumbrado público, seguridad pública y relleno sanitario, con épocas de la historia en que algunos han hecho crisis, como fue la inseguridad pública en tiempos de Efrén Calderón Arias y el relleno sanitario en la época de Javier Bravo. Esta incapacidad por prestar un eficiente servicio de disposición de la basura animó al gobierno de Gustavo González Villaseñor a promover la primera concesión para privatizar un servicio público, el del tratamiento y disposición final de la basura otorgada a la empresa Envir Eau de México S.A.

COSAS BUENAS QUE PARECEN MALAS. Por desgracia detrás de la urgencia de otorgar un buen servicio de relleno sanitario quedó claro que había la intención de beneficiar a particulares con el otorgamiento de esa polémica concesión, como lo demostró el hecho de que la empresa Envir Eau repartió generosamente varios millones de pesos entre funcionarios y regidores del gobierno de Gustavo González Villaseñor para que la licitación fuera aprobada por el pleno del ayuntamiento. Ese tufo de corrupción que envolvía a la concesión animó al sucesor de Gustavo González Villaseñor a cancelar la concesión, demostrando durante tres años que el municipio podía fácilmente hacerse cargo de un buen relleno sanitario a bajo costo. Pero si Javier Bravo se negó a respetar la concesión para el relleno sanitario, en cambio intentó concesionar el servicio de recolección de basura hacia el final de su trienio, aunque para su desgracia el ya alcalde electo Salvador González Reséndiz operó en su contra para que no cristalizara el proyecto. Ya instalado en la presidencia municipal, Salvador González Reséndiz no tuvo problemas para otorgar la concesión a una empresa particular, aunque por desgracia la ciudadanía nunca se ha demostrado satisfecha por la calidad del servicio prestado por la empresa privada.

UNA OPORTUNIDAD DE ORO. Comprometido a cambiar la historia, no a repetirla, el alcalde Ramón Guerrero Martínez se contradice al impulsar la concesión del servicio de alumbrado público bajo el argumento de que el municipio es incapaz de prestar tal servicio. Pero antes de privatizar el servicio de alumbrado público el alcalde Guerrero haría bien en realizar los estudios necesarios para demostrar si con las privatizaciones del aseo público y el relleno sanitario el municipio ha salido ganando o si por el contrario esas concesiones sólo han beneficiado a los particulares que las ostentan. Sería de gran utilidad establecer cuánto le costaba al municipio recoger su basura y cuánto paga a la empresa particular por hacerse cargo del servicio, al tiempo que se aplica una encuesta de opinión para establecer con claridad si la ciudadanía está satisfecha, aunque de antemano es evidente que no porque la ciudad sigue siendo un auténtico muladar en muchos calles y colonias. En el caso del alumbrado público, el alcalde asegura que ese servicio le cuesta al municipio 50 millones de pesos al año, por lo que si se concesiona a una empresa el servicio será de mayor calidad a mejor costo. La duda estriba en por qué el ayuntamiento es capaz de brindar un servicio de calidad si cuenta con la nómina y el personal necesarios para ello. En la actualidad muchos municipios del país se han sometido a programas de renovación de alumbrado público que les ha permitido reducir notablemente sus costos mediante el uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué Puerto Vallarta no puede avanzar en esa ruta?

POSDATA. Peor todavía, el entonces alcalde Javier Bravo Carbajal destinó 145 millones de pesos al pago de 23 mil luminarias antivandálicas con la promesa de que ello serviría para mejorar el servicio y bajar su costo. Por lo visto Javier Bravo mintió, pero ninguna autoridad lo ha llamado a cuentas a pesar de que reiteradamente se ha denunciado un fraude descomunal en la compra de esas luminarias.

VOX POPULI. Para acabar con la sospecha que envuelve a su proyecto de concesionar el servicio de alumbrado público, el alcalde Ramón Guerrero está obligado a aportar los números que nos convenzan de las bondades del proyecto. ¿Qué pasará con todo el personal de Alumbrado Público una vez que el servicio sea privatizado? Porque resulta que el ayuntamiento sigue pagando cada mes cerca de 2 millones de pesos por concepto de nómina del personal del Departamento de Aseo Público pese a que el servicio está concesionado desde hace tres años. Resulta ridículo que el municipio pague no menos de 30 millones de pesos al año por un departamento cuyo servicio principal está concesionado a dos empresas. En el caso de Alumbrado Público, la nómina representa un promedio de 1.5 millones de pesos al año, lo que implica que la mayor parte del presupuesto anual de 50 millones de pesos es destinado al pago de energía eléctrica contratado con la CFE, costo que se puede reducir notablemente mediante el uso de luminarias inteligentes, algo que evidentemente hará la empresa que se quede con la concesión, porque de lo contrario no habría negocio.

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