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Perfil Político: El Mochilas y la Piratería

Por Luis Alberto ALCARAZ

COMO LA CRUZ ROJA… En abierta campaña por la presidencia municipal de Puerto Vallarta, el diputado local panista Ramón Demetrio Guerrero Martínez empieza caminar en círculos, poniéndose en riesgo de morir como el pez, por su propia boca. Y es que en su afán por ir a todas, la semana pasada agarró una auténtica papa caliente cuando durante un recorrido por el centro de El Pitillal se comprometió a brindar asesoría legal a un grupo de comerciantes que han sido afectados por los operativos Anti Piratería. Según el boletín de prensa difundido por el propio aspirante a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, varios vendedores se quejaron de que además del decomiso de la mercancía pirata que venden, algunos de ellos han sido detenidos por la autoridad y sus familiares se han visto obligados a pagar hasta 200 mil pesos por su liberación. Por desgracia el boletín de prensa del Mochilas es bastante parcial y tendencioso, principalmente porque no aclara a qué autoridad están denunciando los quejosos, haciendo sentir que es una queja en contra del gobierno municipal –de Salvador González- cuando en realidad la única autoridad competente para intervenir en asuntos de Piratería es la PGR, dependencia directa del gobierno federal que está en manos del PAN.

 PAN CON LO MISMO. Evidentemente que estamos ante un asunto muy grave ya que la denuncia de los comerciantes en torno a la extorsión que sufren es muy delicada, por lo que bastaría con que el diputado federal se comunicara telefónicamente con el nuevo delegado de la PGR en Jalisco para hacer de su conocimiento lo que está pasando en Puerto Vallarta. Seguramente la titular de la PGR, Marisela Morales, sería la más interesada en conocer los detalles del problema, especialmente en estos momentos en que ella encabeza una depuración general de la dependencia motivo por el cual prácticamente cambió al 80% de delegados de la PGR en todo el país, incluyendo por supuesto al de Jalisco. Pero en lugar de tomar el toro por los cuernos el Mochilas optó por salirse por la tangente, ofreciendo a los denunciantes una asesoría legal para enfrentar sus problemas. Habría bastado con darles el número LADA 800 de la PGR o de la Secretaría de la Función Pública para que de manera anónima los comerciantes denuncien directamente a los policías corruptos que les exigen 200 mil pesos por dejarlos trabajar, pero el diputado prefirió darles atole con el dedo, sabedor del terreno pantanoso en que se estaba metiendo.

 LAS CUENTAS CLARAS. Por principio de cuentas el legislador debió advertirles a los comerciantes de El Pitillal que, contrario a lo que ellos piensan, la venta de productos piratas no es una actividad legal y honesta, por el contrario, se trata de un comercio altamente penalizado por las leyes federales, por lo tanto, además del decomiso de la mercancía y clausura del local, procede la detención de los comerciantes involucrados, quienes serán merecedores de duras penas carcelarias. Por lo mismo, esa característica de ilegalidad que envuelve a los comerciantes de productos piratas es la que favorece la extorsión de parte de malos funcionarios. Sin embargo la solución es más simple de lo que parece: en primer lugar hay instancias muy definidas para hacer la denuncia correspondiente, y en segundo lugar, los comerciantes deben convencerse de una vez por todas que ya no es bueno dedicarse al comercio de productos piratas porque corren un grave riesgo de terminar encarcelados. Y es ahí donde el diputado tiene una enorme oportunidad para cambiarles realmente la vida, gestionándoles créditos para dedicarse a giros que están dentro de la ley.

 TAPANDO EL SOL… El problema es que, en lugar de hablarles con la verdad, en lugar de decirles que al vender productos piratas se convierten en delincuentes federales, El Mochilas prefiere darles atole con el dedo para ganarse su confianza prometiéndoles una asesoría legal que de nada les servirá en el caso de que se empeñen en seguir vendiendo productos piratas. Es creíble la denuncia que hacen los comerciantes en cuanto a que les exigen 200 mil pesos por dejarlos libres, por eso es obligado que Ramón Guerrero utilice sus conexiones para lograr que la PGR haga una limpia de malos elementos de Puerto Vallarta, pero eso no resolverá el problema porque si los comerciantes siguen vendiendo piratería las nuevas autoridades estarán obligadas a combatirlos, de ahí la necesidad de que cambien de giro. Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, porque está cañón generar empleos en estos tiempos de crisis en donde todo se va en pagar impuestos, rentas y recibos de luz. Está claro que este gobierno no es experto en generar opciones para el crecimiento de nuevas empresas, y El Mochilas forma parte de ese mismo sistema, por eso para él lo más simple es fingir que se solidariza con los jodidos, darles su apoyo moral y regalarles un atado de láminas de cartón para que ya no tengan goteras en sus casas.

 POSDATA. Tienen toda la razón estos comerciantes cuando se quejan de que en El Pitillal hay grandes tiendas que se dedican a la venta de piratería a gran escala sin que nadie las moleste. En realidad es evidente que estos “grandes” comerciantes pagan fuertes cantidades de dinero a cambio de ser tolerados por las autoridades que deberían combatirlos. Esperamos que El Mochilas denuncie esta grave situación ante el gobierno federal y muy pronto El Pitillal, y todo Vallarta entero, esté libre por completo de la piratería y la corrupción policial.

 VOX POPULI. La balacera registrada en el estacionamiento de conocidos condominios ocurrida la semana pasada es un indicio más de que el crimen organizado ya opera a gran escala en Puerto Vallarta sin que la policía municipal –de Jorge García- tenga la mínima capacidad de hacerle frente. Vamos a ver hasta cuándo.

 

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