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Perfil Político: El Fundo Legal ya se Pudrió

Por Luis Alberto ALCARAZ 

LA TERCERA NO ES LA VENCIDA: Una vez más el proyecto del censo enfitéutico del centro de Puerto Vallarta nació muerto, como muerto nació durante los gobiernos de Efrén Calderón Arias y Gustavo González Villaseñor, quienes equivocaron la estrategia al plantear la necesidad de regularizar el fundo legal de Puerto Vallarta como un mecanismo para llenar de dinero las arcas municipales. Hoy, en el tercer intento, el proyecto empezó mal cual se permitió que creciera el rumor de que el ayuntamiento pretendía cobrar una fuerte cantidad de dinero a los poseedores de los terrenos ubicados dentro del fundo legal, terrenos que por supuesto son propiedad de quienes tienen la posesión, pero por desgracia ninguno de ellos tiene escrituras de propiedad, sino simples cartas de posesión, con todas las limitaciones legales que ello implica. Por desgracia la óptica aplicada por el gobierno de Salvador González Reséndiz fue errada porque se planteó como un recurso para allegar dinero a las quebradas arcas del municipio, cuando en realidad la única forma de resolver el problema es planteándolo como si el ayuntamiento fuera a  remediar un añejo problema de los habitantes del fundo legal, para lo cual lo único que se puede aspirar a cobrar es el trámite administrativo, pero de ninguna forma un cobro adicional por concepto de regularización.

 LOS POBRES RICOS. Ni duda cabe que los terrenos ubicados en el fundo legal de Puerto Vallarta son los más valiosos de Puerto Vallarta, gracias a eso muchos de sus propietarios viven de sus rentas ya que se dan el lujo de cobrar rentas en dólares superiores a los 10 mil mensuales por algunas de sus propiedades ubicadas en el centro de la ciudad. No pagaron ni un peso por esas tierras, pero como herederos que son de los viejos

 vallartenses forman parte de una sociedad muy agredida por el explosivo crecimiento de la ciudad, lo cual los lleva a asumir actitudes realmente lamentables, como la de no aportar ni un peso para proyectos tan ambiciosos como la remodelación del centro histórico, proyecto que les ha permitido la renovación completa de sus fachadas completamente gratis. Si fueran ciudadanos participativos seguramente estarían dispuestos a aportar a partes iguales el costo de remodelación de sus fachadas, pero como ni siquiera se los plantearon pues simplemente se dejan querer y permiten el regalito. Pero cuando surge la posibilidad de que el municipio les regularice sus predios a cambio de un cobro específico, de inmediato ponen el grito en el cielo como si fueran habitantes de Campestre las Cañadas, una de las zonas más populares del municipio.

 OPORTUNISMO POLÍTICO. El simple anuncio de que el municipio preparaba un  proyecto para emprender la regularización del fundo legal activó las alarmas en las buenas conciencias vallartenses y de inmediato se armó la mitotera, lo que permitió el oportunismo político de personajes como Miguel Ángel Rodríguez Herrera, quien de sus denuncias penales en contra de Javier Bravo pasó a convertirse en el abanderado de la defensa del fundo legal sin tomarse la molestia de aportar un poco de claridad jurídica al conflicto. Y es que, contrario a lo que dicen algunos que se presumen expertos, está claro que el fundo legal es propiedad del municipio de Puerto Vallarta, no de un alcalde o de un síndico, sino de un ayuntamiento, de un municipio, de una sociedad entera. Basta estudiar un poco la figura del Fundo Legal para tener claro que se trata de una extensión de terreno que fue dotada para el asentamiento de determinada población. En muchos de los casos esas tierras provenían de ejidos, en otros fueron producto de expropiaciones a particulares o donaciones de particulares. En el caso de Puerto Vallarta pareciera que el fundo legal fue una donación de la empresa Unión de Cuale, lo cual fue mucho antes de que se formara el ejido Puerto Vallarta precisamente con terrenos expropiados a esa empresa minera. Por lo mismo, cuando se creó el Fideicomiso Puerto Vallarta expropiando grandes extensiones de tierra del ejido Vallarta el fundo legal quedó fuera de ese proceso. Por lo tanto, jurídicamente el fundo legal es propiedad del municipio puesto que sobre él se fundó lo que hoy es la cabecera municipal, aunque de facto los propietarios reales son quienes desde entonces tomaron posesión de esos predios para dar forma a la población que hoy es Puerto Vallarta.

 UN PEQUEÑO OLVIDO. Lo que faltó en todo este proceso fue que el ayuntamiento emitiera títulos de propiedad a favor de los posesionarios de terrenos en el fundo legal, lo cual permitió el vacío legal del que hoy todos pretenden sacar raja. Basta dar una pequeña búsqueda en Google para comprobar la gran cantidad de pueblos en México y América Latina que se encuentran en condiciones similares, porque la figura del fundo legal fue recurrente en la época de la colonia. Por desgracia la falta de operación política del ayuntamiento generó que el asunto se politizara, al grado de que más le conviene al alcalde Salvador González dar carpetazo al asunto antes de entramparse en un pleito gratuito que no le generará ninguna ganancia. De manera insolente algunos ciudadanos que dicen encabezar a los habitantes del fundo legal aseguran que el ayuntamiento no tiene nada que ver en el conflicto y por lo tanto cancelan cualquier diálogo con el presidente municipal. A cambio piden la intervención del gobierno de Jalisco para que a través de la figura de la expropiación se resuelva su situación. Es una pena que no tengan la menor idea de lo que significa una expropiación, porque para expropiar un terreno tiene obligadamente que haber un dueño, al cual se le pagará la indemnización correspondiente. ¿A quién se le expropiará entonces el fundo legal de Puerto Vallarta? Porque si eso ocurre se estará admitiendo que hay un propietario y por lo tanto hay que pagarle sus derechos.

POSDATA. A pesar de que en las primeras acciones los posesionarios del fundo legal presumieron que se trata de un movimiento social sin tintes políticos, en la primera reunión formal del grupo participaron activamente el abogado Miguel Ángel Rodríguez Herrera, Arturo Dávalos y Ricardo Ponce Ibarría, éste último titular del Registro Público de la Propiedad Privada, quien aseguró que el municipio carece de atribuciones para regularizar el fundo legal, lo cual está por verse. Este joven funcionario es hijo de Pina Ibarría, quien a su vez despacha como representante de Pensiones del Estado en la región.

 VOX POPULI. Con infinidad de expedientes realmente vitales para el funcionamiento del municipio, el alcalde Salvador González Reséndiz se hará un gran favor si se retira de inmediato del tema del fundo legal, porque no sacará ni un peso partido por la mitad y en cambio se someterá a un gran desgaste y arrastrará el PRI en el conflicto. Si los posesionarios del fundo legal, que debieran ser los más interesados en resolver su situación, desacreditan al ayuntamiento y lo descalifican, entonces nada tiene que hacer el municipio en esa danza. Que con su pan se lo coman.

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