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Perfil Político de Vallarta: Ya Están Tocando la Puerta

Por LUIS ALBERTO ALCARAZ 

EL INCIDENTE. El presunto intento de secuestro que sufrió esta semana el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Paniagua, es la confirmación de un hecho más que evidente: el estado va perdiendo la guerra en contra del crimen organizado. Aunque el intento de secuestro fue desmentido por el propio Paniagua en el fondo sirve de evidencia para algo que muchos ven a diario en toda la región: el libre tránsito de grupos armados que con la complicidad de diversos cuerpos policíacos se pasean por la zona en cumplimiento de sus tareas. Basta volver la vista a la izquierda o derecha nuestro cuando vamos por las principales avenidas de Puerto Vallarta para corroborar la presencia de vehículos altamente sospechosos en cuyo interior a veces es posible ver hasta el armamento que portan. La perniciosa costumbre que tienen los grupos policiales estatales y federales de viajar en vehículos no oficiales hace más difícil identificar si se trata de grupos policíacos oficiales o si son grupos criminales. Lo único cierto es que el alcalde y el jefe de la policía cuentan con sus camionetas blindadas y sus escoltas personales, el resto de los mortales estamos expuestos a cualquier tipo de agresión. En el caso de Héctor Paniagua, se asegura que se implementó un operativo para protegerlo de cualquier posible agresión a raíz de que se detectó la presencia de un convoy de tres vehículos con no menos de 12 personas armadas a bordo, todas encapuchadas. Por suerte el asunto no pasó a mayores, aunque la policía de Bahía logró disolver el comando obligándolos a abandonar dos de los tres vehículos. Una versión informativa asegura que se logró la detención de uno de los sujetos sospechosos, con lo cual podría conocerse información más certera en torno a los reales propósitos de los presuntos delincuentes.



LOS ANTECEDENTES. Pocos lo saben, pero Héctor Paniagua,

 junto a otros alcaldes de Nayarit, recibió una llamada telefónica en la que se le exigía el pago de una fuerte cantidad de miles de dólares a cambio de no ser molestados por supuestos miembros del grupo delictivo Los Zetas. La forma tan burda en que se pedía este inusitado derecho de piso a los alcaldes nayaritas hizo creer a muchos que más bien se trataba de extorsiones de delincuentes menores, como en realidad parece haber sido. Sin embargo los aprietos que padeció el alcalde Héctor Paniagua nos sirven a todos para entender de una vez por todas que la región ya cambió, que en todos los rumbos de la bahía, sea Jalisco o Nayarit, transitan grupos criminales dedicados al tráfico de droga, al secuestro y a la extorsión. En realidad estas personas han estado asentadas en la zona desde hace muchos años, conviviendo pacíficamente con lo más selecto de nuestra sociedad. La guerra interna que se ha desatado entre estos grupos delincuenciales y la embestida desatada por el gobierno de Felipe Calderón en contra de ellos ha alterado la relativa calma con la que se desempeñaban, redefiniendo los códigos y las reglas, haciendo más factible lo que en términos bélicos se llama daño colateral. Porque mientras en Bahía de Banderas se armaba todo un escándalo ante el presunto secuestro del alcalde, en Michoacán era emboscado el enésimo presidente municipal, en este caso la presidenta priista de Tiquicheo, quien recibió cuando menos 4 balazos en el abdomen que la mantienen al borde de la muerte. En el atentado perdió la vida su esposo José Sánchez, quien recibió diversos impactos de escopeta; esta persona ya había sobrevivido a un atentado similar varios meses atrás, aunque en esta ocasión no corrió con la misma suerte. En los últimos meses han sido frecuentes los atentados contra funcionarios públicos de primer nivel, incluyendo varios presidentes municipales en activo, por eso nadie se opuso cuando el alcalde de Puerto Vallarta decidió comprar una camioneta blindada para su protección principal. Lo mismo debe de hacer a la mayor brevedad el alcalde Héctor Paniagua, porque ya quedó claro que Puerto Vallarta también es una tierra caliente.



BAJO LA LUPA. El incidente en que se vio envuelto Héctor Paniagua, sea cierto o no, debe verse como una señal de lo que podría veneren el corto plazo, cuando termine de romperse el delicado equilibrio que queda en la región entre los grupos criminales y los cuerpos de seguridad. Ese rompimiento se debe en gran medida a un fenómeno cada vez más frecuente: la vinculación entre grupos político y grupos criminales, lo que genera favoritismo y protección a uno de los bandos en pugna y altera las reglas del juego. Mientras el gobierno sea enemigo de los dos bandos el juego puede continuar, lo malo viene cuando desde el poder se toma partido por una facción y se usa la ley para beneficiar a un bando y afectar al otro. Es cuando se acaban las simulaciones y se rompe el precario equilibrio, de ahí la necesidad de establecer mecanismos para garantizar que quienes ostenten un cargo público estén totalmente desvinculados de los grupos criminales. En Michoacán cuando menos 10 presidentes municipales fueron separados de sus cargos y sometidos a procesos penales por presuntos vínculos con grupos criminales como La Familia de Michoacán, en Jalisco y Nayarit es urgente someter a todos los alcaldes a investigaciones de fondo para garantizar que están totalmente libre de esos vínculos indeseables. Cuando eso se logre se habrá dado un paso muy importante en el restablecimiento de un clima de gobernabilidad menos crítico. Al mismo tiempo debe replantearse el esquema actual con el que el gobierno federal pretende derrotar al crimen organizado, porque es bien sabido que la violencia lo único que genera es más violencia. Hasta hoy los grupos criminales se han entretenido matándose entre ellos mismos, pero llegará el momento en que apuntarán hacia otro lado y entonces sí los alcaldes, diputados, gobernadores, altos empresarios, ministros y, por supuesto, connotados periodistas, pasarán a formar parte de la lista de víctimas. Esa película ya la vieron en Colombia, en México todavía no está en cartelera, aunque ya se anuncia el estreno para el próximo verano.



OTRA VEZ LA BURRA AL TRIGO. Tímidamente el gobierno de Jalisco retoma su proyecto de canje de placas, aunque se asegura que no será obligatorio sino únicamente para los autos de modelo nuevo y los que sufran cambio de propietario. Sin embargo, ante los severos problemas económicos que enfrenta el gobierno estatal, no será nada extraño que de la noche a la mañana se decida que el cambio será parejo, obligándonos a todos a desembolsar un mínimo de 790 por las nuevas láminas, un cobro muy elevado si tomamos en cuenta que en otros estados el cobro es inferior a los 600 pesos, e incluso en estados como Guanajuato el canje es gratuito. Por supuesto que hay infinidad de vehículos, especialmente los taxis, que circulan por la ciudad con placas totalmente despintadas, por lo que debería ser obligatorio el cambio, pero aquellos automovilistas cuyas placas estén en buen estado no deben ser obligados a tal gasto. Por desgracia nuestro gobernador no ha resultado muy creativo a la hora de encontrar nuevos mecanismos para obtener mayores recursos económicos, por lo que si no puede concretar mecanismos recaudatorios como el del canje de placas no tendrá más remedio que recurrir a un mayor endeudamiento, para lo cual ya tiene listo el proyecto de un crédito de 2 mil millones de pesos que se sumaría al crédito vigente de 5mil 500 millones, con lo cual la deuda pública de Jalisco ascendería a unos 18mil millones de pesos, lo que implica un endeudamiento del 88% tan solo durante el gobierno de Emilio González Márquez. Y en Puerto Vallarta nos espantamos por la deuda de 450 millones de pesos que el alcalde Javier Bravo le va a dejar a Salvador González Reséndiz.



POSDATA. La Secretaría de Marina ha dado un gran paso en el respeto a los derechos humanos al ser la primera dependencia en emitir una orden contundente a sus soldados para no disparar en contra de vehículos en marcha cuyos conductores se nieguen a hacer alto en los retenes de todo el país. Esta decisión seguramente beneficiará a muchos delincuentes que intentarán darse a la fuga gracias a esta nueva disposición, pero también garantizará que algunos ciudadanos comunes ya no sean cobardemente asesinados por las fuerzas federales tras cometer el error de no detenerse en un retén. Y es que a menudo los presuntos retenes de la marina o el ejército son en realidad retenes clonados por grupos criminales, cuyos integrantes no dudan en falsificar uniformes, vehículos e insignias para perpetrar secuestros haciéndose pasar como cuerpos policíacos oficiales. Ojalá que esta medida también sea tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el resto de cuerpos policíacos, para evitar con las sangrientas confusiones que tantas vidas inocentes han cobrado.



VOX POPULI. El Trife resolvió la nulidad de las elecciones en dos municipios de Jalisco, por lo que se harán nuevas elecciones en Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca. Los panistas lamentan que en esos casos no se hubiera metido el asunto de Puerto Vallarta, donde ya anteriormente el Trife había validado la elección a favor del priista Salvador González Reséndiz.

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