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Perfil Político de Vallarta: Pobres Pero Dignos

Por Luis Alberto ALCARAZ

MALAS NOTICIAS. Cuando en días pasados el gobierno federal anunció la suspensión de subsidios a 172 municipios del país, nadie pareció preocuparse porque Puerto Vallarta aparecía en la lista de los municipios afectados.A pesar de que el subsidio cancelado representa varios millones de pesos, en el ayuntamiento que encabeza Salvador González la noticia no mereció mayor atención. Ni siquiera los regidores de oposición le dieron importancia. A tono con esa actitud, Adrián Gómez Meza, encargado del área administrativa de la policía municipal, aseguró que el problema se deriva del desconocimiento del mecanismo para subir en el portal de licitaciones del gobierno federal las compras realizadas por el ayuntamiento de Puerto Vallarta con recursos federales provenientes del citado Subsemun, trámite burocrático que presuntamente sería resuelto en algunos días. Por desgracia recientemente el gobierno federal dio a conocer un nuevo listado de municipios que habían resuelto sus inconsistencias, lista en la cual por supuesto no aparece el nombre de Puerto Vallarta. Y es que el problema va más allá de un simple problema de software, en realidad el ayuntamiento de Puerto Vallarta ha incumplido con las reglas de operación del Subsemun y por ello ha quedado marginado de ese importante programa federal.

 UN MUNICIPIO RICO. Para un municipio tan rico como Puerto Vallarta, un subsidio federal de 10 millones de pesos debe ser pecata minuta, sin embargo el dinero es lo de menos, lo preocupante es la incapacidad del gobierno municipal de sumarse al enorme esfuerzo federal que se realiza para modernizar los cuerpos policiacos de todo el país. 

Contrario a lo que presume Adrián Gómez, en realidad el motivo de la suspensión del subsidio es el incumplimiento de compromisos que tienen que ver con la profesionalización de la policía municipal tal y como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En términos generales los municipios que reciben este subsidio deben destinarlo al combate a la delincuencia, comprando equipo, diseñando políticas públicas de combate a la inseguridad y estableciendo el servicio de carrera policial. En Puerto Vallarta, uno de los 220 municipios privilegiados con este apoyo federal, el dinero del Subsemun ha sido aplicado en forma discrecional desde la pasada administración, dejando serias dudas sobre la honestidad de los responsables de administrar ese dinero público. Javier Bravo fue el primero en escandalizar cuando decidió adquirir patrullas de la marca Toyota a un precio verdaderamente excesivo, casi medio millón de pesos por cada patrulla, según él aplicando al pie de la letra los criterios de operación establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 DE CULCE, CHILE Y DE MANTECA. Por desgracia, en lugar de aplicar ese dinero en prioridades, los dos últimos gobiernos municipales lo han ejercido a discreción, usando el dinero a menudo para “premiar” el desempeño de los policías municipales, aunque en muchos casos se han otorgado bonos a personal administrativo que nada tiene que ver en el combate a la criminalidad. Pero lo peor de todo es que no se nota un avance claro del municipio en materia de políticas públicas para el combate a la criminalidad. A lo más que ha llegado el jefe policiaco Jorge García Rojas ha sido a aplicar el programa denominado Cero Tolerancia que consiste en retirar de la vía pública a los ciudadanos que gustan de ingerir bebidas alcohólicas en la calle. Vale la pena mencionar el reciente operativo de vigilancia en los camiones urbanos mediante el cual García Rojas seguramente pretendía abatir el número de asaltos en el sistema de transporte colectivo, aunque hasta la fecha no se tiene noticia de ningún robo de esta naturaleza. A lo mejor el licenciado creyó que estaba en el Distrito Federal y decidió aplicar ese operativo que en realidad no sirvió para nada.

 BAJAS NOTABLES. En cambio es lamentable el desinterés de este Ayuntamiento por dos programas que han demostrado ser muy efectivos para mejorar la seguridad de los ciudadanos, el alcoholímetro y el radar. Es evidente que el Operativo Antialcohol no ha logrado importantes resultados en Puerto Vallarta ya que el número de accidentes viales derivados del consumo de alcohol no ha registrado descensos notables, sin embargo eso no implica que el operativo sea un fracaso. En ciudades como el Distrito Federal este programa ha dado resultados extraordinarios, reduciendo notablemente el número de choques y muertes por consumo de alcohol, lo que quiere decir que en Puerto Vallarta algo se está haciendo mal, pero no por eso se debe cancelar. Lo que debe hacerse es afinar los detalles del operativo para hacer que funcione en niveles similares al Distrito federal. Lo mismo pasa con el radar, operativo que tiene meses en desuso a pesar del grave problema que padece Vallarta por culpa de conductores que se empeñan en conducir a exceso de velocidad. Por donde se le vea, el Operativo Radar sólo implica beneficios, de ahí que no se entiende el poco interés que este gobierno le ha puesto.

 POSDATA. Cada que paso por la central camionera, a la altura de la planta de tratamiento del Seapal Vallarta, me asalta una duda: ¿si el polarizado de cristales en los autos está claramente prohibido por el Reglamento de Tránsito, por qué el ayuntamiento permite que en plena vía pública operen diversas personas instalando este polarizado en autos? De nada sirve que Tránsito Municipal se empeñe en detener autos polarizados obligando a sus conductores a retirar el hule de sus cristales si al mismo tiempo se permite que se siga comercializando en la vía pública con el polarizado. Es a todas luces un contrasentido, una pregunta que no me logro responder. Porque no creo que sea por dinero que el ayuntamiento permita que se sigan polarizando autos en la vía pública.

 VOX POPULI. El lunes pasado el Valle de México se estrenó en el asunto de los decapitados. Mientras el país entero sufre desde el año pasado las consecuencias de la guerra que libran  bandas criminales por el control de las plazas más importantes, el Distrito Federal se mantenía ajeno a esta sangrienta práctica, hasta el lunes pasado cuando apareció el primer decapitado en Interlomas, muy cerca del Hospital Ángeles. Esa relativa tranquilidad le servía a Marcelo Ebrard para presumir que el D.F. es una de las ciudades más tranquilas de México, vamos a ver qué opina ahora. Lo malo es que esta ejecución es consecuencia de la detención de Oscar Osvaldo García Montoya, líder de la banda criminal denominada La Mano con Ojos. Lo anterior parece confirmar la teoría de quienes afirman que cuando el gobierno logra la detención o muerte de un narcotraficante de alto nivel se provoca un aumento en el nivel de violencia debido al surgimiento de otros “líderes” que se disputan violentamente el cargo vacante.

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