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Perfil Político de Vallarta: El Lastre de la Nómina

Por Luis Alberto ALCARAZ 

ÉRAMOS MUCHOS… Y parió la abuela, dice el conocido refrán. Y es que al ayuntamiento de Puerto Vallarta le sigue lloviendo sobre mojado, porque ahora al grave problema financiero que arrastra desde la pasada administración debe sumar un adeudo de 18.5 millones de pesos por concepto de indemnización de 22 ex trabajadores que fueron despedidos al inicio de la administración de Gustavo González Villaseñor. Se trata de exempleados mayoritariamente ligados al PAN que tras disfrutar de varios años de vivir del presupuesto se negaron a quedar fuera del ayuntamiento a pesar de que había terminado la era del panismo gobernante, por lo que, 7 años después, cada uno de ellos podría recibir un promedio de 900 mil pesos. Si se hiciera la cuenta de cuánto le ha costado al ayuntamiento de Puerto Vallarta el despido de decenas de extrabajadores ligados al PAN, la cuenta sería impresionante, y todo gracias a esa lamentable aportación que hicieron los panistas a la política, que consiste en no renunciar al término del gobierno que los contrató, recurriendo a la ley para aferrarse a sus cargos o conseguir una jugosa liquidación. Una de las reglas de oro no escritas de la política priista establecía que al término de cada gobierno todos los empleados de confianza debían presentar su renuncia para permitir que el nuevo gobernante incorporara a su equipo de colaboradores, sin embargo esa costumbre cambió con los panistas, quienes sin importar el partido gobernante ellos hacen hasta lo imposible por seguir en la nómina, gracias a lo cual podemos ver en el ayuntamiento a notables panistas trabajando bajo un gobierno priista, sin que eso les genere el menor conflicto de conciencia.

PAPELITO HABLA. Más allá de las reglas no escritas, los políticos del PRI tenían la costumbre de obligar a sus colaboradores a firmar sus renuncias en blanco, de tal forma que cuando el jefe lo consideraba necesario de inmediato le ponía fecha al documento y lo hacía efectivo, librando al gobierno de una demanda laboral por despido injustificado. Pero con la llegada del PAN al poder esa norma se acabó, de tal forma que al término de cada gobierno panista muchos de sus funcionarios se autodespiden para salir del gobierno con millonarias liquidaciones que dejan temblando las arcas públicas. Pero el problema mayor está en los niveles medio, donde un pelotón de burócratas de confianza recurre a la Ley Federal del Trabajo para tratar de mantenerse en sus cargos, y como en este país la ley está hecha para favorecer al trabajador pues no hay forma de que el gobierno gane esos litigios, sobre todo si las áreas legales del gobierno contribuyen a perder esos juicios por negligencia o franca incapacidad. Ejemplos tenemos muchos, pero uno de los más clásicos es el de Jaime Yáñez Polanco, quien como funcionario de primer nivel en el gobierno de David Cuevas García se vio envuelto en un escándalo cuando fue detenido por la policía municipal totalmente ebrio en posesión de varios gramos de cocaína. Tras rendir cuentas en la Agencia del Ministerio Público Federal el polémico panista recuperó su libertad y al día siguiente se reincorporó a su trabajo en el ayuntamiento, sin siquiera recibir una amonestación. Luego de saltar de un cargo a otro durante los gobiernos panistas, Jaime fue despedido por el gobierno priista de Gustavo González Villaseñor, por lo que inició un juicio laboral que terminó ganando durante el gobierno de Javier Bravo, por lo que recibió una liquidación superior al medio millón de pesos. Ejemplos como este abundan, de personajes que llegaron al ayuntamiento gracias solamente al amiguismo y que al término de su gestión recurrieron a las leyes para aferrarse a un cargo público que nunca han merecido.

UN PROBLEMA GENERAL. Durante su primera época de partido opositor el PAN criticó severamente la abultada nómina que padecía el ayuntamiento de Puerto Vallarta, por lo que Fernando González Corona se comprometió en su campaña a adelgazar la nómina municipal, pero al llegar al gobierno descubrió que no solo era imposible rebajarla, sino que era obligatorio incrementarla si acaso pretendía dar empleo a los cientos de colaboradores que lo ayudaron a llegar al poder. Desde entonces la nómina del municipio vallartense ha estado en permanente inflación, llegando a extremos tan ridículos y graves al representar cerca del 60% del total de su presupuesto de egresos. Cualquier administrador medianamente capaz sabe que para que una empresa pueda operar con números sanos deberá tener una nómina no mayor al 30% de sus egresos, sin embargo en Puerto Vallarta ese porcentaje es el doble, lo que deja muy pocos recursos para el pago de obra pública y gasto social. En parte el problema se origina en los enormes privilegios que tienen los empleados sindicalizados, quienes son prácticamente inamovibles gracias a la ley de servidores públicos que los defiende como si fueran especies en peligro de extinción. Con una nómina totalmente copada por empleados sindicalizados, cada tres años el nuevo gobierno se ve obligado a crear una nómina eventual que en los últimos años ha superado las 500 plazas, con el enorme costo que ello implica. De igual forma, al término de cada trienio, cada gobernante en complicidad con sus regidores busca la forma de otorgar plaza definitiva a un grupo de cercanos colaboradores, preferentemente familiares y amantes, lo cual contribuye al robustecimiento de una nómina ya obesa de por sí.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA. Convertido en la mejor agencia de colocaciones, el ayuntamiento de Puerto Vallarta parece no tener soluciones en el corto plazo para este grave problema, porque cada tres años la nómina sigue creciendo, a pesar de que está demostrado que tiene empleados en exceso y sólo unos cuantos hacen realmente el trabajo, mientras que la mayoría se dedica a actividades poco productivas, como fue el caso del entonces síndico Tito Yerena, a quien se acusaba de tener una persona dedicada exclusivamente a pelarle las mandarinas que se comía a media mañana. Por desgracia el día que un candidato en campaña no pueda prometer trabajo a cuando menos 500 de sus más cercanos colaboradores ese día las campañas dejarán de ser atractivas, como ocurre con los candidatos a diputados, quienes a lo sumo tienen capacidad para dar chamba a un asesor, un chofer y una secretaria, por lo que nadie se les acerca durante la campaña, en cambio un candidato a la presidencia municipal representa para muchos la posibilidad de un empleo bien remunerado durante los próximos tres años, por eso abundan voluntarios en cada contienda electoral. Para acabar con este problema, debe establecerse el servicio profesional de carrera que garantice que el ayuntamiento contará con el personal mínimo necesario altamente capacitado para operar de manera permanente sin importar los cambios de partido en el poder. Pero al mismo tiempo debe establecerse una cuota de empleos que deberán estar disponibles al inicio de cada trienio para que el nuevo gobierno pueda emplear a su equipo de confianza, mismo que sin importar lo que dice la ley del trabajo deberá renunciar al término de su encomienda sin más gratificación que las elementales. Por lo pronto, Salvador González Reséndiz está obligado a conseguir otros 20 millones de pesos para cumplir con la obligación de liquidar a los 22 ex trabajadores que acaban de ganar su juicio, así que seguramente los regidores del PAN no se opondrán a que pida otro crédito ya que la mayoría de los beneficiados son abiertamente simpatizantes de ese partido.

POSDATA. Entre los empleados municipales que más trabajan se encuentran los policías, quienes a cambio de arriesgar su vida en beneficio de la sociedad reciben sueldos bajos, equipo deficiente y escasas prestaciones. Lo peor de todo es que al interior de la corporación abundan los favoritismos para beneficiar a elementos de nuevo cuño que cuentan con la amistad de los jefes. La maraña de corrupción que impera al interior de la corporación sólo es desconocida por el alcalde y el director, porque de ahí en fuera todo Vallarta sabe cómo masca la iguana. Por eso hay que aplaudir la forma tan inteligente y valiente en la que Salvador González Reséndiz está enfrentando el conflicto de los policías que abiertamente están protestando por las injusticias cometidas al interior de la corporación.

VOX POPULI. Cuando Javier Bravo enfrentó un problema similar su respuesta inmediata fue la intolerancia y la represión, en cambio Chava González respondió con diálogo y con la promesa de que serán las instancias federales las que analicen el problema y establezcan si los policías quejosos tienen la razón. Sin embargo hará bien el alcalde en dejar muy claro que el principio de autoridad no se discute, porque si algo debe caracterizar a los cuerpos policiacos es la lealtad hacia el presidente municipal. Y eso de que cerca de 100 policías municipales acudan a buscar asesoría a la casa de gestoría de los diputados panistas no es nada bueno para la gobernabilidad del municipio.

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