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Perfil Político de Vallarta: El Fundo Legal

Por Luis Alberto ALCARAZ

UN PROBLEMA CENTENARIO. Cada tanto tiempo, cuando el ayuntamiento de Puerto Vallarta busca la forma de allegarse recursos, algún funcionario “inteligente” pone sobre la mesa el tema del fundo legal, o censo enfitéutico, de Puerto Vallarta. Se trata de un polígono de tierra sobre el cual está asentado el original pueblo de Puerto Vallarta, el centro histórico de la ciudad, terrenos que se presumen son propiedad del municipio y por lo tanto quienes lo ocupan son simplemente posesionarios pero no propietarios, motivo por el cual ninguno cuenta con títulos de propiedad. Se trata, ni duda cabe, de los terrenos más caros de Puerto Vallarta, ya que muchos de sus propietarios viven literalmente de sus rentas, especialmente los del centro que cobran rentas superiores a los 100 mil pesos mensuales a las empresas restauranteras y de bares. Por desgracia, a pesar de lo manoseado que está el tema políticamente hablando, en el terreno jurídico muy pocos se atreven a abonarle para darle claridad. Hasta donde se recuerda, durante los gobiernos de Efrén Calderón Arias y Gustavo González Villaseñor hubo serios intentos por entrarle al asunto del fundo legal, sin embargo la óptica que se aplicó fue la más errónea: utilizarlo como mecanismo de obtención de recursos millonarios para las arcas municipales, en detrimento de la economía de los actuales posesionarios, muchos de ellos incluso que ya han pagado fuertes cantidades de dinero por la posesión de sus predios.

 LA REALIDAD. Más allá de los tintes políticos y económicos, la realidad es que cientos, miles tal vez, de propietarios de terrenos y fincas ubicadas en el llamado fundo legal, se encuentran en la indefinición jurídica

 al no contar con títulos de propiedad que los acrediten como auténticos dueños de esos terrenos. Nadie les regatea la propiedad de esos terrenos, simplemente no cuentan con títulos de propiedad formales, por lo cual no son susceptibles de utilizarlos como garantías en créditos hipotecarios o cualquier otro trámite legal. Al mismo tiempo esa falta de títulos oficiales permite que cada que se realiza una operación de compra-venta no se paguen los impuestos correspondientes ya que la mayoría de esas transacciones son mediante contratos privados. Por fortuna se supone que esa situación no impide que la mayoría de propietarios del fundo legal paguen el Impuesto Predial. Hasta donde se sabe, el fundo legal es la dotación inicial de tierras sobre la que se asentó la fundación de un municipio o una cabecera municipal, aunque podría aplicarse a cualquier pueblo o ciudad. Esa dotación de tierras puede tener diversos orígenes, pero en el caso de Puerto Vallarta fue una donación de la famosa compañía Unión el Cuale, propietaria de las minas ubicadas en la zona de San Sebastián del Oeste, cuya extensión original llegaba hasta Puerto Vallarta. Aunque se habla de un fundo legal de 60 hectáreas, recientes mediciones realizadas por el Departamento de Catastro establecen que en realidad se trata de un polígono de 34 hectáreas.

NO HAY DE OTRA. Si entendemos el origen de la figura del fundo legal como la dotación inicial de tierra donde se funda una ciudad, pues queda claro que el fundo legal es la propiedad inicial de la misma ciudad. La historia de México y América Latina está llena de ejemplos de pueblos que por siglos lucharon para conseguir certidumbre en sus propiedades, porque en la mayoría de los casos se les repartió los terrenos que conformaron inicialmente el pueblo pero nunca se les dio los títulos de propiedad. Es el caso de Puerto Vallarta, donde se realizó la dotación inicial pero nunca se entregaron títulos de propiedad. En algunos casos las tierras que formaron el fundo legal eran propiedad de un ejido, por lo tanto los ejidatarios exigieron y lograron una indemnización por las tierras perdidas. No es el caso del ejido Vallarta, ya que tanto las tierras del ejido como el fundo legal provienen del mismo origen, las tierras de la Sociedad Mercantil Hacienda Unión el Cuale, por lo tanto el ejido no podría adjudicarse su propiedad con fines de reclamar un pago. En todo caso los únicos que podrían reclamar un pago serían los herederos de los dueños de Unión el Cuale, siempre y cuando hubiera evidencias de que el proceso de expropiación que dio origen al ejido y la dotación del fundo legal no fueron legalmente sustentados en su momento. Pero hasta donde se sabe, no hay ningún litigio al respecto.

 TOTALMENTE CLARO. Por lo tanto está claro que el fundo legal es el que da origen al pueblo de Puerto Vallarta y es propiedad de sus habitantes iniciales y de sus herederos, quienes tienen derecho a que el pueblo de Puerto Vallarta como receptor inicial del terreno les extienda un certificado de propiedad que los ampare como legítimos propietarios. Pretender que el municipio sea dueño de esas 34 hectáreas y esté en posibilidades de “vendérselas” a sus posesionarios es iluso, porque los habitantes del centro de la ciudad primero incendian la presidencia antes de pagar un solo peso por terrenos que evidentemente son suyos, algunos por herencia y otros por haber pagado fuertes cantidades de dinero a sus posesionarios anteriores. Ante ese panorama lo único que puede hacer el gobierno de Salvador González Reséndiz para resolver este histórico problema es realizar una regularización del fundo legal, otorgando títulos de propiedad a los dueños de los terrenos, sin cobrar absolutamente nada a cambio. Por supuesto que la expedición de un título tiene un costo administrativo, principalmente por el pago de notario y los trámites a realizar, por lo cual ese sería el único pago que estarían obligados a realizar los beneficiarios del fundo legal, además de los impuestos procedentes. Así, en lugar de pretender aplicar un cobro de 500 pesos por metro cuadrado, por decir una cantidad, el ayuntamiento lo único que cobraría sería el costo real del trámite de escrituración. Por supuesto que con esto el ayuntamiento no obtendría cantidades millonarias para resolver sus aprietos económicos, pero a cambio resolvería un problema de más de un siglo, daría certidumbre jurídica a los habitantes del centro y, ahora sí, empezaría a ganar cantidades importantes por conceptos como el impuesto de transmisión patrimonial cada vez que una finca del fundo legal cambie de dueño.

 POSDATA. Por desgracia hay quienes, lejos de aportar soluciones, sólo complican más el asunto. El sábado pasado el abogado Miguel Ángel Rodríguez Herrera convocó a rueda de prensa para hablar del fundo legal, presumiendo que tenía una tesis doctoral en la cual se dejaba claro el asunto. Al final el abogado no aportó nada interesante y dejó a los asistentes con más dudas que certezas. En lugar de abonar a la solución del asunto, Rodríguez Herrera aprovechó su rueda de prensa para sembrar inquina entre el síndico Fernando Castro y su padre Carlos Castro Segundo, asegurando que mientras el hijo pretende cobrar por el fundo legal, el padre ya dijo en su momento que el cobro no procede.

 VOX POPULI. Para darle sustento jurídico al asunto hay que recurrir a los verdaderos expertos, sin embargo de antemano está claro que el fundo legal dio origen a Puerto Vallarta y es propiedad de sus ocupantes, como es propiedad del ayuntamiento el terreno donde está la presidencia municipal y el resto de sus oficinas. Ahora sólo hay que dar certidumbre jurídica a sus evidentes propietarios mediante la expedición de un título de propiedad que deberá tener un costo justo. De ahí en fuera el municipio no puede aspirar a cobrar un peso extra por concepto de regularización. Si el ayuntamiento avanza en esa línea muy pronto se resolverá este añejo problema, empeñarse en lo contrario es garantía de un resultado similar al obtenido en el pasado: nada.

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