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Perfil Político de Vallarta: Ayuntamiento en Crisis

Por Luis Alberto ALCARAZ 

UN MAL COMÚN. Fue el ingeniero Rodolfo González Macías, alcalde de Puerto Vallarta del 92 al 94, quien justificó el endeudamiento público bajo la famosa frase de “hágase lo que se deba aunque se deba lo que se haga”. Y de inmediato tramitó un crédito de escándalo: 40 millones de aquellos viejos pesos, deuda que presumiblemente comprometería la solvencia financiera de varias administraciones futuras. Pero en el trienio 1997-2000 el alcalde panista David Cuevas García liquidó por completo esa deuda, demostrando que se trataba de una deuda perfectamente manejable para un municipio como Puerto Vallarta. El dinero de ese crédito fue utilizado en obras que hasta la fecha han demostrado su valor, como la Av. Francisco Villa y los ejes viales Puerto Tampico y Exiquio Corona. Emanados del ámbito privado, los panistas le tenían miedo al crédito público, pero con el tiempo le encontraron el gustito, sobre todo el gobernador Emilio González Márquez que ya le ha cargado varios miles de millones de pesos a la de por sí pesada deuda pública que arrastra Jalisco. A nivel nacional el Distrito Federal es la entidad con mayor deuda pública, con más de 50 mil millones de pesos de deuda, lo que demuestra que a los perredistas también les encanta vivir de prestado. Sin embargo está visto que en cuestión de deuda pública, en Puerto Vallarta se les pasó la mano.

 LOS CÓMPLICES. Cuando el entonces alcalde Javier Bravo Carbajal expuso a sus regidores la posibilidad de adquirir un crédito por 450 millones de pesos la respuesta inmediata fue un rotundo no. Los regidores del famoso bloque opositor en acuerdo con el entonces diputado local Jorge Villanueva ordenaron un estudio de impacto financiero que demostró de manera contundente que el municipio de Puerto Vallarta bajo ninguna circunstancia podía asumir una deuda de 450 millones de pesos pagadera a 15 años. Para el enojo de Javier Bravo, la mayoría de los regidores del PRI, PAN y PRD le dijeron que de ninguna manera le aprobarían ese histórico crédito. Pero algo mágico pasó, porque meses después, casi por unanimidad el cabildo vallartense aprobó la contratación de un crédito por 450 millones de pesos en condiciones prácticamente leoninas. 

Lo peor de todo es que los regidores que aprobaron ese crédito ni siquiera contaron con un proyecto claro que indicara en qué se aplicaría cada peso. Solamente se estableció que sería un crédito para obra pública, pero ni siquiera eso se cumplió porque en la recta final de su gobierno Javier Bravo destinó parte del dinero a gasto corriente. Hoy que todo mundo pretende encarcelar a Javier Bravo es muy justo recordar que hubo 10 regidores del PRI, cuatro del PAN y uno del PRD, que avalaron ese crédito que hoy tiene al municipio al borde de la quiebra financiera.

 LOS BUENOS CRÉDITOS. Está claro que el endeudamiento no es malo por sí solo, por el contrario, para los bancos el mejor cliente es aquel que más dinero pide prestado y, por supuesto, más paga. Por desgracia en el caso de Puerto Vallarta no se entendió que un crédito de esa naturaleza implicaba graves riesgos de crisis financiera, como ya lo estamos viendo, especialmente por el contexto nacional y mundial de crisis por el que atravesamos. Lo peor de todo es la forma irresponsable y presumiblemente criminal en la que se ejerció ese crédito, prácticamente al antojo de un sujeto tan voluble y visceral como Javier Bravo, quien por sus pistolas decidió que debía gastar 145 millones de pesos en la compra de luminarias que nadie en Puerto Vallarta pedía. Poco antes se había gastado más de 40 millones de pesos en la compra de un sistema de vigilancia con cámaras de televisión que hasta el momento no ha servido para nada, y si de algo ha servido nunca nos lo han hecho saber. El caso era gastar la máxima cantidad de dinero, porque como es bien sabido, la obra pública genera cuando menos un 10% de ganancia por concepto de comisión, aunque ya se sabe que en algunos casos, como en el de las famosas luminarias, la comisión fue superior al 100% gracias al nefasto sobreprecio que caracteriza a las compras públicas.

 EL GOLPE AVISA. El caso es que el optimismo del alcalde Salvador González Reséndiz no fue suficiente para postergar el impacto de la crisis derivada del salvaje endeudamiento heredado por la pasada administración. Ya durante la pasada quincena el municipio tuvo graves problemas para completar la nómina, lo que nos hace suponer que en lo que resta del año se tendrá ese problema con demasiada frecuencia. Por lo mismo también ya hay problemas para cumplir a tiempo con el pago a los proveedores, y eso sin hablar de la deuda de más de 100 millones de pesos que arrastra el municipio por el mismo concepto. Para paliar un poco el problema el alcalde ha tomado algunas medidas de corto y mediano plazo, como la de poner a la venta algunas propiedades como el mercado municipal y aplicar descansos escalonados de personal para bajar la nómina. Gracias a lo anterior la mayoría de los funcionarios de confianza sacrificarán un mes de su sueldo, aunque por desgracia se trata de una medida simbólica que en casi nada mejorará la situación. El propio Javier Bravo, después de haber derrochado 450 millones de pesos, obligó a sus funcionarios a regalar un mes de su sueldo para hacer frente a las primeras consecuencias de la crisis derivada de su propia irresponsabilidad. Por lo tanto el alcalde está obligado a aplicar un plan de emergencia de auténtico choque que le permita reducir notablemente el gasto público.

 POSDATA. Entre las acciones inmediatas que se debe aplicar está la suspensión de celulares con cargo al municipio, vales de gasolina para funcionarios de primer nivel que no requieren andar en la calle, retiro de vehículos oficiales a funcionarios que no lo requieren, cancelación de viáticos a funcionarios, suspensión inmediata de financiamientos y apoyos del municipio a diversos organismo civiles, suspensión de gastos superfluos como la impresión de lonas de vinil para cada evento público que encabeza el alcalde, etc.

 VOX POPULI. Como estaba previsto, el empresario Fernando González Corona no acudió a la cita que tenía en el juzgado primero de lo civil el lunes pasado, donde debía encontrarse con Rafael Yerena para analizar la posibilidad de llegar a un arreglo antes de que inicie formalmente el juicio civil en su contra. El líder cetemista reclama un pago de 5 millones de pesos como reparación del daño económico, además de una disculpa pública en la prensa nacional, estatal y local, lo cual tendría un costo igualmente millonario. Por suerte para Fernando el pago se deberá prorratear entre los más de 10 acusados, de los cuales el único que acudió a la primera audiencia fue Ismael Macías Garibay, uno de los primeros panistas que contribuyó al engrandecimiento de ese partido en Puerto Vallarta. Como sanción, Fernando González y coacusados deberán pagar una multa de 60 días de salario mínimo, pero si faltan a la siguiente entonces serán declarados culpables, así que en la siguiente seguramente sí se presentarán.

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