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Pena de Muerte y Excepcionalismo Americano

Por Juan Alberto SALINAS

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos (SCOTUS) admitió el caso Glossip vs. Gross sobre la constitucionalidad de los métodos para ejecutar la pena capital. Hace 20 años, el Juez Harry Blackmun afirmó que debían rechazar la constitucionalidad de la práctica y aceptar su fracaso. Hoy, dos décadas después sin mayor cambio, la decisión que adoptará la máxima instancia judicial de Estados Unidos a mediados de año, nos permite identificar un caso más del excepcionalismo americano.

El autor canadiense Michael Ignatieff, define al excepcionalismo americano como la suma del liderazgo y la resistencia; es decir, Estados Unidos ejerce un liderazgo importante en la redacción, ratificación y promoción de valores en el escenario internacional, pero se resiste a cumplirlos (Ignatieff, 2005, pp. 16-18). Por otro lado, Harold Koh, identificó cuatro facetas del excepcionalismo americano (Koh, 2003, pp. 1483-1586). Primero, es una cultura de derechos distintivos, particularmente en la defensa a la no-discriminación por raza o a la libertad de expresión y culto, tutelada en la Primer Enmienda. Segundo, diversas etiquetas para afirmar lo mismo que en el escenario internacional. Tercero, la no ratificación de tratados, pero el cumplimiento de sus obligaciones. Según el autor, en muchas ocasiones el problema de ratificación de instrumentos es interno y penoso. Cuarto, el excepcionalismo como promotor de dobles estándares. Este es la más peligrosa de todas las facetas del excepcionalismo: propone reglas que deben aplicar para el resto del mundo, peor no para ellos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional.

El excepcionalismo americano está una vez más a prueba: ¿cómo criticar estándares en ejecuciones con otros países cuando Estados Unidos es incapaz de hacerlo consigo mismo? Precisamente esta es la oportunidad que tiene la SCOTUS para reivindicar la posición sobre la legalidad de la pena de muerte. Sin embargo, el caso llega con una mancha: el pasado 15 de enero, fecha en la que admitió el caso (5 votos a favor y 4 en contra) para verificar la constitucionalidad del método empleado en la pena de muerte, pero en lugar de detener las ejecuciones, permitió la muerte de Warren, uno de los cuatro apelantes (5 votos en contra y 4 votos a favor) en el caso denominado originalmente era Warren v. Gross que, por obvias razones, debe cambiar.

Creo que es pertinente hacer una distinción entre el ámbito internacional y el doméstico. Primero, en el ámbito internacional es difícil hablar sobre el incumplimiento, toda vez que Estados Unidos no está obligado en esta materia (hablamos de obligatoriedad en un sistema voluntario). Sin embargo, son diversos los estándares internacionales en materia de derechos humanos que son contravenidos por ella. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su Artículo 3 se afirma que “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. A su vez, el Artículo 5 del mismo instrumento estipula que “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), en su artículo 6 afirma que: [e]n los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá́ imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito”.

Estados Unidos es parte del ICCPR, pero tiene una reserva establecida a este respecto, por lo que no aplica. Es el excepcionalismo americano en su peor faceta: el doble estándar. No son extraños los estándares de protección de derechos humanos a nivel doméstico, pero para efectos de la pena de muerte la contradicción es evidente. Por ejemplo, podemos hacer un análisis moral de la práctica (¿cuántos estados deciden proteger la vida desde la concepción, pero desdeñan la vida con las ejecuciones? Si se es pro vida, valdría la pena no limitarse a nueve meses), pero mejor nos remitimos a un análisis legal.

En la Octava y Décimo Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica se afirma que no puede haber ninguna pena cruel o inusual, así como un debido proceso para imponerla. Con base en estos dos preceptos, la SCOTUS ha analizado la pena de muerte en diversos casos para definir la proporcionalidad de la pena [Furman v. Georgia (1972); Gregg v. Georgia (1976); Coker v. Georgia (1977)] y limitarla únicamente en casos de homicidio u otro crimen capital, excluyendo otros delitos en los que se permitió sentenciar a pena de muerte (i.e., violaciones). Como sujetos activos del delito, no podrán ser sometidos a pena de muerte las personas con discapacidad o menores de edad [Atkins v. Virginia (2002)].

Para efectos del caso que escuchará la SCOTUS el próximo Abril, será respecto a la Octava Enmienda; es decir, sobre las penas crueles o inusuales. En el caso Baze v. Rees (2008), la SCOTUS decidió que la pena de muerte era constitucional en dos sentidos: (1) los estados tenían facultades para adoptar la legislación y hacerla cumplir y, (2) porque como método si no hacía sufrir de forma inusual al sentenciado, no contravenía a la Octava Enmienda. En el segundo punto, no implica la inexistencia de sufrimiento, puede haberlo, pero que sea mínimo; por ello, requieren que tenga tres pasos en inyección letal, siendo el primero un sedante para evitar el dolor, otra para lograr un paro respiratorio y, la última, para lograr un paro cardiaco. En este punto en particular es donde estriba el reto de la SCOTUS en este año, en expandir el concepto establecido en su Octava Enmienda para incluir la pena de muerte como pena cruel la degradación a la dignidad humana. Lo usual de la pena (en más de tres decenas de entidades dentro de Estados Unidos tienen pena de muerte), no lo hace cumplir con este precepto. En otro momento también era usual el separate but equal que permitió la segregación racial. Quienes defienden la práctica, afirman que es disuasoria y evita más homicidios; sin embargo, no existe un estudio que con autoridad pruebe la hipótesis.

El reto de la SCOTUS estará en ampliar la concepción de la persona y proteger su dignidad–la promoción de esos valores internacionales dentro de su esfera doméstica. De mantener la decisión de la Corte subnacional, se confirmaría una vez más el excepcionalismo americano en su peor faceta. Por ello, rechazar el status quo representa la oportunidad de promover los valores con congruencia y, parafraseando a Mafalda: primero arreglar el cuarto antes de arreglar el mundo.

jsalinas@iteso.mx

@SalinasJA

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