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Murphy en el Congreso

Una de las leyes de Murphy sentencia que “lo que puede estar peor, va a estar peor” y el Congreso del Estado puede funcionar como un ejemplo. Pareciera que se mueve sobre arenas movedizas y para donde camina, se hunde.

Irónicamente puede elogiarse su capacidad para posicionar un tema en las primeras planas en pleno cierre de un proceso electoral que se vive cada seis años. Vaya capacidad.

Viene a cuento por el contrato firmado entre el Congreso y la empresa Consultores López y Castro para la devolución de impuestos, mediante el cual los abogados cobrarían el 40 por ciento de lo recuperado y en el que incluso el Ejecutivo podrá salir pagando los platos rotos.

En el mismo contrato, dentro de las penalidades se estableció un 1.5 por ciento de pago mensual en caso de incumplimiento. Pero a la vuelta de la esquina se encontraron con la falta de recursos y, ante la obligación de cumplir, de firmar un convenio de tres pagos con el que tampoco han cumplido.

Dolo, displicencia o contubernio, es lo menos que puede pensarse, o elucubrarse, si se revisa bien el caso y las cantidades de que se habla.

La empresa recuperó 70 millones de pesos y dejó otros 20 millones de pesos para un cobro que nunca hizo el entonces secretario General del Congreso, Carlos Corona, todavía no se sabe por qué.

Por esos 70 millones de pesos recuperados, el Congreso debería pagar 36 millones por honorarios, de acuerdo al 60-40 pactado, pero no lo hicieron. Por el contrario, se fueron al pleito legal, en principio con un juicio de lesividad (mediante el cual se pretende que un juez determine que ellos, integrantes de la actual legislatura, también eran afectados) y luego con un juicio laboral.

El resultado es que perdieron en todas las instancias pero la empresa seguía ganando su 1.5 por ciento mensual, de acuerdo al mismo contrato.

Durante todo ese tiempo, corrieron los intereses hasta alcanzar montos mayores a los 83 millones de pesos y los actuales diputados recurrieron a la firma de un convenio mediante el cual, además de reconocer el adeudo, se comprometieron a pagar, aunque menos que lo legalmente correspondiente a la empresa, pero tampoco pudieron hacerlo y el tema brincó.

Las anomalías siguieron porque la junta de coordinación política tomó la determinación de firmar el convenio para la quita de intereses sin considerar a la comisión de administración.

 

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