Medio Ricos

La mala fama nadie se las puede quitar a los partidos políticos.

Reconocer que lo caro que nos cuestan “es motivo de críticas e inconformidades públicas y sociales” es un buen principio pero no es suficiente.

Proponer que nos cuesten en Jalisco sólo 100 millones de los 200 millones de pesos en año no electoral (en año de proceso se duplica) es un paso pero falta mucho por recorrer.

Visto como un primer paso lo que sigue es que los partidos políticos reconozcan que la reforma electoral del 2007 fue un fracaso en los objetivos que se perseguían, que se pongan de acuerdo para aceptar ganar la mitad de lo que se embolsan y luego dar los siguientes pasos que tienen que ver.

1. Con el esquema de fiscalización que tiene más hoyos que un queso gruyere.

2. La incorporación de las candidaturas independientes y la manera de distribuir sus prerrogativas (que además está marcado como obligación y el tiempo se les echa encima), y

3. Que el tema no influya en la decisión de renovar o no a los integrantes del actual Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Y el gran riesgo es, como siempre, que se queden a medias, que los alcance el tiempo y que tres años después deban meterle mano otra vez a las leyes electorales.

Actualmente, en dinero correspondiente a gastos ordinarios, los partidos políticos se llevan 200 millones de pesos, distribuidos en casi 66 millones de pesos para el PRI, casi 59 para el PAN, poco más de 37 para el PMC; 22 para el PRD y 18 para el PANAL. Más un dos por ciento contemplado como actividades específicas.

Es así porque la reforma del 2007 modificó los montos y de la noche a la mañana multiplicaron el .65 por ciento del salario mínimo por el número de afiliados al padrón electoral (voten o no voten) para incrementar sus ingresos, con el objetivo de evitar que llegaran a los partidos políticos dineros de dudosa procedencia, objetivo que no se logró.

En la misma reforma, se prohibió a los partidos políticos contratar directamente espacios publicitarios en medios electrónicos y dejaron que los órganos electorales lo hicieran directamente con cargo a los tiempos oficiales que por ley debe otorgarse al dueño de las concesiones.

Es decir, ganaron por partida doble, les aumentaron los ingresos y les prohibieron gastar, pero tampoco lograron su objetivo de evitar que la inequidad porque no faltaron quienes compraron por debajo del agua, con diferentes formas.

En este contexto, la propuesta de Héctor Pizano para reducir en un 50 por ciento esas prerrogativas y que ahora se multiplique el número de empadronados por un .35 del salario mínimo (en lugar del .65 que establece la ley actualmente) puede considerarse un buen paso, pero no es la panacea.

Para evitar quedar cojos, un trabajo más redondo debe incluir las leyes y reglamentos de fiscalización porque las autoridades electorales no pueden investigar a fondo el manejo de los dineros públicos y se quedan con las facturas que les entregan los partidos políticos, que buscan dónde darle vuelta a la ley.

Si bien es cierto que ya que nos cuesten menos es aplaudible, es importante mantener un ritmo que vaya más a fondo y evitar, en la medida de lo posible que aparezcan los amagos y luego se utilice como moneda de cambio en los relevos electorales.

Otro punto aplaudible es que ya se puede hablar, aunque sea poquito, de temas legislativos en el Congreso del Estado.

 

josemapulido@hotmail.com

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