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Más de Justicia Alternativa

Por Francisco JIMENEZ REYNOSO

Mucho se ha escrito sobre la reforma constitucional de “Seguridad y Justicia”, publicada el 18 de junio de 2008, pues implicó no sólo la transformación del sistema de enjuiciamiento penal sino que además robusteció, a través de formas dialogadas de composición de los conflictos, el derecho de acceso a la justicia.

A pesar que las vías auto-compositivas, como la mediación y la conciliación son parte importante para el éxito de la implementación de la reforma constitucional en comento, son pocos los espacios que se otorgan para señalar su importancia como derecho humano, por eso agradezco la oportunidad que +Dimensiones.com amablemente ofreció para el efecto.

El artículo 17 de nuestra carta magna, hasta antes de la reforma en referencia, ofrecía en nuestro país un único sistema de resolución de disputas: un sistema de tribunales, el jurisdiccional, que implica que la solución a la controversia estará en manos de un tercero revestido de facultades decisorias y con potestades coercitivas para hacer valer sus resoluciones, quien adjudica a alguno de los contendientes la razón o el mejor derecho.

Con la adición de un cuarto párrafo al artículo arriba mencionado, México reconoció otra forma de dirimir las con troversias que se suscitan entre los particulares, diferente al sistema hetero-compositivo, pero sin duda con el mismo objetivo, el acceso a la justicia, esta vez a través de una opción voluntaria, dialogada y diferente al sistema de enjuiciamiento. Subrayo que los Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias (MASCs) no nacen con motivo de esta reforma. De hecho, sucedió un fenómeno contrario al que normalmente se suscita cuando se trata de cambios institucionales en nuestro país, pues éstos se dan, normalmente, de forma centrífuga —del centro hacia fuera. En el caso de los MASCs, éstos son integrados en un primer momento, mucho antes de la reforma de 18 de junio de 2008, a las legislaciones locales de algunas Entidades Federativas hace más de una década y, como fuerza centrípeta —de afuera hacia el centro— fueron sumándose más legislaciones locales posibilitando la justicia por acuerdos, para que finalmente el Constituyente Permanente hiciera lo propio insertando el siguiente párrafo, como cuarto, al numeral constitucional en comento:

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”.

Así, el numeral que fuera considerado como el contentivo del derecho humano de acceso a la jurisdicción estatal, se transformó para ofrecer dos vías diferentes entre sí pero con el mismo alcance, el acceso a la justicia: una tradicional y de mayor aceptación cultural, que es el sistema de adjudicación que ofrecen los tribunales; la otra menos conocida y de menor anclaje en la idiosincrasia nacional, la solución dialogada de las controversias mediante la asistencia de un tercero sin facultades decisorias.

La idea de que los MASCs sean complemento al derecho humano de acceso a la justicia ya ha sido materia de juicio de amparo, con tesis encontradas entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos de materia Penal del Tercer Circuito. La contradicción fue resuelta por el Pleno en Materia Penal del mismo circuito (31 de marzo de 2014, Contradicción de tesis 3/2013) estableciendo al respecto que:

“Entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se encuentra la relativa a que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Así, ante tal contexto normativo, se concluye que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad, además de que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es, resolver hasta antes de cerrar la instrucción los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley.”

Así se puede concluir que, en efecto, los MASCs son un eje del acceso a la justicia que persigue el mismo objeto que la jurisdicción estatal, pero que llegan a él por caminos muy distintos, el reto en los siguientes años es propiciar en México las condiciones necesarias para que la resolución pacífica de las controversias, que ofrece la justicia alternativa, encuentre una mayor aceptación social, lo cual se dará sin duda, pero no sucederá por sí mismo por el solo hecho de que las vías auto-compositivas tengan reconocimiento constitucional, sino que dependerá de un extenso trabajo de difusión y sensibilización, acompañado de un proceso impostergable de democratización, para que su aplicación no esté concentrada en una sola institución o en un solo grupo de personas.

Santiago Quiroz Villarreal, México.

Twitter: @lic_santiago www.santiagoquiroz.com

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