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Ley 3 de 3, Tercer Strike

Por Luis Alberto ALCARAZ

Nunca antes un proyecto de ley había quedado tan mal aprobado al grado de que tirios y troyanos reconocieran que lo mejor era que el presidente Enrique Peña Nieto la vetara para que no entrara en vigor. Y es que lo que mal empieza mal tiene que terminar.

Es el caso de la Ley 3 de 3, una iniciativa ciudadana que buscaba obligar a los candidatos a algún cargo de elección popular a presentar de manera voluntaria tres declaraciones: una declaración patrimonial que muestre el patrimonio del candidato, una declaración fiscal que garantice que está al corriente de sus impuestos y una declaración de sustente que no tiene ningún conflicto de interés al ocupar el cargo pretendido.

Por tratarse de una iniciativa “ciudadana” de inmediato fue elevada a rango de divina, celestial, perfecta y necesaria para cambiar el rumbo del país. Ingenuos como a menudo suelen serlo, los famosos grupos civiles olvidan que los políticos mexicanos son altamente corruptos y nada pendejos.

Basta revisar caso por caso a cada de nuestros animales políticos para comprobar que no hay forma de acusarlos de enriquecimiento ilícito. Durante 20 o 30 años se dedicaron exclusivamente a la actividad política y amasaron fortunas que serían imposibles si se sumaran íntegros todos sus salarios percibidos, pero demostrar con papeles que esas fortunas les pertenecen es algo por demás imposible.

Fueron los panistas los que acuñaron una frase célebre, cuando los priistas les pedían que presentaran pruebas de sus acusaciones simplemente respondían: “los estamos acusando de corruptos, no de pendejos”.

Y así son nuestros políticos mexicanos, expertos en el arte de amasar fortunas desde el poder sin dejar rastro. Desde el modesto burócrata que justifica sus ingresos extras presumiendo que su esposa vende oro o es vendedora Zafiro de Mary Kay, hasta el encumbrado exgobernador que hoy se gana la vida vendiendo pintura.

No es coincidencia que en los Panamá Papers no haya aparecido ningún político mexicano, simplemente es reflejo de esa maestría alcanzada por nuestros grillos para ocultar su riqueza mal habida y mantenerse con un bajo perfil.

Por eso pedirle a un candidato o un político que firme su 3 de 3 es verdaderamente una ingenuidad, porque el papel lo aguanta todo. Sin embargo los impulsores de esta ley están convencidos de que es la panacea contra la corrupción y por eso la llevaron hasta sus últimas consecuencias, obligando a nuestros políticos a ser creativos a la hora de la aprobación final.

Como cereza en el pastel, luego de acomodar la ley 3 de 3 a su conveniencia, los legisladores le impusieron un agregado que verdaderamente causó indignación: la obligación de que todo empresario o particular que reciba recursos públicos presente su 3 de 3.

Lo anterior fue visto por los empresarios como una venganza, porque todos los que se beneficien con recursos públicos deberán exhibir su riqueza personal y familiar, algo que por supuesto no les parece nada divertido.

¿Pero qué de malo tiene obligar a Jorge Serrano Limón a demostrar que no está usando el dinero público para comprarse tangas? Con esta iniciativa ya podremos saber con certeza en qué se gastan los millones que el gobierno otorga a particulares bajo la figura de subsidios o gratificaciones.

Total que al final se armó un mazacote que no dejó a nadie contento y por lo mismo lo más seguro es que estemos ante una ley que nace muerta porque a nadie le interesará tomarla en serio. Pero más allá de los argumentos jurídicos de quienes se oponen a esta ley aduciendo que viola garantías individuales, en lo personal creo que es más fácil fiscalizar el dinero que sale del erario en lugar de pretender seguir el rastro del dinero una vez que sale de la tesorería y se pierde en un entramado de simulaciones.

Sería más fácil avanzar en materia de licitaciones legales, porque ahí es donde se fuga la mayor parte del dinero público, con concursos simulados y compras a sobre precio. Quienes han estado dentro del monstruo conocen a la perfección de qué estamos hablando. Por lo menos el 10% de toda la obra pública y todas las compras de los tres niveles de gobierno va a dar a bolsillos particulares.

Y ese diezmo no sale del bolsillo del contratista, sino que proviene de un sobreprecio de la obra o del servicio o producto facturado. Ahí tenemos un enorme filón para trabajar pero resulta que a nadie le interesa, tal vez porque hay una gran cantidad de personas involucradas en ello.

De cualquier forma valdría la pena preguntarle al senador Manuel Cota los motivos que tuvo para no votar al momento de la aprobación de esta ley.

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