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La Reforma Política se Quedó a Medias

Las leyes secundarias de la Reforma Política pueden considerarse “limitadas” porque todo queda a medias, a decir del ex consejero electoral e investigador de la Universidad de Guadalajara, Jaime Tamayo Rodríguez, quien pone cuatro temas como ejemplo: las candidaturas ciudadanas, los delitos electorales, las sanciones por exceder gastos y la creación del Instituto Nacional electoral.

“Tenemos candidaturas independientes, pero condiciones que hacen casi imposible que existan; tenemos sanciones penales por delitos electorales pero una estructura jurídica que hasta hoy ha demostrado no sólo su ineficiencia sino más bien su eficiencia para no perseguir delitos electorales.

“Tenemos medidas para poder anular elecciones por exceso de gastos pero hemos visto en otras situaciones que los tribunales electorales han actuado de manera muy poco imparcial, han actuado con una voluntad más política que jurídica y tampoco tenemos la certeza de que esto vaya a ir más allá”.

Sigue: “tenemos un Instituto Nacional Electoral pero este INE solamente tiene atribuciones en materia federal y es coadyuvante en materia estatal, entones no es un Instituto Nacional, es una ficción de Instituto Nacional pero de repente nos queda la sensación de que ya resolvimos ese problema, pero no está claro que sea así”.

Por ejemplo, para intervenir en los Estados y que el Instituto Nacional Electoral organice las elecciones, la ley establece que deberán existir “diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la Entidad federativa que a decir del peticionario afectan los principios constitucionales electorales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda electoral e impiden por lo tanto, que se lleve a cabo la organización pacífica de la elección por el organismo público local competente”.

Otros casos es que “no existan condiciones políticas idóneas, por injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes públicos en la Entidad federativa que afecten indebidamente de forma total la organización del proceso electoral por el organismo público local, al no poderse realizar todas las etapas del proceso electoral por este organismo, con imparcialidad”.

En esos casos, Michoacán y Tamaulipas no estarían en condiciones de organizar elecciones.

El INE puede atraer una elección si cuatro consejeros electorales nacionales lo piden o, en su caso, si la mayoría de los consejeros del organismo público local lo solicita

PRIMERAS OBLIGACIONES

Las reformas fueron aprobadas el miércoles de la semana pasada, ya entrada la noche, y se pondrán a prueba en el próximo proceso electoral del 2015. La primera atribución de los consejeros del INE será renovar a los consejeros locales de los 17 Estados que tendrán elecciones el próximo año, entre ellos Jalisco, antes del próximo 30 de septiembre.

Existe además un fantasma que recorre las y que el investigador universitario llama “soborno disfrazado” con una posible pensión vitalicia para los siete magistrados que deberán sancionar, como última instancia, los procesos electorales.

Asegura que es “destacable que se está trabajando en conjunto y por consenso de los partidos políticos representados en el Congreso. Esto tiene tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas es que permite acuerdos en las reglas que se aplicarán y es muy importante que todos estén de acuerdo en esas reglas que se van a aplicar”.

Entre las desventajas, agrega, es que “implica que hay ocasiones en que se tiene que ceder y que por otro lado hay un piso de consenso que a veces es muy limitado porque hay ciertos partidos que se pueden oponer a ciertas cuestiones y esto impide que se avance en otras”.

Agrega que existen temas como las candidaturas independientes y los casos de anulación para un proceso electoral que son cuestiones que responden a algunas de las demandas más sentidas de la población, sobre todo después de las dos dudosas últimas elecciones”.

INDEPENDIENTES LIMITADOS Entrevistado en su oficina del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Jaime Tamayo comienza con las candidaturas independientes, que “pareciera que se aceptan pero se puso tal cantidad de candados, especialmente con el número de ciudadanos que deben de respaldar dichas candidaturas, que suena absurdo, mejor les hubieran pedido el registro de un partido porque son excesivos”. Las reformas aprobadas exigen “el uno por ciento del padrón para el registro de aspirantes a la presidencia de la República, que representan alrededor de 800 mil firmas, y el dos por ciento para los candidatos al senado o a una diputación federal.

Comparativamente, “en algunos países europeos muy avanzados en su vida democrática basta con quinientas firmas. La lectura que haríamos es que las candidaturas independientes van a estar en el derecho pero no en los hechos”, señala Jaime Tamayo.

Esos números, dice, “más bien son una limitante a la posibilidad de las candidaturas independientes y más bien pareciera ser que lo que se facilitará es que aquellos disidentes de los partidos a quienes les son arrebatadas las candidaturas teniendo gran popularidad serán quienes puedan registrar su candidaturas, es decir, aquellos candidatos que en vez de irse a otro partido serán candidatos que se registrarán como independientes y podrán volver a cualquiera de los partidos en los cuales se vieron afectados”.

Precisa el investigador universitario que “eso es una verdadera restricción al derecho y a las candidaturas independientes”.

Pero es claro que “el consenso a veces genera condiciones que son muy limitadas”.

-¿Sería una simulación?

R. Sí, prácticamente, es como algunas de las reformas que han hecho en otros terrenos relacionados con la democracia participativa que a veces son tan altos los candados que realmente nunca se pueden llevar a la práctica en los procesos legislativos y últimamente en algunos estados se ha aflojado un poco más.

“Jalisco, que parecía ser puntero prácticamente no tiene mayores actividades en ese sentido, no se ha sometido nada a referéndum y ha habido algunas iniciativas populares que por ahí han sido retomadas a medias por el Congreso. A veces pesa más la voz de un cardenal que la de miles de ciudadanos firmando alguna iniciativa popular, entonces creo que sigue siendo una ficción”.

¿QUIÉN SANCIONA?

El otro tema del que habla Jaime Tamayo es el de las sanciones para los casos en los que los candidatos se excedan en los gastos “al grado de que se puedan cancelar no sólo las candidaturas sino incluso los mismos resultados electorales y esto sí me parece importante”.

 

Sin embargo, agrega que “habrá que ver hasta donde se llega a aplicar porque sabemos que es una práctica común de todos los partidos, especialmente del partido que hoy gobierna, el excederse en los gastos y ocultar la información.

Me parece que es muy importante también la medida que se está tomando para evitar que los medios tramposamente promuevan una candidatura con supuestas entrevistas como actividades que parecieran periodísticas pero que en el fondo se trata de la venta oculta de espacios publicitarios”.

Después de las dos dudosas elecciones me parece que eso sí son pasos importantes.

En el caso del Instituto Nacional Electoral me parece que se quedó corto desde la Reforma Constitucional y ahora la Ley Reglamentaria, no se han atrevido realmente a dar el paso para constituir un verdadero INE que venga a cumplir funciones en elecciones naciones, federales y estatales, sigue siendo un instituto de elecciones federales que coadyuva con los institutos y consejos electorales de los Estados pero no tiene todavía realmente la función de sacar las elecciones locales, entonces me parece que ahí se quedaron bastante cortos.

DELITOS ELECTORALES De la misma manera, el investigador universitario señala que en materia delitos electorales “se establecen sanciones más rígidas, fuertes, pero habrá que ver también hasta dónde porque hemos visto que durante muchos años esto también fue una ficción”.

Precisa que “ya había delitos electorales, ya había penas, incluso hay una fiscalía especializada en materia electoral (FEPADE), sin embargo nunca ha habido sancionados por delitos electorales, la mayor parte de delitos electorales se refieren al robo de credenciales que tiene otro objetivo como el robo de identidad para fines de tráfico de personas, migración, etcétera, o para cualquier otra cuestión que tenga que ver con el robo de identidad o delitos del crimen organizado”.

Insiste en que desde la creación de este tipo de delitos “prácticamente no ha habido ningún procesado, aquí hubo un caso muy sonado que la fiscalía lo siguió y no hizo nada, que fue el famoso caso de la monja en la elección del 2000 que estuvo metiendo votos de más siendo funcionaria electoral y jamás pisó la cárcel, jamás incluso se le siguió un proceso formal y al final no se hizo nada”.

Ante esa situación Jaime Tamayo establecer sus dudas porque “habrá que ver si los delitos electorales pueden estar de adorno como han estado hasta ahora o si realmente hay una intención de verdad de cómo se persigue a los delincuentes electorales”. P. Uno de los principales delitos es el proselitismo electoral desde el púlpito para los ministros de culto

. R. Pero ahí tampoco jamás se hizo nada a pesar de que fueron denunciados por parte del entonces Consejo Electoral del Estado: se tramitó una denuncia con un documento que salió del arzobispado, uno que hablaba del partido del diablo y otro el partido de dios, donde por supuesto el partido del Diablo era el de Calles y el de Dios era el PAN.

P. ¿Las cosas seguirán igual o podrían cambiar?

R. Es lo que habría que esperar, pero yo tengo mis dudas de que haya la voluntad realmente, excepto dos tres chivos expiatorios y llevar realmente a la cárcel a quienes cometan esos delitos.

Ejemplifica el investigador que “hace muchos años, cuando comenzaba este tema, un investigador demostró que las credenciales electorales no eran seguras y lo hizo registrándose más de una vez y lo que pasó es que a este sí lo amenazaron con llevárselo a la cárcel porque había que cometido un grave delito cuando lo que estaba haciendo era poner en evidencia a las autoridades electorales y sabemos de una gran cantidad de incidencias donde se llevan personas de un Estado a otro para cuestiones de voto y ahí no ha pasado nada.

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