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La Presidencia Impresentable de Bahía

Luis Alberto ALCARAZ

Cuando las fuerzas vivas de lo que hoy es el municipio de Bahía de Banderas reclamaron su separación del municipio de Compostela para erigirse como el municipio número 20 de Nayarit esgrimieron un argumento contundente: la lejanía de la costa sur con la cabecera del municipio Compostela.

Y vaya que era una estupidez obligar a los habitantes de San Vicente, Bucerías o San Juan de Abajo a viajar hasta Compostela a realizar algún trámite municipal. El problema es que una vez que consiguieron la creación de su municipio los hombres del poder de Bahía de Banderas cometieron la misma estupidez: condenar al grueso de los habitantes a trasladarse a Valle de Banderas cada que requerían un trámite municipal.

Aunque el acta constitutiva del municipio contempla la creación de una cabecera municipal denominada Tintoc que estaría ubicada sobre la carretera federal entre el poblado de Tondoroque y el fraccionamiento Flamingos, ningunos de los sucesivos alcaldes tuvo el valor para sacar de Valle de Banderas la sede del poder municipal y cumplir con el mandato constitucional de construir una nueva presidencia municipal.

Pese a la obligación de reubicar la presidencia municipal, ninguno de los alcaldes que ha tenido el joven municipio se atrevió a sacar la presidencia municipal de Valle de Banderas porque al parecer eso implicaría la “muerte” de esa histórica población cuyos comerciantes se nutren de los visitantes que reciben con motivo de algún trámite municipal.

En realidad se trata de un argumento poco sólido, porque tenemos el caso de San Juan de Abajo, uno de los poblados más apartados del municipio que tiene una gran actividad económica regional sin necesidad de usar como ancla alguna oficina gubernamental.

En el fondo todos los alcaldes se negaron a cargar con el costo político de esa mudanza, sin embargo Rafael Cervantes Padilla fue más allá y enterró de plano toda posibilidad de cambio de presidencia al endosarle al municipio la construcción de un edificio sede del poder municipal.

Para evitar que la presidencia saliera de Valle de Banderas, los ejidatarios de ese poblado donaron un terreno en las afueras de la población para que ahí se erigiera el nuevo edificio, un armatoste de tablarroca y Pánel W que terminará costando más de 700 millones de pesos a los contribuyentes bajo la modalidad de arrendamiento financiero.

Pese a las abundantes denuncias del fraude que esa obra implicaba, por el ostentoso sobre precio del costo y la deficiente calidad de los materiales utilizados, no hubo nadie en el municipio que obligara a Rafael Cervantes Padilla a dar marcha atrás, heredándole a su cuñado José Gómez un auténtico barril de pólvora con la mecha encendida.

Por desgracia José Gómez tampoco demostró mucho interés por proceder en contra de su cuñado, enfocando sus baterías en contra de los constructores del edificio, a quienes pretende obligar a rebajar el costo de la obra en 200 millones, aunque hay quienes aseguran que la obra cuando mucho tuvo un costo real de 20 millones de pesos.

El problema es que la semana pasada la gran mayoría de las dependencias que laboraban en ese polémico edificio fueron reubicadas a otros sitios del municipio debido a la decisión de la CFE de cortar el suministro de electricidad por culpa de vicios ocultos que ponían en riesgo la vida de los ocupantes del municipio.

Reparar esas fallas costará, según el alcalde José Gómez, unos dos millones de pesos, pero la experiencia servirá como argumento en el pleito legal que el ayuntamiento sostiene con los constructores del edificio.

Lamentablemente en ninguna parte se habla de la posibilidad de proceder en contra del ex alcalde Rafael Cervantes Padilla, a quien se acusa públicamente de haberse beneficiado escandalosamente con esa obra millonaria y mal hecha.

Es la historia de siempre en nuestro país, en nuestros municipios, donde los políticos se protegen unos a otros para seguir atracando el patrimonio público obligando a los contribuyentes a cargar con esas deudas millonarias.

 

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