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Vetar sin Votos, Pero sí con Medios

El acuerdo de vetar aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, tomado por los ex gobernadores panistas Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña con el actual mandatario jalisciense, Emilio González Márquez, a principios de mayo en su primera sobremesa rumbo al proceso electoral del 2012, se mantiene.

Sólo así puede entenderse el hilo conductor de tres hechos, que con el paso de los días parecieran aislados: Ventilar al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), las acusaciones a la Auditoría Superior del Estado y contra el Consejo de la Judicatura el pasado jueves.

La consecuente andanada en contra del mismo número de panistas con aspiraciones a lograr la candidatura de Acción Nacional por Guadalajara ha sido mera inercia, ya sea con hechos conocidos pero reiterados o con nuevos elementos para no dejarlos morir.

Los objetivos focalizados han sido  Rodolfo Ocampo Velásquez, Alfredo Argüelles y José María Martínez, aludidos desde la primera comida que reunió a los gobernadores del blanquiazul en donde lanzaron el mensaje de unidad con amago de veto al manifestar su interés de evitar que candidatos cuestionados busquen la candidatura a la alcaldía de Guadalajara.

El objetivo ulterior sería colocar a Alberto Cárdenas Jiménez como el aspirante a la alcaldía, designado (en práctica priísta que no tendrían empacho en aceptar a pesar de presumir sus hondas raices panistas) desde el Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul.

El último de los hechos fue en la semana el intento de inhabilitar por tres años a cuatro integrantes del Consejo de la Judicatura, Miguel Gutiérrez Barba, Gabriela de León Carrillo, Luis Enrique Villanueva y María Cristina Castillo Gutiérrez, por considerar su conducta violatoria a la norma, toda vez que aprobaron un reglamento sin la votación que la ley exige.

El golpe era directo al coordinador de los panista en el Congreso, José María Martínez, pero fue desarticulado por  cinco diputados que votaron en contra, entre ellos la priiísta Patricia Retamoza, el perredista Raúl Vargas y el verdeecologista Felipe de Jesús Hernández Sánchez, así como el panista Miguel Monraz, quien consideró que hubo inconsistencias procesales, entre otras cosas porque  no se cumplió con los 45 días que se marcan en la norma para resolver la solicitud de juicio político.

Pero a lo largo de los últimos días la andanada ha estado enfocada también a otros dos posibles (me niego a llamarles presuntos, como alguien sugería) aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, Rodolfo Ocampo, y Alfredo Argüelles, exsecretario general del congreso y quien hasta hace algunos días mantenía una alianza con el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Pelaéz.

Bastaría recordar la reunión de principios de mayo en la que los gobernadores panistas propusieron que nadie que pueda ser señalado en ninguna circunstancia de corrupción llegue a ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara, que curiosamente cuentan con la mayoría de las voluntades que pueden decidir al respecto al interior de Acción Nacional.

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