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Homoexuales Corrigen Plana a la Corte

Por Carlos OROZCO SANTILLÁN

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la cual reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho fundamental de todos los ciudadanos dentro del territorio mexicano, a partir de un amparo interpuesto por una pareja homosexual que inició su derrotero jurídico en el estado de San Luis Potosí, tan conservador como Jalisco o Guanajuato.

Esta jurisprudencia es un precedente no solo de efectos jurídicos constitucionales, sino de profundidad ética social, al fundarse en el espíritu igualitario de la Carta Magna que no es otra cosa que el conjunto de aspiraciones de su evolución desde 1824 hasta 1917 y, por supuesto, en su parteaguas de 1857. Una igualdad abstracta frente a los abismos económicos y sociales que prevalecen en nuestro país, no obstante a partir de lo cual la SCJN consideró discriminatorio el realizar matrimonios sólo a parejas formadas por hombre y mujer.

No obstante y más allá del importante paso hacia el cumplimiento de los tratados internacionales signados por México en múltiples temas pendientes como la emisión de contaminantes, la garantía a los derechos de la infancia, la erradicación de la violencia contra la mujer y otras causas progresistas multicitadas en el discurso político y oficialista referidos demagógicamente, lo cierto es que deberá trascender en el ámbito ideológico principalmente entre aquellas expresiones que han hecho un “impasse”, una tregua pragmática en lo local o francamente han abandonado su identidad doctrinaria con el único propósito de obtener votos.

 

No me refiero sólo al PRD sino a aquellos políticos que se han autodefinido como de “izquierda” cuando en la práctica parece sólo motivarles la próxima elección. Por lo que no resulta extraño que sea un Diputado del PRI en nuestro estado quien se arrogue la iniciativa de reformar el Código Civil en Jalisco para corresponder a la resolución de la SCJN. Héctor Pizano Ramos deberá preparar un debate ante el pleno para explicar por qué su fracción en anteriores legislaturas, particularmente en la LVIII (2007-2010), votó bajo los lineamientos del cardenal Sandoval Iñiguez o cuando menos así lo sugieren sus votos para “establecer” el origen de la vida en el momento de la inseminación, con la consecuente criminalización de la mujer que decide suspender su embarazo dentro de un periodo sin riesgo para su salud.

Por su parte el Diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Enrique Velázquez, felicitó irónicamente a Pizano por “sumarse a favor de las libertades” y con mesura mediática que demuestra una autocrítica disyuntiva: la próxima vez la izquierda no debe ceder en ningún tema libertario y menos aceptar leyes como la de “la Sociedad de convivencia” que debe hacerse ante Notario Público, lo que en realidad representa un retroceso además de negociarse un tema doctrinario y obtener un triunfo pírrico.

Sin embargo, lo más evidente es la disposición de la jerarquía del Poder Judicial de la República a discutir sobre pendientes de alta sensibilidad para no pocos mexicanos y como un buen preámbulo al debate que viene: el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo; la criminalización al trabajo sexual que inició el gobierno del DF (de extracción perredista); el acceso de los menores al trabajo digno; el fracaso del estado mexicano en la trata de personas; la seguridad social universal incluida una pensión digna y certidumbre laboral. Temas en los cuales la Suprema Corte seguramente se prepara, una vez mas, a corregirle la plana a nuestros Legisladores.

MTRO. CARLOS M. OROZCO SANTILLAN

ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

carlosm_orozco@hotmail.com

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