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Fiscalización ficticia

Una de las modificaciones torales en la ley electoral que ahora tenemos en práctica fue sin duda la creación de una fiscalía que pretendía mejores condiciones de equidad y transparencia, inhibir delitos electorales y para sancionar a quien hiciera mal uso de los recursos económicos o rebasara topes de gastos que establecían las autoridades.

Con esa intención se incrementaron las penas e incluso se amagó con impedir el registro a quien violara los topes de gastos de las precampañas o revocar el triunfo si se gana con una de esas malas prácticas.

De todos los temas reformados, incluidas las candidaturas independientes y la reelección de gobernantes, el de la fiscalización estaba llamado a ser el más importante.

Pero en la práctica las buenas intenciones han quedado muy lejos de la realidad. Terminaron las precampañas y no existen reportes de que alguien haya gastado de más, a pesar de que vimos cómo se inundó la ciudad de espectaculares y todavía tuvieron tiempo de dejarlos «colgados» un mes más después de terminada esta etapa.

Ese apartado de la ley nació muerto y con él la equidad. La paradoja es que a pesar de ser llamada para cuidar los dineros nació muerta porque no tiene dinero para operar. Por el contrario, ha servido para aumentar la burocracia en un mal que padece nuestro país y que se conoce como estado lateral. Es decir, en lugar de sancionar verticalmente se creció hacia los lados.

De poco ha servido la creación de leyes que no pueden llevarse a la práctica, que se quedan para el adorno y que se conocen como leyes imperfectas porque no pueden aplicarse.

Es la ley del gatopardismo, de cambiemos todo para que no cambie nada; es querer hacer las cosas sin la atingencia necesaria y a final de cuentas se cayó en el terreno de las reformas coyunturales.

Independientemente de las cartas credenciales que tiene el primer fiscal electoral, Ricardo Suro Gutiérrez (de cuyas capacidades no se duda porque tiene toda una vida en el ámbito electoral), lo cierto es que sin dinero y sin los recursos materiales necesarios nada puede hacerse.

Por una sencilla razón: se les olvidó poner en la ley quién pondría y de dónde saldrían los recursos.

Si a eso le agregamos que en Jalisco estrenamos una nueva ley que creó una fiscalía general de la que dependen fiscalías especializadas, el panorama se ha complicado Y no debe perderse de vista que el panorama a futuro y la coordinación que deberá existir con el Instituto Nacional Electoral para evitar la duplicidad de comprobantes en los gastos.

Por la cantidad de expedientes a revisar, el futuro no luce nada halagüeño, pues en labores de coordinación el Instituto Nacional Electoral tendrá la tarea de revisar 76 mil reportes de todos los candidatos del país.

El riesgo existente es que muchos candidatos rebasarán los topes y la unidad de fiscalización pueda intercambiar cartitas entre los diferentes partidos políticos. Es decir, como ocurría en Jalisco con las cuentas públicas que en lugar de sancionar terminaban por ponerse de acuerdo para no sancionar a nadie.

Ojalá no suceda, pero ese riesgo existe y está latente para poner otra letra muerta más a la ley electoral.

josemapulido@hotmail.com

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