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Emilio, a Golpe de Chequera

La administración del gobernador Emilio González Márquez está tapando con chequeras algunos  baches de su administración.

Ejemplos de ello son el subsidio a los permisionarios del transporte público y a la empresa concesionaria de la caseta de cobro en Tonalá.

Si bien es sabido que en política los problemas que se arreglan con dinero salen baratos, en ambos casos no se trata de asuntos meramente políticos sino uno de alcance social y el otro administrativo, que arrojó la incapacidad para acordar con el gobierno federal.

En ambos casos la historia se ha repetido, la solución a una petición de incremento a la tarifa de transporte público  se palió con un subsidio  de 258 millones de pesos cuando estaban en puerta las elecciones del 2009 y luego de un parto camionero que para muchos fue simulado para justificar el anuncio del gobierno estatal.

En ese entonces, en enero del 2009 en que los camioneros pedían  un aumento a siete pesos en la tarifa, el entonces secretario general de gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, hizo hincapié en que el subsidio no sería eterno.

Ahora, en vísperas de las elecciones del uno de julio, la historia es exactamente la misma: los camioneros solicitan un aumento en  la tarifa y el secretario general de gobierno, ahora Víctor González Romero, anuncia otro subsidio por setenta millones de pesos, que durará de aquí al mes de agosto. O sea, cuando hayan pasado las elecciones.

Los mismos elementos de la medida se encuentran en el subsidio a los concesionarios de la caseta de cobro en Tonalá, a la altura de Villas del Cortijo y cuya pluma fue derribada en un acto estilo vandálico en el mes de octubre del año pasado.

Entonces, vísperas de los juegos Panamericanos, se acordó un subsidio para le empresa y que los usuarios no pagaran. Apenas el mes pasado, una vez que se venció el plazo de seis meses autoimpuesto para solucionar el problema, se dieron cuenta que no se había movido absolutamente nada ni con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni con la empresa Red Carretera de Occidente o la Cámara Nacional de la Vivienda.

La solución, otro subsidio o ampliación del mismo por seis meses, que, como se esperaba, resultó sólo una aspirina para la enfermedad.

En ambos casos se trata de temas espinosos para cualquier administración y ha sido una costumbre que se resuelvan de esa manera, pero la diferencia es que en otras ocasiones la medida paliativa era eso porque las soluciones definitivas se tomaban una vez que  los riesgos políticos o electorales disminuyeran.

Pero no estos casos no resultó así, sino que siguieron por el camino fácil de tapar con dinero.

El caso del transporte tiene que ver con un capricho de la administración actual, desde sus orígenes, empeñados en retrasar a Guadalajara que ya tenía tren ligero, pero se empeñaron en regresarse a niveles de Colombia, en donde vieron que el macrobús era una solución a sus problemas de movildiad porque no tenían tren ligero.

En la pura infraestructura de esa aventura (concretamente el carril confinado), junto con los subsidios al transporte público, los costos se le elevaron al gobierno estatal a más de mil millones de pesos, con un beneficiario mayoritario , el titular de la cámara del ramo, Jorge Higareda.

Al paso del tiempo, más de alguno se da cuenta que fue una apuesta cara, tomada sin considerar a los usuarios perjudicados y que ahora, en campañas políticas han sacado el tema entre los distintos candidatos de oposición.

Pensaron que con el paso del tiempo la gente terminaría por aceptar la imposición, pero la queja recurrente sigue siendo que el transporte, ese en específico,  ahora es más caro que antes. Y como no es un tema agotado tendrán que seguir subsidiando para no lastimar más a quienes ya lastimaron.

El caso de la caseta de cobro tiene que ver con flojera o incapacidad de negociar porque a final de cuentas el problema quedará heredado para las administraciones que vienen.

Total, el dinero no es suyo.

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