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El Costo de la Estupidez

Luis Alberto ALCARAZ/www.noticiasvallarta.com

De acuerdo con declaraciones del alcalde Arturo Dávalos, el ayuntamiento de Puerto Vallarta enfrenta en estos momentos mil 500 juicios, de los cuales 527 son de carácter laboral, lo cual en el corto, mediano y largo plazo implican un gravísimo problema económico para el municipio.

Y es que en promedio cada juicio termina por costarle al erario un pago de entre 300 mil y 1.2 millones de pesos. Lo más lamentable de todo es que la gran mayoría de esos juicios terminan con un fallo en contra del municipio, por una de dos razones: el demandante fue despedido de manera injustificada o el ayuntamiento es incapaz de justificar el despido por culpa de una pésima defensa legal.

En estos momentos el ayuntamiento enfrenta la obligación de pagar 89 millones de pesos en laudos vencidos que benefician a 80 personas, cada una de las cuales se llevará en promedio un millón de pesos. Estamos ante un grave problema que se registra cada tres años cuando entra una nueva administración que procede a despedir a cientos de trabajadores para dar cabida a quienes se “ganaron” un lugar en la nómina por el trabajo realizado en la campaña.

No es un problema nuevo, se remonta a finales del siglo pasado, cuando los panistas llegaron al poder y se negaron a renunciar a sus cargos una vez concluido su gobierno.

Hagamos historia: cuando el PRI gobernaba Puerto Vallarta cada tres años entraba un nuevo equipo y el equipo saliente renunciaba sin alegar ninguna remuneración. Esto se acabó con los panistas, porque cuando se les terminó la chamba decidieron aferrarse a sus cargos alegando sus derechos laborales.

Gracias a esto la nómina del ayuntamiento se plagó de panistas que se mantuvieron en sus chambas pese a que el PAN salió del gobierno municipal. El problema comenzó con Gustavo González Villaseñor, cuya administración dio de baja a los primeros panistas despedidos, quienes de inmediato recurrieron a los abogados y consiguieron su reinstalación o una jugosa compensación.

A partir de entonces en cada relevo la situación es la misma, cientos de trabajadores son obligados a dejar sus plazas para dar cabida a nuevos funcionarios. Se trata de un problema con dos orígenes: en primer lugar está el cinismo de muchos empleados que no entienden que la política tiene fecha de caducidad, y que así como llegaron al ayuntamiento gracias a los favores de sus amigos igualmente están obligados a renunciar cuando se termina el trienio o cuando su amigo sale de la alcaldía.

Sin embargo estos cuates se han vuelto completamente cínicos y cuando termina el trienio se aferran a sus cargos alegando derechos laborales, como si hubieran ingresado a la nómina por su capacidad y no por el influyentismo.

Por desgracia las leyes laborales los benefician como si se tratara de los trabajadores más eficientes del planeta, lo cual a la larga termina por generarles su reinstalación o una millonaria indemnización. La otra cara del problema se debe a la perniciosa práctica de los nuevos gobernantes de incrustar en la nómina a quienes los ayudaron en la campaña, para lo cual deben despedir a cientos de empleados municipales en el entendido de que no les tocará a ellos enfrentar el pago de las liquidaciones millonarias, como es el caso de Arturo Dávalos, quien hoy está obligado a enfrentar las consecuencias de los despidos ordenados por El Mochilas hace tres años.

Lo peor de todo es que muchos de estos juicios podrían ser fácilmente ganados por el ayuntamiento si se contara con abogados eficientes, pero en la mayoría de los casos el municipio ni siquiera responde a los juicios lo que termina beneficiando a los trabajadores despedidos.

Para acabar con este terrible problema que cada tres años le cuesta al municipio más de 500 millones de pesos es urgente una legislación que garantice que quienes entran con cada administración obligadamente deberán retirarse al término del trienio, sin exigir nada más que lo que por ley les corresponde: vacaciones y aguinaldo. Pero en lugar de eso alegan despido injustificado y terminan generándole un grave daño el erario público.

La otra parte de la solución consiste en establecer un servicio de carrera en la administración municipal para evitar la contratación masiva de empleados supernumerarios cada tres años. Está demostrado que el ayuntamiento tiene un exceso de nómina de por lo menos el 30% debido a esa costumbre de los nuevos regidores y funcionarios de incrustar en la nómina a sus familiares y amigos.

Si Ignacio Guzmán García fuera obligado a pagar de su bolsa las millonarias indemnizaciones a los trabajadores que despidió de manera injustificada seguramente se hubiera negado a acatar las absurdas órdenes del Mochilas, pero como a final de cuentas todo se paga del presupuesto público pues les vale soberanamente madres.

 

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