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De Impunidad y Degradación Urbana

Por Carlos OROZCO SANTILLÁN

El Procurador de Desarrollo Urbano en el Estado de Jalisco, José Trinidad Padilla López, reconoció ante una comisión del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco la existencia de temas jurídicamente complejos que podría llevar al Estado a revisar ese marco ante las múltiples violaciones a las normas urbanísticas y de construcción que presenta el área metropolitana de Guadalajara.

Es el caso del polémico edificio vertical Torre Américas 1500 cuyo hotel ejecutivo y oficinas exceden en su construcción en más de 17 mil metros cuadrados y recibió por ello una sanción de apenas 10 millones de pesos, aportación ridícula comparada con el valor agregado en un edificio asentado en uno de los suelos más caros de la Ciudad (mínimo 15 mil pesos el metro cuadrado).

El procedimiento se legalizó a partir del “Reglamento de Compensación, Indemnización, o Mitigación por Acciones Urbanísticas”, aprobado por unanimidad en el cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, según refiere el analista Gabriel Torres, en su columna de Milenio el pasado 09 de mayo del presente.

 

Para el académico de la Universidad de Guadalajara Jorge Fernández Acosta, se trata de la legalización de un crimen urbano, ya que “…Una determinación de este tipo fomenta la corrupción, promueve el abuso y garantiza la impunidad” y va más allá al advertir que “La Ley, a través del Código Urbano en su artículo 133, es muy clara y contundente. Es muy sencillo, lo que procede es la demolición de los excedentes. No debe haber interpretaciones laxas ni criterios a modo de allanar el entuerto”.

El edificio en cuestión, que se encuentra en el fraccionamiento Country Club, ha sido denunciado por diversos organismos civiles como el producto de la violación a diversas normas, incluso de orden ambiental.

A preocupación expresa, en mi carácter de Presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas, el procurador Padilla López se comprometió a profundizar sobre el tema jurídico de esa polémica obra que, a final de cuentas ha sido “regularizada” con una aportación pactada entre los promotores y el Ayuntamiento de Guadalajara, la cual de ninguna manera resuelve ni mitiga el impacto al medio ambiente, a la vialidad y a los servicios urbanos de la zona, cuya onda expansiva alcanzará, inevitablemente, a las ya saturadas colonias Providencia y Mezquitán Country, principalmente.

Por otra parte, debemos aceptar que en un largo proceso de litigio se podría llegar a la condena de demolición. No obstante, considerando que existen terceros afectados como son los compradores de buena fe, las instancias de mayor nivel en el país tendrían que evaluar los costos y consecuencias que implicaría esa eventual decisión.

Eso parece explicar la predisposición de las autoridades municipales para resolver el problema de habitabilidad sin encarar un largo proceso jurídico. Sin embargo, subyace la obligación que los ciudadanos demandan ante ese tipo de hechos delictivos: dar a conocer los nombres de los funcionarios que tuvieron a su cargo la aprobación del proyecto, así como la vigilancia en su ejecución y la obligación de detener una obra que públicamente fue denunciada como ilegal. Y, de ser necesario o procedente, promover el juicio político de los funcionarios involucrados para fortalecer el inevitable juicio social, en este y en otros casos que han hecho del área Metropolitana de Guadalajara un festín de especuladores con la consecuente degradación de una ciudad y un territorio que nos pertenece a todos.

 

Mtro. Carlos Manuel Orozco Santillán

Académico de la Universidad de Guadalajara y

Presidente del Colegio de Arquitectos

y Urbanistas del Estado de Jalisco

carlosm_orozco@hotmail.com

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