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COPARMEX, al Rescate Gubernamental

Guadalajara, Jalisco. Noviembre 11.-  En política, como en muchos aspectos de la vida, el dinero juega un papel fundamental.

Los empresarios, que no tienen partido político pero sí intereses, se saben dueños de un poder real, que funciona como contrapeso o como equilibrio del poder formal, que se obtiene a través de votos en las urnas.

Con ese poder real, a los empresarios de Jalisco no les importó violar la ley con spots radiofónicos en contra de los alcaldes de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque cuando rechazaron de manera definitiva la ruta dos del macrobús por la avenida 16 de septiembre.

Como defensa, los empresarios dijeron que era con dinero propio, a pesar de que se ha documentado que las organizaciones que promovieron los spots, como Guadalajara 20-20, reciben dinero de oficinas gubernamentales como OCOIT, CEPE o FOJAL.

Recibir dinero gubernamental por la vía de cualquier apoyo, los hace aparecer como comparsas del gobierno en turno, pero lo recibirían de cualquier partido que estuviera despachando en casa Jalisco porque están en su papel de luchar por el gremio.

Pablo Lemus, presidente de COPARMEX, asegura que no sabe si se violó o no la ley con los spots

 que como acto de buena fe fueron retirados del aire, pero sabe de los resultados que doblegaron al alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, en la soberbia con que se ha manejado desde que tomó el cargo.

UN RESCATE POR ENCIMA DE LA LEY

Sabido es que juntos, el poder real y el poder formal pueden caminar juntos, el problema es el costo, porque aunque se mantenga la máxima de que en política todo problema que se arregla con dinero sale barato, en ningún caso puede (o debería) ser por encima de la ley.

Si se tiene el poder y el dinero se abre más de una puerta, por eso y en  reconocimiento a ese poder real, los diputados federales de la pasada legislatura reformaron el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales.

Desde el año 2008, el artículo 22 del COFIPE, en su numeral 2, prohibió expresamente “la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos”, como lo hicieron con los spots en contra de los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara.

 Pero el gremio empresarial sabe que los alcaldes no “comprarán” un conflicto con ellos, sobre todo cuando ven que en las diferencias entre COPARMEX y algunos diputados hacen aparecer al poder legislativo con  “nulo poder de convocatoria”, como presume el mismo Pablo Lemus.

Y es que la sanción por la difusión de propaganda “que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”, como sintieron los afectados y según el mismo COFIPE, debe ser a petición de parte, y está muy lejos de que eso ocurra.

 En la práctica, los empresarios vieron el hueco de la falta de oficio político por parte del gobierno estatal y entraron a su rescate, hasta el momento con buenos dividendos.

El único problema es que si no se les pone un alto en esta ocasión, en el próximo proceso electoral estarán incontenibles, en detrimento de los partidos políticos y sus posibles candidatos. 

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