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Congreso Denuncia al Poder Ejecutivo

Denuncia penal contra quien resulte responsable del Poder Ejecutivo, por reestructurar deuda sin aval del Congreso:

• Con excepción de los representantes panistas, los Diputados de las otras fracciones se suman al punto de acuerdo; la votación quedó con 18 a favor y 14 en contra.

• La reestructuración de deuda afectará las finanzas de futuras administraciones: Dip. Patricia Retamoza.

A iniciativa de los Diputados del PRI, en sesión de pleno, se aprobó por mayoría presentar una denuncia penal, contra quien resulte responsable, por la reestructuración, sin el aval del Poder Legislativo, de la deuda por cinco mil 500 millones de pesos, que hizo el Gobierno del Estado, y que afectará de forma importante las finanzas de las administraciones estatales siguientes.

Durante la exposición de motivos, la Diputada del PRI, Patricia Elena Retamoza subrayó que esos cambios se hicieron sin pedir autorización al Congreso, con lo que el Gobernador violó la Constitución.

Incluso, les aclaró a los Diputados del PAN, quienes votaron en contra, que no se logró ningún ahorro, ya que el costo de esa reestructura de deuda se cobrará a las siguientes administración. Ello, debido a que los panistas argumentaron que la modificación le representa un ahorro por 31 millones de pesos a las finanzas estatales, al conseguirse una tasa de interés menor

Además, mencionaron un decreto de la pasada Legislatura, que le permite hacer cambios y se escudaron con el Artículo 12 de la Ley de Deuda Pública del Estado.

“Nosotros les demostramos que esos dos argumentos no son válidos; en primer lugar, porque un decreto no está por encima de la Constitución del Estado y de la Ley de Deuda Pública; y segundo, porque ese Artículo habla de que el gobernador puede hacer movimientos o reestructurar un crédito, pero cuando éste es de una entidad de gobierno como un municipio, no a uno que el mismo Ejecutivo solicitó”.

“Vamos a presentar denuncias, por eso dimos conocimiento en el pleno del Congreso y solicitar la suma de las diferentes fracciones, ya vimos que Acción Nacional no se suma, porque también argumentan que hay ex gobernadores de otros Estados que cometieron supuestas más irregularidades, para que justifiquen la ilegalidad del gobernador del Estado”.

Cabe recordar que el pasado martes, en rueda de prensa, Retamoza Vega detalló que La Constitución del Estado, en su Artículo 35, Fracción II, donde habla de las Facultades del Congreso, establece que “es facultad del Congreso autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del ejercicio para el que fue electo el gobernador del Estado”.

Dentro del mismo Artículo, en la Fracción VI, establece que el Legislativo da base para que el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado, y aprueba los contratos respectivos.

Por otra parte, la Ley de Deuda, en su Artículo 11, dice que corresponde al Congreso del Estado: Autorizar en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del Estado, las bases, montos y condiciones de los empréstitos que el titular del Poder Ejecutivo del Estado proponga contratar y pagar, respectivamente durante el ejercicio fiscal. En este punto hay que señalar –dijo- que el Ejecutivo no informó jamás al Congreso de los planes de cambio en el monto de la deuda pública para el 2012.

“En la discusión del presupuesto trabajamos varios temas, pero no se habló por parte de ellos de modificar las condiciones de algún crédito, que por ley debe haber una iniciativa, por lo que interpretamos que no querían que el Congreso se enterara”.

“Ahora, el Ejecutivo, y vale la pena comentar que lo estamos analizando, no es que no hayamos leído 19 páginas, como por ahí se dijo, no es eso, para nosotros, el Artículo 12 de la Ley de Deuda, en su Fracción Primera, inciso D, es muy claro cuando dice que son facultades del titular del Poder Ejecutivo del Estado autorizar la reestructuración de empréstitos a sus entidades y a las de los municipios, cuando se constituya como avalista o deudor solidario de estas últimas, notificando al Congreso del Estado, con la justificación financiera que avale su decisión en un plazo de 30 días.

Texto que la Diputada del PRI aseguró que deja muy claro que habla de las entidades del Ejecutivo, pero no en sí del Ejecutivo, al que debe autorizarle el Congreso del Estado. Entonces aquí hay una interpretación mañosa y evidentemente errónea del Ejecutivo.

Además, el Artículo 13 aclara aún más que las entidades a las que se refiere la ley son las del Ejecutivo, pero no en sí el propio Ejecutivo, ya que dice en el inciso C, que las facultades de los ayuntamientos son aprobar la reestructuración de sus empréstitos y las de sus entidades notificando a la autoridad superior, con la justificación que avale la decisión en un plazo de 30 días; entonces, el Artículo 12 no faculta al Ejecutivo a que sin el aval del Congreso modifique los contratos de deuda.

Más aún, puntualizó que el propio convenio modificatorio, que fue notificado al Legislativo, hace referencia a las facultades para el Ejecutivo de firmar sin aval del Congreso el convenio, aludiendo al Artículo 17 de la Ley de Deuda, “sin embargo, también aquí hay un error evidente, porque el artículo 17 a la letra dice: La deuda que contraen las entidades públicas estatales o municipales, así como las garantías que otorgue deberá ceñirse a las autorizaciones efectuadas por el Congreso del Estado, o en su caso, del ayuntamiento, así como aplicarse, precisamente al fin establecido en la autorización señalada para tal efecto. Cualquier modificación al destino del empréstito autorizado, así como a las demás especificaciones requerirá la autorización del órgano competente”.

Adicionalmente, el Artículo 23 de la Ley de Deuda, establece en su último párrafo, que los fideicomisos del Ejecutivo estatal, que trasciendan su administración, requerirán de la autorización del Congreso del Estado. “Situación que aquí no sucede”.

 

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