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Conflicto Entre Poderes: Consejo de la Judicatura

*Por Francisco JIMENEZ REYNOSO 

Mi más sincero pésame a Roberto López González, secretario general del

 Sindicato de Trabajadores Académicos, por el sensible fallecimiento de su señora madre

Guadalajara, Jalisco. Noviembre 09.- El Consejo de la Judicatura Federal fue creado para desconcentrar funciones administrativas  que tenía en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma Constitucional del año 1994, con el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se reestructuro el Poder Judicial.

El motivo central fue que la Suprema Corte cargaba con un amplio esquema administrativo de peso, que distraía su función esencial que es la administración de justicia en nuestro país.

En base al artículo 116 constitucional, hay una adecuación en los estados, dándose la creación en Jalisco de lo que en su momento se le denominó: Consejo General del Poder Judicial (hoy, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial).

Sus tareas básicamente son las siguientes: vigilar las labores que desempeña el personal del Poder Judicial, crear los mecanismos adecuados de ascensos en el personal, también lo relativo a la designación de Jueces y la suspensión de labores de los mismos, así como sancionar al personal del Poder Judicial que actúe en perjuicio del gobernado. Sólo por mencionar algunas de las facultades que le señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Jalisco en sus artículos 136 y 148.

CONFLICTO ENTRE PODERES

El gobernador Emilio González Márquez  ha propuesto ante el Congreso del estado eliminar al Consejo de la Judicatura de Jalisco.

En la propuesta, el Poder Ejecutivo expone que los consejeros percibirán su indemnización en la cantidad equivalente a que si hubiesen trabajado hasta el término del periodo para el que fueron contratados (2011 ó 2012).

Eso implica un pago  extraordinario por adelantado, del que jamás trabajarán, en perjuicio del erario público del que finalmente contribuimos todos, a través de nuestros impuestos.

En el documento que envía el ejecutivo al legislativo, se señala que el órgano en cuestión no cumple con sus obligaciones… Por ello pretende reformar, derogar y adicionar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Expone una serie de fallas  y deficiencias por las que considera debe desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado.

En relación a la elección de Magistrados son dos las teorías que se han ventilado:

1.- Que regrese la facultad al Poder Ejecutivo  para presentar la terna al Congreso del Estado, lo cual resultaría un franco retroceso, en razón de que se daría un paso hacia atrás en la democracia contemporánea de nuestro estado. Esto es, antes de 1997 este era el procedimiento de elección de magistrados y que en esa época el discurso fue restarle poder al ejecutivo, postura que finalmente prosperó.

2.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su pleno,  previa convocatoria publicada por parte del Congreso del Estado, someterá  a consideración  del mismo, una lista de candidatos que contenga cuando menos el doble del número de magistrados a elegir.

Lo anterior, fortalece la autonomía del Poder Judicial, sin embargo, es preciso señalar que resulta mínima la lista propuesta  que presente el Poder Judicial al Congreso  y no se toma en cuenta la opinión  y/o propuestas de las Ong’s Organismos No Gubernamentales, barras y colegios de abogados, Universidades, entre otras instancias sociales, que pudieran participar o proponer en este importante proceso de selección de magistrados.

Por lo anterior, estimo pertinente externar las siguientes propuestas:

1.- Revisar las facultades que tiene cada poder, con la finalidad de evitar la invasión entre los mismos.

2.- En lugar de desaparecer de un plumazo al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como se pretende, porque no se aplica el procedimiento previsto en la Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 97, que versa sobre el juicio político y se contempla a los mismos consejeros que integran el Consejo, en caso de incurrir en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, derivando con ello una responsabilidad para los Consejeros.

3.- La misma Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco,  en su artículo 196, establece las responsabilidades y conflictos laborales, en las que encuadra perfectamente las acusaciones que hace el poder Ejecutivo en contra de los Consejeros.

 Lo anterior, con la finalidad de apegarse al marco jurídico, evitando caer en tentaciones particulares o de grupo, intentando controlar un poder constitucionalmente autónomo.

No hacer lo anterior implica riesgos: los consejeros podrán plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con posibilidades de éxito. Así como también ejercitar los amparos correspondientes. Seguramente sería un proceso largo, tedioso y como lo hemos visto en no pocas ocasiones, se reinstala a los destituidos y con el pago de sus correspondientes sueldos caídos.

5.- Por ello el procedimiento debe ser apegado a la norma, por parte de los actores que en este caso serían el poder ejecutivo y el poder legislativo en un asunto del poder judicial.

Con ello se evitan riesgos futuros que redundan en perjuicio de la administración de justicia de los ciudadanos, así como el despilfarro innecesario de recursos cuya fuente es el pueblo mismo.

6.- Diseñar un mecanismo equilibrado, por parte del Congreso del estado, para la elección de magistrados, sin que resulte beneficiado un poder en particular. Eligiendo a los mejores perfiles para ocupar tan relevantes cargos.

7.- Resulta importante cuidar la elección del presidente del nuevo Instituto de Justicia Alternativa, ya que resulta un botín político atractivo para políticos que quedaran desempleados, en un espacio en el que se necesita, obligatoriamente, personal altamente calificado.

8.- Finalmente, es menester des-partidizar al poder judicial, que sin duda alguna, la contaminación de la política, en la administración de la justicia, trae como consecuencia la pérdida de autonomía de este importante poder.

*Maestro en derecho Constitucional. U de G

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