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Colomos y el Derecho a la Ciudad

Por Carlos OROZCO

Que el Ejecutivo del Estado y el Presidente Municipal de Guadalajara coincidan en la imperiosa necesidad de contener las agresiones a uno de los bosques más importantes del área metropolitana de Guadalajara, como lo es el de Los Colomos, siempre será una buena noticia.

Sin embargo, sería mejor aún si gobiernos de los tres niveles también se sumaran a defender, restaurar o disminuir las amenazas que subyacen desde hace décadas sobre otros importantísimos recursos naturales como el Lago de Chapala, la Cuenca de Cajititlán, la Barranca de Huentitán, el Bosque de la Primavera y muchas áreas verdes que, aún bajo la insolente depredación, sobreviven a fuerza de la defensa ciudadana.

El caso del Bajío y las Villas Panamericanas, los incendios al Nixticuil, la aprobación de Puerta Guadalajara o Iconia, la deforestación en El Pabellón y otros casos de omisión deberían ser transparentados para llegar a creer, que en la historia y el progreso civilizatorio, no puede existir el “borrón y cuenta nueva”.

El mismo Enrique Alfaro, hoy Presidente Municipal, exdiputado, edil de Tlajomulco y constructor, conoce muy bien a los exfuncionarios que, en colusión con los grandes desarrolladores, han medrado durante décadas a través de la especulación inmobiliaria y dominan las maniobras jurídico-políticas para convertir áreas naturales, agrícolas o de potencial urbanístico en negocios de alta plusvalía que han asegurado el futuro económico de sus descendientes. Los apellidos de estas familias cobran voz a través de representantes de inversionistas inmobiliarios que sienten afectados el futuro de sus hábitos de éxito y utilizan la bizarra judicialización del desarrollo urbano.

En correo publicado en Mural el pasado 10 de Enero, un supuesto ciudadano bajo el pseudónimo de “litigante” escribió al respecto de Los Colomos: “yo no sabía que con firmas se cambiara una sentencia, si es un nuevo recurso jurídico, pasen el nombre del código para usarlo.” La intención de hacer ver como justa la intervención de los tribunales por encima del interés colectivo y ciudadano, demuestra la ignorancia que se puede generar a través de los medios y del poder judicial al hacer creer que la legalidad es sinónimo de justicia.

En ese contexto, el debate advertido en acerca del código urbano y otros temas de la agenda legislativa, así lo demuestran no obstante de la degradación retórica por parte de quienes deberían tener un discurso y una visión de estado. Por ejemplo, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Mgdo. Luis Carlos Vega Pamanes se ha referido a declaraciones del Fiscal General Eduardo Almaguer y de algunos Diputados con sarcasmo e irónicas sugerencias de ignorancia por parte de quienes son miembros de primer nivel de otros poderes que merecen alusiones críticas, pero respetuosas y sustentadas.

Ello podría explicar por qué los dos magistrados del Tribunal Administrativo que concentran la mayor parte de las maniobras jurídicas para aprobar “legalmente” cambios de uso del suelo y edificaciones a las que se opone la opinión pública y muchos ciudadanos, con la mayor prepotencia han soslayado la opinión de expertos, no en negocios inmobiliarios, arquitectura o medio ambiente, sino de aquella cuestión que nos deberá convocar en breve, a sociedad y gobierno: el derecho a la ciudad.

Mtro. CARLOS M. OROZCO SANTILLAN

ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Carlosm_orozco@hotmail.com

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