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Buscarán Destitución de Consejeros Electorales

Inició el mes que será determinante para el futuro financiero y estructural del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: la salida de entre 20 y 25 por ciento de sus trabajadores que representará un gasto de por lo menos 20 millones de pesos para cumplir con las demandas laborales, así como quejas ante el INE para la destitución de algunos consejeros electorales.

Por lo pronto, llegaron los primeros recursos provenientes del Poder Ejecutivo, que sirvieron para liquidar adeudos a parte del personal eventual pero siguen pendientes de pago algunas prestaciones para los trabajadores de base.

El Instituto está obligado a la reestructuración.

LOS DESPIDOS

Según lo declarado en los últimos días por el Consejero Presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross, a más tardar en la primera quincena de febrero se deberá definir la reestructura organizacional del organismo, en el cual se podría prescindir de hasta un 20 o 25% de sus empleados, además de continuar pendiente la ratificación del cuerpo directivo o en su caso la designación nuevos directores y Secretario Ejecutivo, cuestiones que invariablemente generarán la presentación de demandas laborales de los afectados que serán separados de sus cargos.

 

Las fuentes consultadas hablan de que se buscará hacer eco en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde denunciarán a algunos Consejeros Electorales locales para que, de ser procedente, se les destituya de sus cargos por acciones y omisiones cometidas en estos temas.

La situación financiera del instituto se encuentra en vías de solución, merced a la anunciada reingeniería, en la cual se reducirá el número de empleados que laboran de manera permanente y de la que se asegura en primera instancia alcanzará a entre 25 y 35 trabajadores que podrían dejar la institución.

Además de los despidos, se contempla una reducción en los sueldos que perciben los servidores públicos de este organismo.

Aunque hasta el momento no se ha informado por los directivos de la institución en qué porcentaje o cantidad se realizaría, los Consejeros Electorales tienen un pendiente que resolver en este mismo mes, al no haber agotado el procedimiento para ratificar o designar a los 13 directores y al Secretario Ejecutivo, en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral en el que les concedió un plazo de 60 días a todos los OPLES del país para que realizaran este procedimiento.

La crisis financiera por la que atraviesa el organismo encargado de organizar las elecciones, tiene su origen en diversas tareas que a raíz de la reforma político electoral, promulgada en el año 2014, se modificó el sistema electoral del país y la distribución de competencias.

En el caso de los organismos públicos locales electorales (OPLES), se les quitaron atribuciones y tareas que antes desempeñaban tanto en procesos electorales como en años donde no se organizan elecciones, tales como la fiscalización a los recursos de los partidos políticos, la capacitación electoral, así como la realización de trabajos para la determinación de los limites territoriales de los distritos y secciones electorales, las cuales ahora son atribuciones que competen al Instituto Nacional Electoral de manera exclusiva.

Demandas a la vista

Las medidas de austeridad anunciadas por los funcionarios electorales y la posibilidad de que los Consejeros Electorales no se pongan de acuerdo para lograr la votación requerida para ratificar al cuerpo directivo del IEPC Jalisco, generarán diversas demandas laborales por parte de los empleados y directivos que eventualmente quedarían despedidos de sus puestos y de quienes consideren que sus derechos han sido afectados, por las determinaciones en nombre de la austeridad.

Sin embargo, las demandas y denuncias según ha trascendido, no sólo podrían ser contra el instituto electoral local por parte de los afectados, sino que la falta de ratificación del cuerpo directivo también podría ser llevada a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, ante quienes se denunciaría a los consejeros locales que no han votado a favor de la permanencia de los actuales directores del organismo electoral local.

Los argumentos y señalamientos en contra de estos funcionarios para solicitar la destitución de su cargo, se centrarían en las acciones y omisiones que han cometido y que han afectado al organismo electoral por violaciones a los principios rectores de la función electoral, entre ellos las peticiones de personal adicional con cargo al erario público para votar en favor de los acuerdos propuestos, tal y como lo dieron a conocer las consejeras electorales Sayani Mozka y Beatriz Rangel Juárez, en una de las sesiones del Consejo General llevada a cabo el pasado mes de enero.

En esa sesión, Sayani Mozka y Beatriz Rangel Juárez señalaron a sus homólogas Érika Cecilia Ruvalcaba, Virginia Gutiérrez Villalvazo y al consejero José Reynoso Núñez de haber solicitado las referidas canonjías a cambio de su voto, además de argumentar supuestos impedimentos legales y reglamentarios inexistentes.

En los últimos días del mes de enero, los trece directores y el Secretario Ejecutivo presentaron a la opinión pública una carta en diversos medios electrónicos y redes sociales en la que establecieron su postura resaltando, entre otras cosas, que «Es preocupante que hoy se promueva una fractura interna para sacar ventaja con el despido injustificado de 13 directores y el secretario ejecutivo. Postura que violenta los derechos laborales de personas que contamos hasta con 15 años de antigüedad en el servicio electoral, sin expresar un motivo objetivo y fundado que se desprenda de una desinteresada evaluación a nuestro desempeño».

En dicha carta, los afectados igualmente refirieron que les preocupa que, en menoscabo de su experiencia y profesionalismo se intente establecer un método de cuotas, mismo que ya ha sido propuesto fuera de sesiones públicas y que plantea repartir las direcciones vacantes con el objeto de que éstas sean ocupadas por personas afines a un partido político; lo que violentaría además los principios rectores y constitucionales que rigen a este organismo público local electoral: Independencia, Legalidad, Imparcialidad, Objetividad, Certeza y Máxima Publicidad.

En esa dinámica, en el mes de febrero se podría determinar la suerte del Instituto Electoral del Estado para los próximos años, así como su integración y estructura de cara al proceso electoral del año 2018, en el que se elegirá al próximo Gobernador del Estado.

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