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Assange, ¿Detenido Arbitrariamente?

Por Juan Alberto SALINAS

En una polémica recomendación no vinculante, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA), dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y bajo el control del Alto Comisionado de Derechos Humanos, determinó que la detención de Julian Assange es arbitraria y, por tal motivo, deben garantizarle la libertad de tránsito y compensación.

El GTDA fue creado por la extinta Comisión de Derechos Humanos en 1991 —reemplazada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos— con el objeto de investigar casos de detenciones arbitrarias o que por cualquier circunstancia contravengan al derecho internacional. Para lograr este objetivo, puede libremente solicitar y recibir información de los gobiernos y emitir recomendaciones no vinculantes. Este es el único órgano de Naciones Unidas que no fue creado por un tratado y recibe denuncias de individuos.

Entre los casos emblemáticos que ha abordado se encuentran la defensa de actores de la oposición en Myanmar; la detención de Jason Rezaian, reportero del Washington Post, detenido en Irán por casi dos años; diversos casos durante el mandato de Mohamed Morsi en Egipto y, ahora, el caso de Julian Assange.

Julian Assange es un periodista nacido en Australia, mejor conocido como fundador del sitio web wikileaks. Su portal fue innovador al crear un algoritmo que permitía la recepción de documentos sin requerir la identificación de la fuente; es decir, otorgaba secrecía a quien filtraba información. El sitio web se dio a conocer gracias a que en 2010, Bradley Manning (hoy conocido como Chelsea Elizabeth Manning después de su cambio de identidad), soldado y analista de inteligencia estadounidense, le filtró un cuarto de millón de cables diplomáticos que contenían información sensible a la seguridad nacional de su país e información detallada sobre operaciones militares en Afganistán e Irak. Por tal motivo, Manning fue sentenciado por un tribunal militar en 2013. Hasta el momento se desconoce si existe una investigación por conspiración en contra de Assange por la publicación de los cables filtrados.

En el 2010, casi al mismo tiempo de la publicación de documentos, fue denunciado en Suecia por dos mujeres quienes señalan las acosó e intentó violarlas. Como consecuencia, la fiscalía de dicho país abrió una investigación preliminar —lo que nosotros denominamos averiguación previa— y emitió una Orden de Arresto Europea (es un mecanismo de cooperación judicial de la Unión Europea para la integración de investigaciones). En diciembre de 2010 fue detenido por Reino Unido y colocado en una prisión en Londres, presuntamente en aislamiento por diez días. Al pasar este breve periodo, le permitieron irse a una casa bajo la modalidad de arresto domiciliario por 550 días. En febrero de 2011, tribunales de Reino Unido determinaron que debería ser remitido a Suecia en apego a la orden de arresto, instrucción que apeló Assange pero fue sostenida la Suprema Corte el 30 de mayo del 2012. En junio de 2012 se trasladó a la embajada de Ecuador en Reino Unido y solicitó asilo diplomático, mismo que se le otorgó en agosto del 2012. Desde entonces, la embajada ha sido su refugio.

Conforme a los hechos, el reporte del GTDA afirma que existió una detención arbitraria acorde a los siguientes puntos. Primero, se violentó el principio de proporcionalidad al no determinar si la urgencia y delicadeza del objetivo permite las medidas adoptadas; es decir, la detención prejudicial. Segundo, la detención no siguió el debido proceso al no haber tenido derecho a una defensa y contar con cinco años sin certeza sobre su investigación. Tercero, Reino Unido y Suecia deben reconocer su derecho al asilo y no remisión a Estados Unidos y, además, que constituye una forma de arresto domiciliario.

Ante esto, surge la necesidad de plantear algunos cuestionamientos. El primero es sobre la premisa del planteamiento: su detención y remisión a Suecia conlleva que sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por publicar los documentos robados por Chelsea Manning. Sin embargo, la orden de arresto se da por dos denuncias de acoso y violación. Una vez detenido, se le permitió mantenerse bajo la modalidad de arresto domiciliario, situación que per se no configuraría una violación de derechos humanos.

El segundo es sobre su defensa. El gobierno de Suecia argumentó que aún no se le pueden brindar las garantías de un detenido toda vez que no se integra la averiguación e inicia el proceso; es decir, se encuentra en el limbo de la detención prejudicial hasta que no se le permita a la fiscalía sueca concluir la investigación. ¿Cuánto tiempo puede transitar? No se sabe.

El tercero es quizá el más interesante de los cuestionamientos: su estatus como asilado. Acorde al reporte, Suecia y Reino Unido deben de reconocer el derecho que tiene al asilo. Éste es un mecanismo de protección que se le otorga a los individuos que son perseguidos por delitos políticos —no del fuero común—, mismos que son calificados por el Estado que otorga tal condición. El mecanismo de protección puede ser territorial que es ampliamente reconocido como costumbre internacional y, para algunos Estados, el asilo diplomático que es otorgado en navíos o misiones diplomáticas. Por tal motivo, este punto tiene dos vertientes: por un lado, ¿Reino Unido y Suecia reconocen el derecho al asilo diplomático? No, para ellos es un área gris que involucra la inviolabilidad de las misiones; es decir, no pueden ingresar por Assange a menos que el Jefe de Misión les autorice; por otro lado, ¿el acoso y la violación pueden ser considerados delitos políticos? Difícilmente, pero es costumbre que el Estado que otorga la condición de asilado califica los delitos y, en este caso, Ecuador consideró que los criterios de la detención son políticos ya que existe el temor fundado de una «persecución cruel, inhumana y trato degradante por parte de Estados Unidos» al solicitar la extradición.

Al ser una recomendación, Reino Unido no tiene obligación de acatar la instrucción de liberarlo y compensarlo; sin embargo, sí es una etapa más en una saga que estira límites del derecho internacional en materia de asilo político y las detenciones arbitrarías. En estricto sentido, es un exceso aceptar la premisa del reporte y, de ser cierto el temor fundado de extradición a Estados Unidos, aún pendería el juicio que defina si sus actos son considerados un delito o recaen dentro de la primera enmienda que tutela la libertad de expresión.

jasalinasm@gmail.com

@salinasja

 

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