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Apodaca, Otro Síntoma

Por Octavio GASPAR

Padecemos un sistema de impartición de justicia inoperante en todas y cada una de sus etapas.

 La recepción de denuncias está en manos de MERITORIOS (ministerios públicos que trabajan sin sueldo durante años a fin de ganarse algún día la plaza en ese puesto).

De manera que, de entrada, la integración de un caso (y con ello la probabilidad de un fallo favorable) dependen de lo generoso de las GRATIFICACIONES que el demandante, o compareciente en su caso, dispensen al tal funcionario NECESITADO de billetes. Dios nos agarre confesados si a la hora de un problema judicial andamos bajos de fondos… 

La policía investigadora, supuestamente encargada de aportar pruebas de cargo o de descargo, trabaja al revés: NO investiga para aprehender, sino aprehende para investigar.

Y cuando captura a un presunto culpable recurre a la tortura psicológica y física para obtener las confesiones que necesita, con la entusiasta colaboración de las MADRINAS (el equivalente policíaco de los meritorios) y la ceguera negligente de Derechos Humanos. No buscan esclarecer los hechos, sino cerrar el caso lo más pronto posible, pues un sistema de malos sueldos no admite la acumulación de casos. La escasez de equipo y materiales adecuados eleva exponencialmente el costo de un análisis científico de las evidencias, por lo que los casos se deciden principalmente mediante pruebas TESTIMONIALES y CIRCUNSTANCIALES.

Ni siquiera en las películas de los hermanos Almada se resuelven los casos criminales con base en evidencias de laboratorios forenses. Mucho menos en la vida real. Ese tipo de pruebas están a años luz fuera de nuestro alcance. El Señor se apiade de nosotros si un judicial nos echa el ojo cuando anda en busca de algún chivo expiatorio… 

Si usted llama a la policía dígales que “han matado a alguien y han huido” o que “acaban de asaltar” en un lugar, y acudirán inmediatamente. Dígales, en cambio, que “están disparando a alguien” o que en esos momentos “los atracadores están aún en el sitio” y los agentes tardarán horas en llegar. 

 Los efectivos de vigilancia tienen bajos sueldos, numerosa prole, y tienen que pagar a seis pesos el cartucho que disparen una vez terminada su dotación.

Es altamente probable que opten por evadir de alguna manera las confrontaciones, para salvar su integridad física.

Preferirán, muy comprensiblemente, el papel de proveedores de familia que el de héroes. Comparados con otros países, los elementos tanto de la policía como del ejército cuentan con muy poca capacitación para “proteger y servir”.

Aprenden medianamente a disparar, a acorralar y a someter físicamente a sus oponentes; pero DESCONOCEN TOTALMENTE las técnicas para negociar en situaciones delicadas, para calmar a una persona alterada, o para identificar y prevenir situaciones violentas. Una ley de psicología social vigente en México: a menor nivel de aptitud, mayor grado de abuso y prepotencia. 

En este país los jueces no dictan sentencia; la ratifican. Revisan los casos, en promedio, SIETE AÑOS DESPUÉS de dado un veredicto.  Si reafirman sentencia condenatoria, es conforme al apego a procedimientos, en tiempo y forma, en la presentación de documentos; más que conforme a la CALIDAD de las pruebas.

Si no confirman la sentencia, el estado estuvo gastando dinero en la manutención de un individuo que NO debería haber estado dentro de una institución penal, y el afectado perdió tiempo, honorabilidad, patrimonio, y hasta su familia.

Sale libre sin resarcimiento alguno, inadaptado al medio y con un estigma. El estado no se encarga de resolver NINGUNO de los problemas que ÉL MISMO le creó. 

El error alfa: un ciudadano que es inocente y sin embargo está preso.

El error beta: un delincuente que debería estar preso y sale libre.

Ambos errores surgen abundan en cuanto se comienza un análisis objetivo de expedientes en un archivo judicial de cualquier parte de la república. El nombre de “Centros de Readaptación” es una cáustica, dolorosa quimera en nuestro país.

Durante la dictadura priísta fueron en realidad Universidades del Crimen de donde numerosos internos, principalmente jóvenes, egresaban con altos honores.

Gracias al “gobierno del cambio” son también ahora Centros de Operaciones de Lujo desde donde los capos cierran jugosos negocios y dirigen extensas operaciones de extorsión y de secuestro. Vicente Fox inauguró la era en que la inseguridad llegó también a las cárceles. El Chapo Guzmán salió como Pedro por su casa de del “penal de alta seguridad” de Puente Grande Jalisco un 19 de enero de 2001.

Y no ha sido Felipe Calderón quien nos ofrezca garantía de su recaptura, sino la señora Janet Napolitano.

 Las fuerzas armadas del narcotráfico han repetido desde entonces la hazaña de distintas formas y en diferentes centros penitenciarios del país. 

El caso más reciente: el de Apodaca, donde asesinaron a  44 reos y se fugaron 30.

Hay dieciocho custodios involucrados en los lamentables sucesos. Por lo menos la mitad de ellos han reconocido que permitieron el paso de los reos rijosos del edificio C al edificio Delta para que iniciaran la masacre. 

La falta de organización dentro del penal de Apodaca generó  también dificultades para identificar a la totalidad de los reos muertos y para que se entregaran los cuerpos a sus deudos.

Provocó también revueltas y manifestaciones airadas afuera de las instalaciones por parte de los familiares de los reos sobrevivientes debido a que se les negó información acerca de quiénes serán trasladados y quiénes permanecerían en el penal después de los sangrientos hechos. 

Quedó de manifiesto que Felipe Calderón y Rodrigo Medina Cruz ignoraron las advertencias, con lista de nombres y apodos, que los celadores lanzaron respecto a que se estaba gestando una fuga masiva en ese lugar. 

Salió a la luz púbica la evidente negligencia (¿o expresa intención?) de un estado que nombró como director del penal a Gerónimo Miguel Andrés Martínez, destituido del mismo cargo en el penal de Santa Martha del Distrito Federal en julio de 2009, por cargos de corrupción y complicidad con la Banda de la Flor que operaba el secuestrador Giovanni Bautista Rodriguez desde dentro de dicho centro penitenciario.

 Se comprobó plenamente también que el gobierno de Nuevo León tenía desde 2010 recursos federales asignados para el sistema penitenciario estatal y durante DOS AÑOS no gastó un solo peso en tal sistema, aún cuando su población estuvo creciendo MÁS de un 60%.

 Cuando las cárceles son incapaces de retener dentro a los delincuentes peligrosos, el último vestigio de seguridad termina para el ciudadano común. El ciclo del caos se cierra con la consecuente severa crisis de confianza en las instituciones. 

Con esta estructura judicial, querido lector, ¿usted se atrevería a iniciar una lucha frontal, represiva, contra el crimen organizado? 

A la luz de los recientes hechos acontecidos en Apodaca ¿tendría usted estómago para saturar los espacios publicitarios con spots que hablan de “logros” en materia de “seguridad”?

Solamente alguien que sea cínico a un grado sociopático, o que esté alejado de la realidad a un extremo casi psicótico… 

Aclaro: hay una franca diferencia entre “ofender” y DES-CRI-BIR.  

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