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Alfaro, La Covacha y la Soberbia Desde Campaña

Ante la exoneración que hizo el contralor de Guadalajara de Carlos Delgado Padilla, El Weren, de un conflicto de interes al asignar 20 millones de pesos de manera directa a una empresa de nombre Eu Zen y La Covacha para las que trabajó y, para muchos, todavía trabaja, existen varios puntos que se han pasado por alto.

Primero, una subordinación del contralor, Ignacio Lapuente Rodarte, un funcionario del PMC que ni siquiera cumplió con su cacaraqueada ley 3 de 3, que hace comparar el caso a la compra de la Casa Blanca, donde el presidente de la República pone a un funcionario menor, de nombre Virgilio Andrade, para que diga que su esposa no tiene nada que ver.

Los elementos y la salida es tan parecida que hace pensar en el mismo asesor para resolución de conflictos y el regidor de oposición Alfonso Petersen amaga con interponer un recursos de revisión que, lamentablemente, corre el riesgo de irse por donde se fue la petición para sancionar, por el caño, porque la autoridad municipal está los suficientemente lejana de la sociedad como para pensar que ese tipo de irregularidades le puede hacer daño.

De entrada, contrario a lo que prometió el alcalde Enrique Alfaro cuando andaba en campaña, queda en evidencia que no reunió ninguno de los puntos que él mismo señaló.

Así lo recuerda el regidor Alfonso Petersen, del Partido Acción Nacional.

“El contralor del municipio de Guadalajara, me comprometo públicamente, a que surgirá de una terna que nos pueda presentar las cámaras empresariales y las universidades de esta Ciudad; vamos a hacer que el contralor del Municipio no sea puesto por el Presidente Municipal, si no que sea una verdadera gente que pueda hacer la tarea interna de contraloría del Municipio, en lo que es básicamente una lógica de una contraloría social, pero con facultades legales para actuar como contralor del municipio” .

Posteriormente en una entrevista publicada en el periódico Milenio, el día 09 de junio de 2015, el ya electo Presidente Municipal dejó en claro que su Compromiso era tomar como una medida principal que la “Contraloría sería una Contraloría real. Aunado a ello, sabemos que ha sido uno de los principales ejes que han manejado: “el combate a la corrupción”.

Lamento mucho que en tan poco tiempo, dice Petersen, quede evidenciada la parcialidad de sus decisiones y que el llamarle a la contraloría “ciudadana” es un mero un discurso.

Me parece una falta de respeto a los tapatíos, que ante un asunto donde existen evidencias claras de una irregularidad, de un conflicto de intereses, con la evidencia documental y una confesión expresa del servidor público denunciado, a través de su declaración 3 de 3, se atrevan a hacer una interpretación simplista de un artículo, en una investigación salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones del denunciado principios que están cargados de un alto valor moral.

Debo manifestar que esta resolución cae en el “cinismo” y hecha abajo cualquier discurso de que no recibe línea de nadie Contralor, para lo cual me permito recordar lo siguiente:

Carlos Delgado, tuvo un vinculo profesional con Eu Zen Consultores, S.C., así como para La Covacha Gabinete de Comunicación, SA de CV, hasta el 30 de septiembre de 2015, en donde tuvo ingresos por casi 1.9 millones de pesos aproximadamente 138 mil pesos mensuales .

1. Carlos Delgado, ingresó a laborar al Ayuntamiento como director de Comunicación en octubre de 2015, en donde tiene un salario mensual de 41 mil pesos, es decir, menos de una tercera parte de lo que ganaba anteriormente.

2. A las pocas semanas de haber iniciado la administración el servidor publico ya había solicitado, vía requisición, la contratación de estas empresas, lo cual se llevo a cabo. (lo dice el PRI y no se niega en informe)

3. A 6 meses de haber dejado de ser consultor de estas empresas, realiza solicitud y recomendación que hace para contratar a las empresas de donde era consultor Carlos Delgado, además la hace tratando de “justificar” una adjudicación directa, sin que se acredite la urgencia o que se trate de proveedor único .

4. Es importante resaltar que el denunciado, además de no haberse excusado, RECOMENDÓ SE HICIERA UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA para estas empresas.

5. En el informe que rinde Carlos Delgado, manifiesta que NO INFLUYE en las decisiones de la Comisión, sin embargo, es precisamente su recomendación que vía oficio envió, la que sirvió de “justificación” para que la Comisión hiciera la adjudicación; luego entonces SI INCIDIÓ EN LA DECISIÓN, como área responsable de hacer la solicitud y/o requisición.

6. La Contraloría y el denunciado argumentan que la interpretación del supuesto que prevé la obligación de excusarse, por lo que la irregularidad sólo se configuraría en caso de que la relación profesional existiera en el momento en que hace la solicitud, y la circunstancia de que “hayan formado parte” solo aplica para el caso de sociedades.

A propósito, los considerandos en la resolución y los argumentos del informe son prácticamente los mismos, es decir, que se evidencia que existe una “comunicación estrecha” entre el denunciado y la Contraloría.

7. Constantemente en la resolución se maneja el principio de presunción de inocencia, que en la Ley en los que se esta de acuerdo por ser aplicable al caso, sin embargo, ese mismo principio debe aplicarse en cualquier caso, a propósito de los señalamientos realizados a servidores públicos de la administración pasada, lo que pone en duda la imparcialidad en las resoluciones de este órgano de control disciplinario.

8. Queda claro que la Contraloría esta actuando en cumplimiento al interés del Presidente Municipal (en subordinación), que desde que se hizo publico esta situación salió a defender a toda costa al denunciado y a las empresas.

9. La resolución contiene una serie de imprecisiones que deberán analizarse a fondo, como por ejemplo que se dice que hubo pruebas testimoniales, sin que se especifique de quienes fueron, por lo que se sugiere preguntar Cuáles son? (pag. 33 y 39)

10. También se afirma que Carlos presto a las empresas sus servicios NO profesionales, ignorando que tipo de servicios son esos.

11. Así las cosas, encontramos criterios jurisprudenciales, que son contrarios a lo que afirma la Contraloría, además existe un Código de Conducta para la Prevención de Conflicto de Intereses que se encuentra en la pagina de la Secretaria de la Función Pública, que si bien no es de aplicación obligatoria, si tiene puede servirle como guía al Contralor, para que pueda entender que adminiculando todos los elementos es evidente que SI EXISTE IRREGULARIDAD en el actuar de Carlos Delgado.

12. Por todo lo anterior, dijo Alfonso Petersen, le anuncio ante esta equivocada decisión valorare presentar un Recurso de Revisión conforme lo establece el artículo 86 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Lamentablemente, su recurso de revisión corre el riesgo de irse por donde se fue la petición para sancionar, por el caño. La autoridad municipal está los suficientemente lejana de la sociedad como para pensar que ese tipo de irregularidades.

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